A casi un mes de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, junto a la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas (FASIC), organizó el encuentro “Reflexiones en torno a los derechos humanos desde el presente”. El encuentro es parte de las actividades de conmemoración de este hito, el cual la U. de Chile ha enmarcado en el lema "Educación para la Democracia", cuya programación completa, junto a un repositorio histórico, se encuentra disponible en el portal uchile.cl/golpe50.
La audiencia estuvo compuesta por estudiantes, académicas y académicos, representantes de agrupaciones civiles, como la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y de instituciones internacionales que promueven la protección de los derechos humanos a nivel internacional, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Al comienzo de la actividad, Claudio Nash, coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, destacó la relevancia del trabajo impulsado por familiares de detenidos desaparecidos, y de civiles comprometidas y comprometidos con la vida tras el golpe de Estado. “Si no hubiera sido por las organizaciones sociales, la impunidad hubiera tenido éxito”, afirmó.
Claudio González, secretario ejecutivo de FASIC, relevó por su parte la necesidad de fortalecer la articulación entre el mundo académico y el social, en especial con organizaciones de derechos humanos, mirando el pasado, pero también advirtiendo de las amenazas actuales. “Tenemos el desafío de proyectar este trabajo en los años venideros porque los obstáculos que están queriendo frenar el avance de los derechos humanos, ya sea intelectual y en la práctica, son bastante fuertes”, señaló.
Memoria, verdad y justicia
“Deudas en derechos humanos” fue el primer panel de la jornada. En él se abordaron algunas de las materias pendientes como la preservación de la memoria y las garantías de no repetición de las violaciones de los derechos humanos.
Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, quien creció en Italia debido al exilio de sus padres, se refirió a los obstáculos en el acceso a justicia, no solo para las víctimas del periodo dictatorial, sino que también para quienes han vivido este tipo de experiencias en la actualidad, particularmente durante estallido social. “En esta conmemoración hubiera sido diferente contar con otro tipo de políticas de Estado. Sin embargo, sabemos que la defensa de los derechos humanos no es lineal. Hay momentos en que el movimiento logra avanzar unos pasos, después se retrocede y otros son de resistencia”. Por otro lado, ahondó en la necesidad de trabajar en la memoria histórica para enfrentar discursos negacionistas en el Chile actual.
Con la foto de su padre y la pregunta ¿Dónde están? en el pecho, Gaby Rivera, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, compartió su testimonio, que también es la historia de miles de familias. “La desaparición de nuestros familiares fue el momento más difícil de nuestras vidas, porque esas palabras desaparición o desaparecido no existían en nuestro lenguaje, no las conocíamos, eran ajenas a nuestra vida”, expresó.
Su padre, Juan Luis Rivera Matus, tenía 54 años al momento de su detención. Fue detenido el 6 de noviembre de 1975 y ahí empezó la ardua búsqueda para ella y sus seis hermanos. Para Gaby Rivera, una de las deudas en torno a la verdad tiene que ver con las cifras oficiales. “Se habla de 1.469 detenidos desaparecidos. Es el número que el Estado reconoce, pero claramente hubo muchos más”, dijo. “‘Vivos los llevaron, vivos los queremos’, fue el primer grito que fuimos levantando cuando se llevaron a nuestros papás, digo los papás porque la Agrupación de Familiares nunca ha distinguido”, comentó. A la fecha, la Agrupación lleva 48 años realizando un trabajo permanente, solidario y comprometido.
Los derechos humanos como límite infranqueable
El segundo panel estuvo referido a temáticas de movilidad mundial, la migración, el refugio y el exilio, que se manifiestan como fenómenos sociales que viven millones de personas, quienes han debido dejar sus hogares debido a las distintas realidades que afectan a sus países de origen.
