El Presidente de la República, Gabriel Boric, y el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, firmaron el decreto que transforma el Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia en una política pública permanente. El acto se realizó en la Plaza de la Constitución, con participación de la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, de representantes de los tres poderes del Estado, de familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y de la sociedad civil.
La ceremonia comenzó con palabras de la Rectora Rosa Devés, quien señaló que la Casa de Bello “es parte de la institucionalidad que le da continuidad a la historia de este país”. “Tenemos el deber de acompañar el proceso, aportando todos los saberes que conviven en la Universidad, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de este Plan de Búsqueda. Lo entendemos como un pacto con la verdad y la reparación, en contraposición al pacto de silencio que ha entorpecido la justicia”, dijo.
Por su parte, el Presidente Boric calificó la iniciativa como “un gesto de democracia” y “un acto de Estado”. “Con esta política pública, que es permanente, nos hacemos cargo como Estado, no sólo como Gobierno, de hacer todo lo que esté a nuestro alcance e ir corriendo las barreras de los que nos han dicho que es posible, para esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y el destino final de las y los compatriotas víctimas de desaparición forzada, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales”, afirmó.
En el acto se puso énfasis en que esta es la primera vez que el Estado asume intersectorial y coordinadamente el esfuerzo de esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte y destino de las personas víctimas de desaparición forzada, de conformidad con las obligaciones del país y los estándares internacionales. Lo anterior ha significado que, de un total de 1.469 víctimas de desaparición forzada, sólo se haya podido hallar, identificar y entregar a sus familiares a 307 personas. Aún falta por ubicar a 1.162 personas.
“En Chile no hemos hecho todo lo que debíamos hacer para saber dónde están”, dijo el ministro Cordero. “El Estado ha mostrado un alto grado de indolencia. Hoy estamos haciéndonos cargo de esa falta de responsabilidad y de empatía con tantas familias que han sufrido y siguen sufriendo, día a día, esa desidia del Estado. Tenemos que hacer todo lo posible: poner los recursos, usar los avances tecnológicos y la capacidad de los profesionales en las más diversas áreas para encontrar a las 1.162 personas que nos faltan”.
El rol de las organizaciones de familiares
La preparación del Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia se realizó durante un año y ha contado con el aporte de agrupaciones de familiares de víctimas, sitios de memoria, representantes de la academia, centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes. Antes de la firma presidencial, fue aprobado por el Comité Interministerial de Derechos Humanos.
En el acto, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Gaby Rivera, valoró los esfuerzos del Ejecutivo para llevar a cabo el Plan de Búsqueda. “Era necesario, absolutamente necesario, para que este calvario no sea solamente de los familiares, sino de la sociedad completa”, afirmó. “Seremos participantes activas en el Plan de Búsqueda, asumiendo nuestro rol y responsabilidad histórica. Estaremos vigilantes, las agrupaciones de detenidos desaparecidos. Ese es nuestro rol, para que esto nunca más en Chile vuelva a suceder. Y si tenemos que estar 50 años más, así estaremos”, añadió.
También intervino en la ceremonia la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira. "Nosotros no vivimos en el pasado, sino que recordamos el pasado con orgullo. Traemos acá eso que nos enorgullece, pero miramos al futuro, y el futuro es la garantía de no repetición (...) Lo que pasó en el país no solamente le afectó a los familiares y víctimas, sino que a la sociedad en conjunto. Hay muchas personas que creen que no les tocó, pero sí les tocó, porque nos transformaron la vida. Y hoy, en este compromiso, partimos con esperanza y cariño, porque como decimos, la búsqueda está llena de amor, exigencia, dolores, ausencia física, pero está aquí, en las calles, movilizaciones y conmemoraciones", dijo.
El Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia tiene tres objetivos específicos: esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada y su paradero; garantizar el acceso a la información y participación de las y los familiares y la sociedad respecto de los procesos de búsqueda de víctimas de desaparición forzada; e implementar medidas de reparación y garantías de no repetición de la comisión del crimen de desaparición forzada.
Un pacto con la verdad y la reparación
A continuación, se reproduce íntegramente el discurso emitido por la Rectora Devés en la ceremonia:
La Universidad, que tengo el honor de representar, tiene por misión contribuir al desarrollo espiritual y material de la nación, y a lo largo de su historia republicana se ha esforzado por hacer honor a su nombre y ser verdaderamente de Chile.
Concurrimos a este acto solemne, de compromiso con la verdad y la justicia, esperando convocar voluntades más allá de nuestras fronteras institucionales.
