Para Elsa Esquivel y Marialina González, madre y hermana de Luis Mahuida, respectivamente, la imagen que inmortalizó el momento de entrega del título póstumo y simbólico por parte de la Rectora Rosa Devés, es una imagen difícil de borrar y que conserva en sus trazos los esfuerzos necesarios que requirió una lucha de años. Acompañadas del Colectivo Bugambilia -agrupación de mujeres organizadas por la memoria- este documento llegó a subsanar, en parte, las demandas de familiares de quienes sufrieron los embates de la dictadura.
Bajo la premisa del derecho básico de las víctimas de violaciones de derechos humanos a obtener reparaciones, se concretó esta medida de carácter simbólico en la administración del ex Rector de la Universidad de Chile, Ennio Vivaldi, período en que se consideró apropiado y justo reconocer y distinguir, en función de la reparación debida, a las y los ex estudiantes de la Universidad que no pudieron concluir sus estudios debido a la ejecución o desaparición perpetrada en dictadura.
Establecido este avance como una política universitaria, y haciendo uso de sus facultades como Rector, respecto a conferir distinciones y calidades honoríficas que se consideren necesarias, el 23 de agosto de 2017 se firmó el decreto exento N°0030766, a través del cual se crean las distinciones universitarias de Título Póstumo y Simbólico y Grado Académico Póstumo y Simbólico para ex estudiantes de la Universidad de Chile.En este documento, que aprueba las normas para el otorgamiento de las distinciones, cuatro artículos describen el procedimiento de entrega.
Hasta la fecha, 125 personas forman parte de esta lista que comenzó con la primera ceremonia realizada el 11 de abril de 2018 en el Salón de Honor de la Casa Central de la Universidad de Chile, ocasión en la que familiares de cien estudiantes de la U. de Chile detenidos desaparecidos y ejecutados políticos en dictadura recibieron este documento. Sin embargo, la historia que recorre esta lucha por el reconocimiento a las víctimas, se remonta en la década de 1990.
Un primer gesto para reconocer
Durante 17 años, la dictadura vulneró gravemente los derechos humanos de miles de ciudadanas y ciudadanos chilenos. Asimismo, en el marco de una política de desmantelamiento de la educación pública, la Universidad de Chile sufrió una brutal intervención que se tradujo en la persecución, expulsión, desaparición forzada y ejecución de miembros de su comunidad, quienes por estos motivos vieron afectada la posibilidad de finalizar sus estudios universitarios.
El proesor Jaime Lavados Montes fue el primer Rector de la Universidad de Chile desde el retorno a la democracia, y pieza clave en la reinstalación democrática en la institución. Con la responsabilidad de asumir los desafíos que heredó de una administración intervenida por militares, Lavados se erigió como una figura fundamental en cuanto a su rectoría legitimada por sus pares, defendiendo así los valores republicanos de la Casa de Bello.
En sus palabras, y con el objetivo de contribuir a la “reconciliación nacional por parte del sistema universitario en su conjunto”, el Rector Lavados sostuvo durante los ocho años de su mandato un compromiso institucional por el respeto a los derechos humanos y la preservación del sistema democrático. De esta forma, el 25 de junio de 1991 pronunció el discurso “Estudiantes muertos y exonerados”, que sería la primera ceremonia realizada por la institución, con este objetivo marcando un precedente en cuanto a la historia de reconocimiento a las víctimas de la dictadura.
“A todos rindo homenaje a nombre de todas las universidades de Chile. A sus compañeros, a sus familiares y a sus amigos deseo expresarles que su desaparición no ha sido en vano”, finalizaba su discurso. En esta instancia, además, se entregaron alrededor de 50 diplomas de reconocimiento de la calidad de estudiantes de la Universidad de Chile a alumnos detenidos y/o desaparecidos durante la dictadura, distinción que fue entregada a sus familiares.
Como recuerda la ex vicerrectora de Extensión y Comunicaciones y Premio Nacional de Periodismo, Faride Zerán, en su discurso del 11 de septiembre del 2017, el Rector Lavados levantó simbólicamente “todas las sanciones que pesaban sobre estudiantes exonerados de la Universidad por razones ideológico-políticas, y también a los exiliados por las mismas causas”. Además, recordó la bienvenida que se hizo a 151 estudiantes exonerados de la U. de Chile, ocasión en que, también, se facilitó el reintegro de otros 232 a las universidades regionales.
Un paso adelante en la memoria
A este importante antecedente histórico rendido por la Universidad de Chile en materia de reparación a víctimas y familiares de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, se suma el trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil especializadas en esta materia, las que durante años han luchado bajo la consigna de memoria, verdad y justicia. Estos son los conceptos que resumen el trabajo incansable de quienes perdieron a sus seres queridos y hoy, a 50 años del golpe de Estado, continúan esta lucha.