El especialista en migración y derechos humanos, y presidente de Global Migration Policy Associates, Patrick Tarán, planteó que “hoy en día este tema es clave para la viabilidad económica y la justicia social en todo el mundo, pero es el campo de batalla central de la lucha de la noción misma de derechos”, pues corresponde a la exclusión de personas por su color, etnia, nacionalidad, origen, religión, género, identidad de género.
Catalina Bosch, de Organización Migrantas y miembro del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, se encargó de explicar la situación de las personas migrantes y la falta de espacios seguros, dado que “no siempre nos encontramos con una resonancia positiva en cuanto a la visibilización de derechos humanos de migrantes y refugiadas”. En este sentido, llamó a cuestionar los discursos xenófobos y racistas de grupos que relativizan las violaciones de los derechos humanos y que, según su punto de vista, son también quienes indican a las personas migrantes como responsables de la delincuencia o inseguridad. “No nos podemos permitir juicios respecto de la necesidad de protección de un ser humano, o de la importancia de resguardar la vida humana en cualquier contexto independientemente de nacionalidad, estatus migratorio o ideología”, enfatizó.
Además, planteó la necesidad de actualizar las políticas migratorias y procedimientos para la tramitación de asilo, especialmente considerando a personas que deben dejar sus lugares de origen por enfrentarse a contextos hostiles, debido a su pensamiento o por condiciones como violencia de género. En el año 2021, la cantidad de respuesta a solicitud de refugio ha sido inferior a los años anteriores, pues -según la representante de Migrantas- ha tendido a una complejización de los procesos. “Imaginen lo que es para una persona que debe escapar de su país porque su vida e integridad física corre peligro”, dijo.
El diálogo continuó con la intervención de Ximena Póo, coordinadora académica de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas de la Universidad de Chile, cuya reflexión apuntó a la perspectiva latinoamericana. “Nos falta todavía pensarnos desde las instituciones, de la construcción subjetiva de todos los días, de mirarnos desde el piso de los derechos humanos y la democracia desde América Latina”, señaló. De esta forma, frente a una política migratoria descrita como insuficiente e injusta, la investigadora propuso “retomar esa senda de solidaridad y pensarnos como un espacio común, que promueva una colaboración y una ciudadanía transnacional, que no esté basada en el trabajo, sino en el derecho a la movilidad humana”.
La académica de la Facultad de Comunicación e Imagen sostuvo también que “la idea de la latinoamericanidad se destruyó con la dictadura”, y la posibilidad de construir una suerte de Unión Latinoamericana no logró prosperar. Desde esta óptica, la profesora leyó un texto llamado Nombrar sus nombres, a propósito de cerca de 70 personas de diversas nacionalidades que estuvieron detenidas en el Estadio Nacional, y mencionó también a aquellos migrantes asesinados durante el estallido social.
Hacernos cargo como sociedad
Por la tarde, se realizó la mesa de cierre en el Salón de Honor de la Casa Central, que se transformó en un espacio de diálogo en torno a las consecuencias de la dictadura. En esta sesión participaron especialistas y defensores y defensoras de los derechos fundamentales, entre ellos, Arturo Valenzuela, Profesor Emérito de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la U. de Georgetown; Gloria Konig, encargada de Extensión en Derechos Humanos de FASIC; Andrea Pochak, comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos humanos; y Claudio Nash, coordinador Académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile.
A 50 años de una tragedia que sigue irrumpiendo en la vida de todas y todos, tanto de forma particular como colectiva, para la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba, “es a través de un ejercicio permanente de reconstrucción y actualización de la memoria histórica que las nuevas generaciones podrán forjar, de manera colectiva, un futuro donde los horrores no se repitan, y donde se avance en la conquista de derechos sociales y libertades democráticas”.
“Es necesario generar y abrir espacios de encuentro que permitan mantener vivas las memorias para que, como sociedad, nos hagamos cargo de las deudas en verdad, justicia y reparación. Esto no es una tarea únicamente de las víctimas y sus familiares, sino que de todo un país, al que también le caben responsabilidades”, sentenció la profesora Pilar Barba.
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