El documento titulado "Las funciones de las Fuerzas Armadas en el orden público: La necesidad de limitar su participación para fortalecer a las policías", está disponible desde el 19 de julio, abordando la problemática de involucrar a las fuerzas armadas (FF. AA) en la resolución de conflictos de orden público. Según los datos del Policy Brief, implicar a las FF.AA. en políticas de prevención y control del orden interno es un error, dado que puede aumentar el riesgo de violaciones a los derechos humanos, socavar el principio del uso proporcional de la fuerza y debilitar las funciones militares y policiales.
Durante décadas, Chile no involucró a las fuerzas armadas en la resolución de conflictos de orden público, pues en los primeros veinte años desde el retorno a la democracia, los gobiernos no utilizaron estos recursos. Sin embargo, desde el año 2011 en adelante, se implementaron planes especiales que involucraron a los militares en el orden público, tales como el Plan Frontera Norte (2011) y el Plan Frontera Norte Segura (2018).
Más recientemente, durante el estallido social de 2019, el control del orden público fue entregado a los militares por quince días. Luego, en el año 2021, se decretó estado de emergencia en la macrozona sur, otorgándoles la custodia de caminos a las FF. AA. Por último, en febrero de 2023, el gobierno ordenó el despliegue militar en Arica, Parinacota, Tarapacá y Antofagasta para controlar la inmigración irregular. De esta forma, esta práctica se ha intensificado en Chile, llegando a constituir una política pública en materia de seguridad.
Ante este escenario, el documento "Las funciones de las Fuerzas Armadas en el orden público: La necesidad de limitar su participación para fortalecer a las policías", levantado por especialistas de las facultades de Gobierno y Derecho de la Universidad de Chile, en conjunto con el Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad Arturo Prat, sostiene que involucrar a las fuerzas militares en la prevención y control de orden interno es un error.
Esto debido a la posibilidad de aumentar el riesgo de violaciones a los derechos humanos y socavar el principio del uso proporcional de la fuerza, entre otros. Además, especialistas recomiendan que la intervención militar en estas tareas sea excepcional y limitada, dando prioridad al fortalecimiento de las capacidades de las policías.
Frente a la elaboración del escrito, la directora de innovación de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo UCH (VID), Anahí Urquiza señaló que “contamos con investigación del mejor nivel y conocimiento especializado, que al articularlo entre diferentes disciplinas permite una mirada integral. El desafío es lograr que estas reflexiones traspasen las fronteras de la ciencia. Por ello, esfuerzos de este tipo no sólo son necesarios sino imprescindibles”.
Además, Urquiza agregó que “una de las tareas críticas del Estado es el control del uso de la fuerza. Cómo mantenemos el orden y la seguridad sin abusar de la fuerza y protegiendo los DD. HH de todas las personas, debe ser una preocupación de nuestra Universidad”.
Respondiendo al rol público de la Universidad, el Policy Brief fue publicado en el marco de la estrategia de Documentos para la Política Pública de la Unidad de Redes Transdisciplinarias VID. Bajo esta convocatoria, la Vicerrectoría busca generar un aporte a la discusión de asuntos de relevancia social caracterizados por su complejidad para abordar los desafíos sociales, económicos, científicos y políticos que enfrenta y enfrentará Chile en un futuro cercano, generando documentos que aporten con evidencia académica para el trabajo de gestión y la toma de decisiones.
La militarización de la seguridad en el país
El contexto de seguridad a nivel país es uno de los temas más problematizados en el último tiempo. Así, según la última encuesta de Paz Ciudadana 2022, el miedo de ser víctima de un delito creció 7,6 puntos porcentuales, alcanzando un 28% a nivel nacional, lo que la posiciona en lo más alto en los últimos 22 años. En este escenario, abordar la seguridad nacional se ha vuelto un debate constante en la agenda pública.
