3.5 Conclusiones
Los antecedentes discutidos en este Capítulo ponen de relieve el serio problema financiero que enfrenta el sistema universitario chileno, especialmente la Universidad de Chile. Hay un significativo déficit cuantitativo, además de un desconocimiento de los compromisos que el propio Estado adoptara junto con la puesta en marcha del actual esquema de organización del sistema universitario. Más grave aún, prevalece el criterio de asignación basado en normativas creadas en la década pasada, que no toman en cuenta la distinta misión, grado de especialización y complejidad de las instituciones universitarias. Se hace fundamental el que la Universidad de Chile establezca una propuesta a este respecto, especialmente en relación a los criterios de ajuste presupuestario, a la mayor asignación para ayuda a estudiantes, al cambio en el sistema de administración del crédito universitario, al financiamiento de la inversión en entidades públicas y al establecimiento de criterios específicos en relación a las universidades privadas subsidiadas. Es cierto que se han hecho presente estos problemas en más de una oportunidad a la respectiva autoridad. Ha llegado el momento de hacerlo en forma rotunda con el respaldo de la comunidad universitaria toda, y en el contexto de un proyecto universitario que defina misiones y contextos de relevancia para establecer guías efectivas de financiamiento.
En el plano interno, la Universidad de Chile necesita superar los problemas existentes en cuanto a insuficiente inversión y bajas remuneraciones, especialmente de su estamento académico, ya que ambos contribuyen a un profundo y sostenido deterioro y a un gran desaliento de su comunidad, como también a una caída en la calidad de la docencia y la investigación. Es preciso estudiar las fórmulas que reorganicen la relación entre servicios centrales y unidades académicas, posibilitando la liberación de recursos y permitiendo consolidar una mayor independencia para la gestión financiera y administrativa de dichas unidades. Se debe revisar el sistema de reparto de los recursos estatales asignados en forma directa (AFD), dejando en las Facultades la totalidad de aquellos vinculados a la docencia, a la vez que se estudie la forma de redistribuir recursos en base a los programas docentes que sea pertinente. Este esfuerzo requiere de dos elementos importantes. Primero, se debe decidir cuales son los énfasis que la Corporación desea concretar en términos de áreas del conocimiento y de programas específicos, a objeto de contar con un criterio de asignación de los recursos estatales directos, y que tome en cuenta la relevancia en investigación que tales recursos debe alentar. Segundo, es importante concretar una visión de institución, que termine con el carácter fragmentario que se ha venido profundizando en cuanto a las relaciones entre distintas unidades y organismos universitarios. Esto ha de requerir un liderazgo que privilegie los objetivos de la institución toda, y promueva los esfuerzos que sean pertinentes para alentar un criterio colaborativo, donde existan posibilidades de efectuar traslado de recursos en forma sostenible y en pro de un mejor desempeño global.