Establecida por decreto el año 2009

30 de octubre: Fecha conmemorativa del Día Nacional del Ejecutado Político

Durante su primer mandato, el año 2009 la entonces presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria a través del decreto 119 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, estableció el 30 de octubre como el Día Nacional del Ejecutado Político. En un acto de reparación simbólica, esta fecha recoge parte de las demandas históricas de memoria, justicia, reparación y no repetición.

Para Alicia Lira, Presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados y Ejecutadas Políticas, esta fecha conmemora a las víctimas de los primeros días de septiembre “que fueron asesinados y asesinadas en distintas partes del país, también a los que fueron parte del gobierno de la Unidad Popular, y aquellos hombres, mujeres y jóvenes que resistieron en todas las formas la lucha contra la tortura, la muerte, el terrorismo de Estado que implementaba y aplicaba la dictadura”.

De acuerdo a las declaraciones de la histórica dirigenta, esta fecha se fija como un acto de reparación y consideración por las demandas de las organizaciones. “Hay que traer a la memoria que esta fue una larga lucha que dieron los familiares de los ejecutados y ejecutadas políticas de las agrupaciones del sur, centro y el norte de Chile, exigiendo la reivindicación y conmemoración. El Estado fue quien violó sistemáticamente sus derechos a quienes ejecutaron, ahora, que el Estado también sea quien conmemora esta fecha, es un acto reparatorio.

El decreto 119 que fija el 30 de octubre como fecha conmemorativa, en su considerando N° 4, establece que “el Estado ha cumplido con su deber de investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar. Esta preocupación ha sido sostenida en el tiempo. Verdad, justicia y reparación son los pilares sobre los cuales los Gobiernos democráticos han sustentado esta política.”

Al respecto, el integrante de la Cátedra de Derechos Humanos y académico de la Facultad de Gobierno, Felipe Agüero, señala que resulta fundamental conmemorar esta fecha, puesto que “sin una memoria activa sobre estos hechos se hace difícil avanzar hacia una cultura que haga de garantía de la no repetición”.

Agüero sostiene que existe un contexto de amenazas a los derechos humanos “una idea de que se intentó avanzar demasiado y de que es hora de poner las cosas en su lugar, y este es un lugar que corre el péndulo hacia el otro lado: no hay urgencias, salvo retóricas, respecto de derechos de los pueblos indígenas; el péndulo también es empujado en esa dirección respecto de derechos de diversas minorías, y en general un discurso que saca los derechos humanos de la centralidad que merecen”.

En ese sentido, la coordinadora ejecutiva de la Cátedra de Derechos Humanos, Bárbara Azcárraga, destaca que “aún sigue pesando la imposición de una norma de silencio por 50 años. Una vez cerrado el Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, más conocido como Informe Valech, en el año 2004, en ese proceso se entregó más de 30 mil testimonios de víctimas de violaciones a los derechos humanos de la dictadura cívico militar, cuyo nombre de los victimarios permanece en secreto”.

En esa línea, la vocera de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos también manifiesta su preocupación por el pacto de silencio que indica Azcárraga. “Por eso hoy, a 50 años, con más fuerza seguimos conmemorando, exigiendo, luchando organizadas las agrupaciones a nivel nacional, porque hoy día tenemos una impunidad biológica que significa que los procesos aún están abiertos porque son muy lentos. Han muerto los familiares, las víctimas y los victimarios, por lo cual eso queda en la total impunidad”, concluye.

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