Para Felipe Abbott, académico de la Facultad de Derecho UCH e integrante del equipo redactor del documento, “el trabajo legislativo en materias de seguridad ha resultado problemático, entre otras cosas, por lo reactivo y por la abundancia de propuestas sin sustento en la evidencia o en contra de esta”. De esta manera, el profesor llamó a que el tema de “seguridad pública en la agenda, no debe implicar precipitarse proponiendo soluciones inadecuadas”.
Frente al involucramiento de las fuerzas armadas, Abbott mencionó la necesidad de regularizar sus funciones, pues “todo ejercicio de facultades que implica uso de fuerza requiere de regulación clara y fuertes resguardos. En el caso de las FF.AA., cuyas capacidades traen aparejada la fuerza más intensa, con capacidades asociadas al mayor poder de fuego disponible, esto es aún más imprescindible”.
La redactora del documento y académica de la Facultad de Gobierno, Mireya Dávila también abordó esta situación, mencionando que “los militares no están entrenados para enfrentar conflictos de la naturaleza de orden interno, sino para ir a la guerra. Su fuerza y entrenamiento tiene como objetivo ser letal pues se enfrentan a un enemigo potencial o real. Al interior de la sociedad, la lógica no debe ser la del enemigo sino la de prevención y control de grupos delictuales. Para esto el Estado debe encomendar a las policías la misión de responder a los desafíos actuales de seguridad pública”.
Por su parte, Alan Sepúlveda, integrante del Grupo de Investigación en Políticas de Defensa, FF.AA. y RR.II de la Facultad de Gobierno UCH y colaborador del escrito, afirmó que es necesario regularizar las funciones militares, pues “ayuda a prevenir posibles abusos y violaciones a los derechos humanos, pero también fortalece la función de las policías y garantiza que las Fuerzas Armadas se mantengan enfocadas en su función principal de defensa nacional. Además, la regularización contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas, elementos fundamentales en cualquier democracia”.
Recomendaciones para la seguridad pública
Conscientes del escenario nacional de aumento en las tazas de violencia y de delitos, el documento también brinda recomendaciones dirigidas a la regulación constitucional y legal de roles militares ante excepciones nacionales. Esto, bajo el objetivo de asegurar un enfoque equilibrado y respetuoso con los derechos humanos, así como también, fortalecer el estado de derecho y las instituciones democráticas.
En este sentido, la profesora Dávila sostuvo que “el PB propone un debate relevante para la discusión constitucional y releva el problema de la militarización del orden público. La Universidad de Chile contribuye así a un área de política pública escasamente abordada hoy en el país. Desde el rol público de la Universidad, esperamos contribuir con conocimiento aplicado para el debate público democrático”.
En esta línea, el escrito señala que las normas constitucionales que regulen funciones de las FF.AA. en tareas de orden público deben ser detalladas respecto a alcances de excepcionalidad, estableciendo criterios objetivos, concurrencia del Congreso, y considerando el uso de militares en tareas de orden público de manera excepcional y por un tiempo acotado.
Ante esto, el Sepúlveda mencionó que “el documento propone la designación de una autoridad civil como líder en estas circunstancias, la restricción temporal de dicha intervención, la capacitación militar en línea con las normas de derechos humanos y el establecimiento de un sistema transparente de rendición de cuentas”.
A su vez, el Policy Brief señala que en circunstancias donde las fuerzas actúen en resguardo del orden público, deben hacerlo capacitadas específicamente y de acuerdo con el Código de Conducta de las Naciones Unidas, el cual es aplicable a las policías.
Finalmente, el documento postula que es preciso que el Estado desarrolle una política integra de seguridad que incluya la reforma a Carabineros, la cual disminuya las brechas en personal, recursos logísticos y capacitación, permitiendo que las policías retomen de manera exclusiva las tareas que les corresponden.
“Advierte sobre la necesidad de focalizar estos mismos esfuerzos en darle respaldo y consistencia al proceso de reforma policial, de manera de responder convenientemente a las necesidades que las fuerzas de orden y seguridad evidencian para poder responder más apropiadamente a sus roles democráticos”, concluyó Abbott.