Cambiar hacia una nueva concepción del desarrollo de los ecosistemas naturales; optar por una nueva matriz energética nacional con énfasis en aumentar la presencia de las producciones eólicas y solares; realizar un cambio constitucional, legal y reglamentario para el uso del recurso hídrico y desplegar eficazmente en el territorio el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. Estas son algunas de las propuestas contenidas en la octava versión del “Informe País: Estado del Medio Ambiente en Chile 2022”, informe desarrollado por el Centro de Análisis de Políticas Públicas (CAPP) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, cuyo objetivo es aportar a la comprensión transversal e interdisciplinaria de la situación ambiental de nuestro país y a la promoción de políticas y acciones que fomenten la sustentabilidad ambiental.
El documento alerta, además, sobre la escasez hídrica, la pérdida de biodiversidad y el aumento de desastres socionaturales en el país, así como la insuficiente descarbonización de la producción energética, la dificultad de implementar políticas públicas coherentes y sistemáticas y el débil trabajo inter-agencial público, entre otras problemáticas. Asimismo, en el marco de la discusión constitucional, el informe propone que Chile adopte una nueva Constitución que refuerce el sentido ecológico.
Algunas de las recomendaciones planteadas por el trabajo, en esta línea, son a inclusión del derecho de las personas a un aire limpio; el derecho humano al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible; un Estado custodio de los bosques nativos y humedales; un deber estatal de proteger conservar y restaurar la biodiversidad de los ecosistemas terrestres, marinos, insulares y antárticos; un deber estatal de elaborar una política para el desarrollo minero, que incorporé criterios de sustentabilidad ambiental y social; un Estado que regula y promueve una matriz energética basada en energías renovables; que establezca un gobierno regional con funciones explícitas sobre la planificación, el ordenamiento territorial y el manejo integrado de las cuencas del país; que defina un gobierno local con funciones explícitas para la gestión de la reducción frente a desastres naturales; y, finalmente, que asegure un sistema de gobernanza ambiental participativo y descentralizado.
Principales alertas
La ceremonia de presentación del informe se realizó este jueves 6 de julio en la Casa Central de la Universidad de Chile y contó la presencia de la Rectora de la U. de Chile, Rosa Devés; el subsecretario de Medio Ambiente, Maximiliano Proaño; y el Oficial Superior de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, Luiz Krieger.
En sus palabras de bienvenida, el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, Leonardo Letelier, destacó la relevancia del informe y su continuidad a través del tiempo. “Este es el octavo informe de una serie que se inició el año 1999, y que se hace cargo de un compromiso que tiene nuestra Facultad con todos los temas públicos, entre los cuales el medioambiente -por supuesto- juega un papel muy importante (...) Creemos que la Facultad, a través del Centro de Análisis de Políticas Públicas, hace una contribución muy importante en esta materia; se trata de un documento que es muy leído y consultado por la comunidad académica y los y las encargadas de políticas públicas”, señaló.
Por su parte, el director del Centro de Análisis de Políticas Públicas, Sergio Galilea, se refirió a los principales hallazgos dados en torno a temas como aire, aguas continentales, bosques nativos, degradación de las tierras, energía y desastres socionaturales, entre otros. "Tenemos una disminución en las fuentes de agua superficiales y subterráneas y una situación que va agregando criticidad al recurso agua", señaló. Sobre este punto, advirtió que, “en ese sentido, el Informe mantiene una situación de realismo o más bien pesimista: las tierras áridas se extenderán significativamente”.
Además, entre otros temas, dio cuenta de la gran problemática de los incendios forestales. “El promedio de incendios y áreas quemadas es de 70 mil hectáreas en cada periodo y se ha extendido además el periodo. Antiguamente, se decía que los incendios forestales son entre diciembre y abril-mayo, hoy día los incendios forestales pueden ser casi en cualquier periodo del año, casi en cualquier lugar de nuestra geografía”, explicó.
Finalmente, recalcó la necesidad de impulsar “con urgencia y con gran prioridad nacional” una política de Estado en materia de medioambiente. “Requerimos modificaciones urgentes en todas las dinámicas productivas del país. Esto es un desafío para la agricultura, para la minería, para los servicios, para el transporte, comercio… En todas ellas debe darse un tipo de uso energético que contribuya poderosamente a modificar la matriz energética por energía eólica y solar. También requerimos que todas las actividades productivas, incluyendo el comercio y los servicios, asuman una forma de tratamiento crítico del agua, definida como recurso estratégico”, sentenció.
El Oficial Superior de Asuntos Económicos de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la CEPAL, Luiz Krieger, valoró el esfuerzo detrás del Informe País, y destacó la importancia de ir más allá en la protección del planeta. “La búsqueda de una transición justa hacia una economía sostenible y equitativa lamentablemente ya no es suficiente, porque necesitamos hoy generar una economía regenerativa, que sea capaz de regenerar su propia base ambiental de sostenimiento”, declaró.
