Remontarse al 15 de noviembre de 2019 puede traer a la memoria individual y colectiva una serie de conceptos: tensión, incertidumbre, caos, temor. La revuelta social iniciada el 18 de octubre de ese año ya estaba comenzando a adquirir ribetes de una desatada violencia que parecía incontrolable. Junto con ello, en la clase política ya circulaba la sensación de que el actual Presidente de la República, Sebastián Piñera, no terminaría su mandato. Algunos, incluso -a modo de broma o no tanto- traían al registro aquella imagen del helicóptero saliendo de Casa Rosada en diciembre del 2001 con el Presidente argentino Fernando de La Rúa en su interior. Bajo ese escenario, hace 3 años, todo podía pasar. Nada estaba descartado.
Fue en ese contexto que la mayoría de las fuerzas políticas con representación parlamentaria -excluyendo al Partido Comunista (PC), que se restaría de las conversaciones- literalmente se atrincheraron durante 15 horas en la sede del ex Congreso Nacional para intentar frenar la violencia que se vivía en las calles. La instancia buscaba generar una salida institucional que permitiera canalizar las legítimas demandas sociales que expresaba la ciudadanía.
Aquella jornada comenzó a tempranas horas de la mañana del jueves 14 de noviembre, y contó con una serie de reuniones entre representantes de los partidos, que -computador encendido- comenzarían la búsqueda de un texto de acuerdo. En esa línea, establecieron -como punto de partida- algunos intransables, de lado y lado: por parte de la entonces oposición, representada por el Frente Amplio (FA), la Democracia Cristiana (DC) y los partidos de la ex Nueva Mayoría, se puso como piedra de tope que se debía iniciar un proceso constituyente plenamente democrático, con plebiscito de entrada y salida y una hoja en blanco para la redacción de una nueva Constitución. Para la derecha, en tanto, la piedra de tope eran los 2/3 para el órgano constituyente, junto con que este órgano no se denominara Asamblea Constituyente, pues -según palabras del entonces presidente de RN- el concepto generaba “urticaria” en algunos integrantes de su sector. En medio de esa frenética jornada, La Moneda aguardaba expectante, con la presencia del entonces ministro Segpres Gonzalo Blumel como interlocutor de Palacio y como garante del acuerdo. La intención justamente de aquel acuerdo era buscar, junto a todas las instituciones, una salida a la crisis social, para evitar un caos mayor.
Con todo, a las 2:24 de la madrugada del viernes 15 de noviembre se guardó el Word con el acuerdo final que contaría con 12 puntos resumidos en 3 páginas. Dicho acuerdo comenzaba estableciendo los principios fundamentales que lo impulsaron:
“Ante la grave crisis política y social del país, atendiendo la movilización de la ciudadanía y el llamado formulado por S.E. el Presidente Sebastián Piñera, los partidos abajo firmantes han acordado una salida institucional cuyo objetivo es buscar la paz y la justicia social a través de un procedimiento inobjetablemente democrático”.
Junto con ello, en el párrafo siguiente, se refuerzan las ideas fuerzas que motivaron este acuerdo:
“Los partidos que suscriben este acuerdo vienen a garantizar su compromiso con el restablecimiento de la paz y el orden público en Chile y el total respeto de los derechos humanos y la institucionalidad democrática vigente”.
Tras ello, el primero en hablar fue el entonces presidente del Senado, Jaime Quintana, quien dijo: “Queremos ponernos a la vanguardia de un verdadero contrato social con Constitución 100% democrática".
¿Quiénes fueron los firmantes? El texto fue firmado por la mayoría de los partidos políticos, salvo el PC, junto a otros partidos del FA, incluido Convergencia Social, pues el actual Presidente y entonces diputado Gabriel Boric lo hizo a título personal.