Junto con respaldar y expresar nuestro compromiso con el Plan de Búsqueda Verdad y Justicia -a través del cual el Estado se hará cargo de lo que provocó- nos sumamos a reconocer la falta de haber dejado el horror expresarse, con insuficiente intervención, por tanto tiempo. La desaparición forzada de personas es un acto cruel e inhumano, que buscó imponer el terror para la destrucción de los lazos sociales y a la vez garantizar la impunidad. Es por su gravedad que los Estados han convenido instrumentos internacionales que establecen obligaciones para prevenirla, dar protección efectiva a quienes están en riesgo de padecerla y reparar integralmente a quienes son víctimas de estos actos.
En Chile, nuestra experiencia en esta materia ha estado lejos de cumplir con dichos estándares. A 50 años del golpe de Estado, aún hay miles de compatriotas que desconocen el destino de sus seres queridos y desde el retorno a la democracia no se han desarrollado políticas públicas sostenidas en el tiempo, orientadas a conocer la verdad sobre el destino de quienes fueron hechos desaparecer en dictadura.
Sin duda estamos en deuda.
El esfuerzo encabezado por el gobierno del Presidente Gabriel Boric viene a asumir el desafío de que sea el Estado, el mismo que a través de sus agentes diseñó e implementó la desaparición forzada de personas por años en nuestro país, el que asuma la búsqueda de las víctimas, el esclarecimiento de las circunstancias de su desaparición, garantice la participación de los familiares en la búsqueda e implemente medidas de reparación y garantías de no repetición. Valoramos que este propósito se enmarque en una política pública y se constituya, por tanto, en un compromiso que excede al actual gobierno y que apela a la sociedad en su conjunto.
La Universidad de Chile es parte de la institucionalidad que le da continuidad a la historia de este país. Por tanto, tenemos el deber de acompañar el proceso, aportando todos los saberes que conviven en la Universidad, para garantizar el cumplimiento de los objetivos de este Plan de Búsqueda. Lo entendemos como un pacto con la verdad y la reparación, en contraposición al pacto de silencio que ha entorpecido la justicia.
La búsqueda incansable y heroica por parte de los familiares, y el trabajo de los abogados y jueces que ejercieron y ejercen la justicia en las más difíciles circunstancias, recibe nuestro reconocimiento y gratitud, y nos señala el camino que debemos seguir. En su lucha está la expresión de la importancia de la memoria para constituirnos como sociedad.
Para construir un futuro a partir de la constatación de que ninguna persona debe ser nunca despojada de su dignidad humana, nos comprometemos con una educación centrada en los Derechos Humanos, capaz de educar para la democracia y la paz. Lo entendemos como un legado para Chile.
Nuestra Universidad ha estado vinculada a los grandes procesos de la República y este plan es uno de esos hitos que nos configuran como nación. Si uno de los objetivos de las violaciones de los Derechos Humanos fue la deshumanización del otro, este plan debe ser un compromiso con la humanidad en su sentido más profundo. Por ello, nos preocuparemos de que el relato de las tragedias vividas, que nunca deberán repetirse, se vaya transformando en un relato común a través de la experiencia educativa.
Humanizar a las víctimas desde el Estado significa no solamente trazar la trayectoria del horrible crimen del que fueron víctimas, sino también honrar sus vidas.
Finalizo rindiendo homenaje a las familias y a quienes fueron asesinados y asesinadas en esos tiempos oscuros que nunca más deberán repetirse, leyendo algunas estrofas de un poema que la joven María Cristina López Stewart, estudiante de Historia de la Universidad de Chile, hecha desaparecer en septiembre de 1974, escribió el 9 de agosto de 1973, un mes antes del Golpe de Estado.
“Dejamos huellas
que borran los minutos,
los testigos son escasos
y nadie nos encuentra
partimos y nadie se da cuenta.
El camino que marcamos,
queda allí, nadie lo mueve,
muere en cuanto nos alejamos
nadie lo toca.
Quedan objetos, un lápiz,
una anotación, un libro, nada más,
pareciera que también murieran
se acentúa tu quietud.
Hay vacíos, silencios largos,
abandono en el lugar
que habitó un muerto
pareciera que se llevó
el alma de las cosas".
En honor a María Cristina, a sus compañeros y compañeras, a sus familias, les buscaremos y les honraremos hasta devolver el alma a nuestro país, y llenaremos con nuevas esperanzas los vacíos y los silencios.
Muchas gracias.