Por su parte, el subsecretario del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, destacó que este tipo de instrumentos son importantes para el desarrollo y diseño de políticas públicas y también para la toma de decisiones. ”Saber dónde estamos nos permite, por un lado, valorar los avances que tenemos en la institucionalidad ambiental. Estamos implementando la Ley Marco de Cambio Climático, tenemos también el Acuerdo de Escazú, ahora nos corresponderá implementar el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Pero también estamos conscientes de que tenemos deudas y brechas importantes”.
Finalmente, la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, relevó la importancia de este trabajo, no solo para el país, sino también para el plantel. “El hecho de que no es solo un informe de la Universidad de Chile, sino multiinstitucional, es especialmente importante (...) Tenemos desafíos en la propia Universidad. En este momento, tenemos iniciativas de sustentabilidad y estamos integrando y coordinando la Metared de instituciones de educación superior, que es muy importante no solo para Chile, sino que para América Latina e Iberoamérica, y que considera avanzar en sustentabilidad en el ámbito universitario, poniendo al centro los ODS 2030".
Detalles del Informe
Desde su primer informe del año 1999, elaborado a partir de un convenio entre la Universidad de Chile y la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA), hasta el Informe País del año 2018, desarrollado con el apoyo de CEPAL y la Universidad Tecnológica Metropolitana, este trabajo ha tenido como objeto dar cuenta de la situación del medio ambiente del país, sus presiones y las respuestas de la sociedad y del Estado. En este informe, y en sus diferentes versiones, han trabajado una treintena de académicas/os de alto prestigio procedentes de la Universidad de Chile y de otras casas de estudio del país.
Esta nueva entrega del "Informe País: Estado del Medio Ambiente en Chile" se diferencia de las anteriores por incorporar un apartado dedicado a las propuestas de políticas públicas medioambientales, las que buscan plantear la urgente necesidad que tiene Chile de emprender un cambio sustancial hacia un nuevo modelo de desarrollo basado en una alta sustentabilidad ambiental. Este cambio implica una transformación fundamental en el carácter de las políticas públicas, su financiamiento, los desafíos científicos y tecnológicos, las asociaciones con el sector privado productivo, así como también en los arreglos legales e institucionales necesarios.
El informe cuenta con cuatro partes. La primera, se centra en las Macropresiones sobre el Medio Ambiente, siendo principales causales el crecimiento económico global, los impactos asociados a las actividades productivas extractivas, el aumento poblacional y el incremento de la pobreza del país. Adicionalmente, otra gran macro presión física es el cambio climático.
La segunda parte está centrada en los componentes de aire, aguas continentales, bosques nativos, biodiversidad, degradación de las tierras, ecosistemas marinos y zona costera, minería e hidrocarburos, asentamientos humanos, energía y, por vez primera en el informe, se analiza los desastres socionaturales.
La tercera parte está orientada a la institucionalidad y gestión ambiental, con énfasis en la labor realizada por el Ministerio del Medio Ambiente, entidad encargada de la formulación y regulación de políticas ambientales; el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), como un organismo técnico responsable de administrar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA); y la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), encargada de la fiscalización, seguimiento y sanción de los instrumentos de gestión ambiental.
Finalmente, se establece una cuarta parte dedicada al planteamiento de propuestas de cambios sustantivos al estilo de desarrollo chileno. El documento indica la urgencia de adoptar “cambios” en las dinámicas de desarrollo prevalecientes en el país, demostrando algunas tendencias principales, tales como:
- Agudización de las problemáticas ambientales, tomando especial relevancia la situación actual del recurso hídrico, cada vez más escaso;
- Pérdida de biodiversidad e impacto irreversible en ecosistemas naturales terrestres y marinos;
- Descarbonización de la producción energética aún insuficiente y con innovaciones de nuevas variantes de producción eólicas y solares;
- Crecimiento de un conjunto de actividades productivas en base a recursos naturales;
- Dificultades de políticas públicas coherentes y sistemáticas con un débil trabajo inter-agencial público;
- Problemas e insuficiencias de la asociatividad público-privada que constituyen un fundamento esencial para políticas, programas y acciones claves en el desarrollo ambiental y sustentable en Chile;
- Descentralización incipiente en un Chile con tan marcadas diferencias territoriales sustantivas en lo ambiental. Debe reconocerse las particularidades ambientales de los territorios y valorarse a los gobiernos subnacionales (Gobiernos Regionales y Municipios) como entidades favorecedoras de una acción ambiental concreta, efectiva y monitoreable;
- Aumento en la ocurrencia y magnitud de desastres socio-naturales.