A partir del compromiso por la memoria y de nunca más repetir los horrores de la dictadura, distintas instituciones educativas –como lo hizo la Universidad de Chile en 1991– han incorporado a su trabajo en materia de derechos humanos el reconocimiento a estudiantes detenidos desaparecidos y ejecutados. Tal es el caso de entregas oficiales de título póstumo ocurridas en planteles como la Universidad de Santiago de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad de Valparaíso y Universidad de La Frontera.
En este contexto, distintos antecedentes y solicitudes de homenajes a ex estudiantes detenidos desaparecidos o ejecutados políticos no tardarían en llegar a la Universidad de Chile. De acuerdo a las investigaciones realizadas, el primer caso es del año 2014 y corresponde a un requerimiento dirigido a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Años más tarde, en diciembre de 2016, la presidenta de la Asociación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), Alicia Lira, dirigió una carta al plantel solicitando que “la Universidad en un acto de reparación a esas mujeres y hombres que hoy no están, a los ejecutados y detenidos desaparecidos, les fuera otorgado a cada uno un título póstumo”.
Esta misiva de la presidenta de la AFEP, sumada al compromiso irrestricto en materia de memoria, justicia y reparación del entonces Rector, Ennio Vivaldi, y la vicerrectora Faride Zerán, permitieron la movilización de los esfuerzos y voluntades necesarias para los primeros pasos de este reconocimiento. Fue así como, posteriormente, la Cátedra de Derechos Humanos solicitó oficialmente a la Dirección Jurídica del plantel el decreto de creación de las distinciones. Luego de este paso, y con la toma de razón de Contraloría, el 11 de septiembre de 2017 se dió a conocer esta noticia trascendental para la comunidad.
Decreto N°0030766
El 23 de agosto de 2017, la historia de la Universidad de Chile en materia de derechos humanos marca un punto de inflexión. En un documento firmado por el entonces secretario general (s) de la Universidad de Chile, Fernando Molina, y el Rector Ennio Vivaldi, cuatro artículos dan forma al texto legal que permite, desde esa fecha en adelante, comenzar las gestiones y tramitación de investigación para otorgar distinciones universitarias.
En su primer artículo, el escrito da cuenta del reconocimiento que se entregará a estudiantes que fueron detenidos desaparecidos o ejecutados políticos entre el 11 de septiembre de 1973 y 10 de marzo de 1990. También, plantea que se entregará a quienes hayan sido desvinculados de la institución. Además, se detalla que será primordial considerar la existencia de sus nombres en los Informes Rettig, Valech o sentencias de Tribunales de Justicia.
Luego, en su artículo segundo, se agrega que el Rector otorgará la distinción previo informe de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, “que verifique la condición de estudiante, programa y periodo en que cursó estudios la persona en cuestión”.
De esta forma, los dos primeros artículos entregan las indicaciones más prácticas en cuanto al proceso de investigación, lo que llegó a complementarse el 25 de abril de 2018, fecha en que se emitió el decreto exento N°0014872, que modifica el decreto N°0030766 y establece una modificación en su artículo 1°, en este se agrega un cuarto inciso final, destacando que en caso de que no se cumpla con el requisito establecido en el inciso anterior, se podrá entregar la distinción siempre que el Consejo de Facultad o de Instituto correspondiente al área o disciplina del programa de estudios proponga fundadamente dicho otorgamiento.
Este inciso que se decide añadir resultaría fundamental en los casos que años más tarde llegarían como solicitud a la Universidad de Chile. Esto, debido a la dificultad que implicaría para algunos familiares enfrentarse al nulo registro físico de matrículas de la época ante los allanamientos y la eliminación en dictadura de libros y documentos históricos desde las bibliotecas de las distintas sedes de la Universidad. El caso de Luis Mahuida Esquivel es uno de ellos.
La precisión de la investigación
A este esfuerzo, que comienza con el decreto N°0030766, se sumó la creación de la Comisión de Verdad y Memoria de la Universidad de Chile, que hasta la fecha es integrada por el Archivo Central Andrés Bello, la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, la Dirección Jurídica y la Vicerrectoría de Asuntos Académicos. Es la investigación realizada en estos organismos lo que permitirá que meses después, se gestionara la primera nómina oficial de personas que recibirán las distinciones póstumas.