Fuad Chain, presidente del Partido Demócrata Cristiano; Álvaro Elizalde, presidente del Partido Socialista de Chile; Heraldo Muñoz, presidente del Partido Por la Democracia; Luis Felipe Ramos, presidente del Partido Liberal; Catalina Pérez, presidenta del Partido Revolución Democrática; Jacqueline van Rysselberghe, presidenta del Partido Unión Demócrata Independiente; Mario Desbordes, presidente del Partido Renovación Nacional; Hernán Larraín, presidente del Partido Evolución Política; Javiera Toro, presidenta del Partido Comunes; Carlos Maldonado, presidente del Partido Radical y Gabriel Boric, fueron los firmantes.
El desenlace ya es historia conocida, con la instalación de una Convención Constitucional electa 100% democráticamente, y el posterior rechazo, por parte de la ciudadanía, al texto propuesto lo que, en la práctica, mantiene vigente el actual texto constitucional de 1980.
La relevancia del acuerdo y su vigencia hoy
¿Cuáles son las lecciones y la relevancia que tiene este hito político hoy? Esta es una de las interrogantes que analizan las académicas de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile Claudia Heiss y Mireya Dávila, junto al profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, Octavio Avendaño, quienes coinciden en un punto central: fue un hito que brindó una salida democrática a la crisis que vivía el país desde el inicio de la revuelta.
“Destacaría la definición que los actores políticos tomaron al firmar el acuerdo: que la democracia es el único camino posible para solucionar conflictos. La lección que relevaría es que en política son necesarios acuerdos para poder destrabar conflictos, sobre todo uno de esta magnitud. También que tanto el Ejecutivo como el Congreso, en una democracia, son instituciones que pueden canalizar institucionalmente el conflicto, no solo el primero. El acuerdo del 15 de noviembre es relevante hoy porque fue el evento político que marcó la respuesta institucional del sistema político a la crisis del estallido social de ese año. Fue una válvula de escape que encauzó democráticamente la protesta social. Permitió, además, iniciar el proceso de debate de una nueva Constitución”, comenta Mireya Dávila.
Por su parte, Claudia Heiss reflexiona sobre la importancia y las lecciones que nos puede dejar este hito político, así como las razones de quienes no lo firmaron. “La gran lección del acuerdo del 15 de noviembre es la importancia de que el sistema político sea capaz de dar respuestas a las demandas sociales. Fue un acuerdo -en ese sentido- positivo, donde se logró establecer un diálogo entre sectores políticos muy amplios y una salida institucional a la crisis política. Eso es valorable y fue un gesto de madurez política del sistema chileno. Eso no es algo que se pueda dar por descontado. Ahora, por cierto, el acuerdo no fue apoyado por los sectores extremos: no fue apoyado por la izquierda, ni por la extrema derecha. La extrema derecha lo vio como una traición a la Constitución; mientras que la extrema izquierda lo vio como una traición a la demanda social y como una negociación política copular. Sin embargo, el acuerdo respondió a lo que el grueso de la ciudadanía esperaba, que era una capacidad de negociar políticamente una salda a una crisis institucional muy profunda”, afirma la académica.
Avendaño, en tanto, plantea que "son varios los elementos que se pueden rescatar de esa primera experiencia. En primer lugar, la voluntad de llegar a acuerdo por parte de las fuerzas políticas que en ese momento estaban representadas en el Congreso Nacional, con excepción de aquellas que se quisieron restar. En segundo lugar, el reconocimiento de la necesidad de cambiar la Constitución, vigente en la actualidad, dada las limitaciones que ella genera a las iniciativas de cambio estructural. Tercero, a pesar de que no fue explícito, sobre todo por parte de la derecha, diría que también hubo disposición a salvaguardar el orden democrático frente a amenazas e intentos autoritarios en ese momento”, sostiene.
Han pasado tres años y el objetivo final de aquel acuerdo no se cumplió: el de contar con una nueva Constitución, luego del abrumador rechazo que las y los chilenos hicieron a la propuesta de texto el pasado 4 de septiembre ¿Qué ha cambiado en el escenario político y social desde aquel 15 de noviembre hasta el día de hoy? ¿Cuánto se ha avanzado o no?
