El último ejemplar del Observatorio de la Violencia, publicado por la Fiscalía Nacional, da cuenta de un aumento en los homicidios con armas de fuego. El fenómeno nuevamente está en el centro del debate público tras el crimen cometido contra la periodista Francisca Sandoval, quien murió este jueves 12 de mayo tras una balacera ocurrida en el marco de las marchas del Día del Trabajador. El caso nuevamente pone en tela de juicio las actuales legislaciones en materia de control de armas.
A principios de este año fue aprobada una nueva reforma a la ley 17.798, que lleva la numeración 21.412. En ella, se endurecían las penas referentes al porte de armas. Sin embargo, para la profesora e investigadora del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Myrna Villegas, tanto el articulado como la punición, criminalización y mayores penas no han servido para frenar esto. Según indica la académica, solo ha servido para restringir garantías de los imputados, pero no ha generado una disminución en los delitos.
Es por eso que para el profesor del Departamento de Ciencias Penales de la Universidad de Chile y Fiscal Metropolitano Sur, Patricio Rosas, es necesario un cambio de política criminal para abordar el problema del control y uso de armas de fuego. "La ley o la norma solo viene a enfatizar uno de estos tres tiempos ¿y cuál es ese? El control", asegura.
Por ello, sugiere un cambio en la política criminal enfocado en tres tiempos: en la prevención de la comisión de los delitos con armas de fuego, en el control fiscalizatorio/ administrativo de las armas y del control investigativo a partir de las pesquisas desarrollada por fiscalías y policías. Al mismo tiempo, propone una tercera variante de política criminal, que tiene que ver con la reinserción social de aquellos que han sido sorprendidos cometiendo en estos delitos.
Sin embargo, esto también ha puesto en el debate el porte de armas por parte de civiles en sí, como explica la investigadora del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile, Alejandra Mohor, quien señala que estudios internacionales han evidenciado el efecto negativo que tiene la tenencia de armas en manos de particulares. "Los particulares no estamos capacitados, no estamos aptos para hacer un manejo adecuado de un arma de fuego. En las más de las veces, puede resultar esa arma dañando a alguien de nuestra propia familia y sin que fuera la intención", advierte. Al mismo tiempo, para Mohor el riesgo no solo viene con su uso, sino con la posibilidad de ser robada y llegar a manos de delincuentes. "Qué botín más sabroso para los delincuentes encontrar armas que no requieren modificación, que no requieren la intervención para ser funcional" asegura.
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