Este trabajo permitió que el 11 de abril de 2018 se realizara la esperada entrega de títulos póstumos y simbólicos y grados académicos póstumos y simbólicos. 100 diplomas, 100 nombres, 100 familias. Con emoción y orgullo, la ceremonia destacó la presencia de quienes ya no están. Los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos volvieron a la memoria en un acto de reparación simbólica, que requirió del esfuerzo de decenas de profesionales abocados a esta labor de investigación.
Si tuviésemos que fijar una línea temporal en torno a cómo se llega a concretar la entrega de títulos póstumos, será posible observar una serie de hitos, profesionales e instituciones clave en este proceso que cumple altos estándares de probidad y responsabilidad administrativa por parte de la Universidad de Chile, reglamentada bajo el decreto exento N°0030766 y el N°0014872.
Cátedra de Derechos Humanos
El artículo 2° del decreto exento N°0030766, cita que el rector otorgará la distinción de oficio a solicitud de familiares del ex estudiante, de organizaciones de familiares de ejecutados políticos o detenidos desaparecidos, entidades de defensa y promoción de Derechos Humanos, públicas o privadas, o de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones.
Con esta información, se comprende que la solicitud se debe formalizar por parte de quien eleva este requerimiento y se dirige directamente a la Universidad de Chile. En gran medida, los casos que han llegado hasta el plantel son canalizados por la Cátedra de Derechos Humanos, en donde el rol de las coordinadoras ejecutivas es crucial en la investigación previa para citar al Comité de Titulaciones Póstumas, espacio que determinará los lineamientos a trabajar en la investigación.
Posterior a este paso y cumpliendo lo establecido en el artículo 1° inciso 3, las profesionales de la Cátedra deberán verificar que las o los ex estudiantes ejecutados políticos o detenidos desaparecidos deban estar debidamente señalados en los reconocimientos oficiales efectuados por entidades del Estado, tales como el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Informe Rettig) o el Informe y nómina de personas reconocidas como víctimas en la comisión asesora presidencial para la calificación de detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y víctimas de prisión, política y tortura (Informe Valech II), o en sentencias de los Tribunales de Justicia.
Para la concreción de esta primera etapa de revisión en la información, el rol que cumplió la entonces vicerrectora de Extensión y Comunicaciones en conjunto a los profesionales de la Cátedra de Derechos Humanos, da cuenta del esfuerzo institucional por avanzar en materia de reparación simbólica a las víctimas y sus familiares.
Así lo confirma la ex coordinadora ejecutiva de la Cátedra, Karen Cea, profesional involucrada en esta primera etapa, relevando el compromiso sostenido que manifestó en su trabajo todo el equipo de la Vicerrectoría. Al respecto, la especialista en derechos humanos, resalta el proyecto impulsado por Zerán. “Sin esta mirada y sin el compromiso y convicción política de la vicerrectora este proceso no habría sido posible. Es ella quién recibió y acogió las demandas de las organizaciones de familiares y derechos humanos y decidió impulsar este proceso de titulaciones póstumas y simbólicas para comenzar a saldar esta deuda histórica de la Universidad de Chile con las y los integrantes de la comunidad perseguidos, ejecutados y hechos desaparecer por la dictadura civil militar”.
Asimismo, el coordinador académico de la Cátedra desde esa época, Claudio Nash, resalta la voluntad que existió en este proceso de que “fuera especialmente estricto, ya que cualquier error en esta materia podría ser usado para deslegitimar esta importante política reparatoria”. A esto, agrega que conocer la verdad “es un derecho de los miembros de esta Universidad y de la sociedad chilena a la cual esta casa de estudios se debe”.
Bajo este compromiso establecido por la Cátedra, también se suma a la coordinación desde el año 2022 la profesional Bárbara Azcárraga, quien desde la fecha asumió el rol ejecutivo de esta unidad alojada en la Vicerrectoría encabezada actualmente por la profesora Pilar Barba. Bajo su compromiso y el de todo su equipo, se permitió continuar este esfuerzo institucional de reconocimiento, reflejado en la ceremonia del año 2023 oficiada por el plantel en conmemoración a los 50 años del golpe de Estado, donde se realizó la entrega de ocho nuevos títulos póstumos, correspondientes a ex estudiantes de la carrera de Derecho y Sociología.
Vicerrectoría de Asuntos Académicos
Formalizada esta solicitud de acuerdo a la instrucción del decreto exento ya mencionado, se oficializa la citación al Comité de Títulos Póstumos, en donde se expone la información y se determinan los pasos a seguir. En concordancia con los acuerdos de la reunión del Comité, la siguiente institución involucrada en tomar acciones es la Vicerrectoría de Asuntos Académicos (VAA), quien de acuerdo a lo estipulado en el artículo 2°, debe emitir un informe que “verifique la condición de estudiante, programa y periodo en que cursó estudios la persona en cuestión”.