Mireya Dávila afirma que el proceso constituyente debe continuar, pero que hoy el escenario es diferente, entre otras cosas, por la irrupción de nuevos movimientos y partidos políticos que para ese entonces no existían. “El escenario político hoy es muy diferente al de noviembre de 2019. Primero, tenemos en marcha el proceso constitucional iniciado a partir de ese acuerdo; un proceso que ha tenido un desarrollo inesperado por cuanto la propuesta de nueva Constitución fue rechazada abrumadoramente por la ciudadanía. Segundo, tenemos nuevos actores políticos que ingresaron a la política, como el Partido de la Gente, que tiene representación parlamentaria y que es producto de la crítica a los partidos tradicionales. Tercero, hay un nuevo gobierno liderado por dos coaliciones que fueron oposición al gobierno anterior y muy críticos de cómo reaccionó en materia de control de la protesta social, compuesta por una nueva generación política que ha debido incorporar en la gestión de gobierno a la ex Concertación. Finalmente, la derecha tradicional tiene rival por la derecha, que es el Partido Republicano y su líder, José Antonio Kast, fenómeno de derecha que lamentablemente se observa en otras partes del mundo”, explica.
Junto con ello, Dávila agrega el cambio que han debido enfrentar las policías en su actuar y el impacto social de la pandemia. "El estallido social y la forma que el gobierno enfrentó la protesta social significó un retroceso en materia de derechos humanos, al menos durante un tiempo. A partir de esta experiencia, con el triste saldo de chilenos y chilenas sin ojos, el Estado, las policías, han debido modificar los protocolos para evitar la repetición de estas situaciones. Además, el impacto de la pandemia significó un retroceso gravísimo en términos de bienestar social, no solo en términos de salud, de vidas, sino también de educación, económico, entre otros. El Estado debió reorientar sus recursos y gestión a esta pandemia. También la política se vio tensionada por políticas como los retiros de las pensiones ante la lenta reacción del gobierno de entonces. El impacto de la pandemia a nivel de toda la sociedad se mezcló con el proceso político que venía después del 2019”, puntualiza.
Por su parte, Heiss complementa que ha habido algunos avances en materia institucional. “Desde el 15 N, hubo un avance institucional relevante -si bien quizás no de la magnitud que corresponde al proceso político que ha vivido Chile- pero que ha sido la rebaja del quorum de reforma constitucional a 4/7. Eso lo destaco como un cambio político importante para superar los enclaves institucionales, como también lo fue el fin del binominal del 2015. Por su puesto que no es un cambio que esté a la altura de la magnitud del estallido social, pero -de todas maneras- es el cambio que se ha producido y es importante sacar lecciones más generales de la necesidad de cambio político en Chile”, indica.
Heiss añade que también se incubó dentro de la clase política, en general, la idea de un mayor rol de lo público en materia de derechos sociales. “El acuerdo del 15 de noviembre sigue teniendo relevancia porque fue un momento de abrir los ojos de una clase política que había sido bastante refractaria de las demandas sociales y que dio cuenta de la aceptación de una realidad que han venido mostrando, por ejemplo, estudios de las ciencias sociales, y que tiene que ver con el rol de lo público y con una demanda redistributiva que es muy transversal en Chile. Existe una demanda por mayor protección social que llevó a un cambio en el discurso de los sectores que son más reacios a las políticas redistributivas, en términos de que se aceptó la idea de un Estado Social de Derechos, de forma bastante transversal, aunque en algunos casos es una aceptación retórica. Pero esto demuestra un darse cuenta de los distintos sectores políticos de que es una demanda que no es de izquierda, sino que tiene que ver con una necesidad del país de un mayor nexo y cohesión social, basada en un vínculo de solidaridad que está, sin duda, relacionado con la responsabilidad colectiva en temas de cuidado, de protección del medioambiente, protección social, salud, educación, vivienda. Son temas que no pertenecen a una agenda solo de izquierda, sino que pertenecen a una demanda transversal de un cambio más profundo”, expresa.
En tanto, Octavio Avendaño sostiene que el tema constitucional sigue siendo un elemento esencial para salir de la crisis política que aún tiene Chile. “El acuerdo del 15 de noviembre de 2019 sigue teniendo relevancia respecto al reconocimiento de cambiar la Constitución, esta vez, pensando en la necesidad de revertir una situación de crisis que afecta al sistema político, como la baja confianza en las instituciones democráticas, el descrédito hacia los partidos y hacia el Congreso Nacional. Hoy cambiar la Constitución es un requisito esencial para poder revertir la crisis que afecta al sistema político y de ahí avanzar hacia la construcción de las mayorías que requieren las transformaciones estructurales”, señala.
Junto con ello, al sociólogo comenta que el escenario actual es diferente al de 2019 también por el agotamiento que puede existir en la población ante la cuestión constitucional. “El principal cambio en relación al acuerdo de 2019 es el ánimo en la población. La adhesión a la idea del cambio de Constitución es considerablemente más baja que el registrado por los estudios de opinión pública en esa época. Da la impresión de que se produjo una suerte de agotamiento del tema en una parte de la población, o más específicamente en la opinión pública. Esto debido a lo prolongado del proceso, pero -sobre todo- a las críticas que surgieron del anterior proceso constituyente, así como al cambio de las prioridades y del contenido de las demandas en la población. Además, quienes pierden el plebiscito han tenido que tomar un tiempo para asimilar la derrota. En la actualidad pareciera que las negociaciones, entre representantes de los partidos, hubiesen entrado en una suerte de letargo”, opina.
Lecciones para el nuevo proceso
El nuevo proceso aún no se define, y pareciera ser que no está cerca el acuerdo. Ya no existe la presión que hizo que en 15 horas se definiera una ruta constitucional. Hoy el escenario es otro. En ese sentido, y sobre cómo se observa el curso del nuevo proceso, la profesora Dávila considera que los plazos debiesen acotarse. “El tiempo de discusión del nuevo proyecto debería ser más breve e incluir, una vez aprobado el texto, un rol del Estado y la sociedad civil en la difusión de la propuesta. La pedagogía política es clave. La autorregulación y regulación de las fake news es urgente. Los expertos los veo en el apoyo en la redacción de un texto que breve y le dé consistencia jurídica. Finalmente, el plebiscito de salida”, comenta.
La profesora Heiss, por su parte, espera que el nuevo proceso sea capaz de abrir los canales entre las instituciones y la política. “El nuevo proceso constituyente lo más importante es que logre generar legitimidad respecto de nuestro proceso político y, en ese sentido, sería negativo que el proceso que se desarrolle ahora, si es que se llega a un acuerdo, sea percibido como una especie de lavado de imagen para mantener las cosas tal como están. Es importante que sea un proceso que abra mucho más el sistema político, la participación política, y que contribuya a superar los enclaves institucionales que han mantenido al sistema político con una especie de camisa de fuerza que disocia las preferencias sociales de las leyes, que hace que nuestro sistema institucional sea una especie de freno a la política”, sostiene.
Finalmente, el profesor Avendaño considera que la nueva convención debe ser electa por la ciudadanía, pero con una comisión de expertos que acompañe el proceso. "Considero indispensable respetar el anterior plebiscito de entrada y partir de la base de que será necesario avanzar para la definición del órgano deliberativo. Luego, avanzar lo más rápido posible para despejar lo del mecanismo, que deberá ser una convención electa, con menor número de representantes. E intentar combinar el trabajo de una convención electa con una comisión de expertos, que en lo posible represente a las fuerzas políticas que hoy tienen presencia en el Congreso Nacional. Para efecto de asegurar legitimidad, es necesario que el principal órgano de representación y deliberación sea elegido por la ciudadanía", finaliza.