Para ello, las investigaciones por parte de esta unidad se vuelcan a los registros internos que guarda la Universidad, tanto en los espacios físicos de bibliotecas de la VAA, como los libros de la época que resguarda el Archivo Central Andrés Bello en la Casa Central de la Universidad de Chile.
Mandatados por las autoridades respectivas, los profesionales realizan una búsqueda exhaustiva, en la que debe existir constancia de los nombres, programas o carreras y periodos cursados por los ex estudiantes. Al respecto, una de las personas involucradas en las últimas entregas es la directora del Departamento de Pregrado, Leonor Armanet, quien agrega que su dirección a través de la Unidad de Admisión y Registros Académicos, verifica la información. “En la mayoría de estos casos, la búsqueda se realiza en libros físicos que requieren de un trabajo complejo y manual, ya que las personas están clasificadas por nombre, código de facultad y carrera. Por otra parte, la secretaría de estudio de la facultad involucrada aporta los antecedentes académicos que disponen”.
También, detalla que es posible recopilar antecedentes personales, como, por ejemplo, la tarjeta de estudiante, el carnet escolar “o incluso, cuando hay dudas, se juntan testimonios y cualquier antecedente que sea un aporte”. Armanet agrega que es posible aportar antecedentes complementarios como concentraciones de notas o ramos cursados, entre otros. Un ejemplo que se puede considerar es la investigación que realizó la Facultad de Derecho en la última entrega, en donde se entregaron las fichas originales de la época de estudiantes homenajeados.
Archivo Central Andrés Bello
En casos en que la Vicerrectoría de Asuntos Académicos no cuente con los libros físicos en sus instalaciones, el paso siguiente es la consulta directa en las colecciones históricas que resguarda el Archivo Central Andrés Bello. Esta unidad cumple un rol relevante en cuanto a los documentos originales provenientes, por ejemplo, del Instituto Pedagógico, la Facultad de Filosofía y Humanidades o los sumarios administrativos y sus respectivos expedientes, los que se conservan en los estantes del núcleo patrimonial hasta la fecha.
“Lo importante es aportar información fidedigna, validada en cuanto documento de archivo y documento histórico”, agrega su directora, Alejandra Araya, quien sostiene que los materiales provienen de distintas unidades y acervos de la Universidad, incluyendo los archivos de las Facultades. “Se ha trabajado con la AFEP y la AFDD en el proceso, por lo que el material inicial y familiar proviene de dichas instituciones, y se ha respetado completamente la protección de los datos sensibles y personales”, recalca la historiadora.
En un trabajo coordinado y apoyado por distintos profesionales, también destaca el rol que ejerció la coordinadora del Área de Investigación Patrimonial del Archivo Bello, Ariadna Biotti, quien se involucró desde las primeras etapas de investigación de este proceso. “Junto a la revisión y búsqueda en cada una de las biografías de los miles de víctimas, también fueron revisados los informes judiciales y testimonios. Una vez identificados, fui encomendada junto con Karen Cea, para buscar los registros de matrículas entre 1971 y 1989 y los formularios de matrículas habidos entre 1958 y 1971”, recuerda.
Dirección Jurídica
En perspectiva histórica, el rol de la Dirección Jurídica en la historia reciente de los títulos póstumos en la Universidad de Chile se remonta al 2017, año en que se preparó y firmó el decreto exento que crea las distinciones universitarias. Al respecto, uno de los profesionales involucrados en la época es el actual abogado de Rectoría, Juan Carlos Gimeno, quien comparte su testimonio en el presente reportaje.
“En un plano personal, me tocó participar activamente en las primeras gestiones de esta iniciativa, particularmente en la elaboración y tramitación de los decretos que la establecieron y la regularon, así como en las primeras resoluciones que otorgaron títulos y grados académicos póstumos y simbólicos. Fueron los esfuerzos y la entrega permanente de las familias y organizaciones, los que gatillaron los esfuerzos institucionales de quienes trabajamos por establecer este reconocimiento en aquel entonces”, sostiene.
A través de la redacción de oficios o injerencia en los actos administrativos y con el objetivo de prestar asesoría integral a Rectoría en cuanto a la resolución de toda clase de materias legales, la Dirección Jurídica también participa en el proceso de otorgamiento de las distinciones a través de su presencia en el Comité de Títulos Póstumos, el que analiza los casos de ser susceptibles de ser objeto de la distinción, con el objeto de asesorar acerca de los aspectos normativos relacionados con dicha materia.
“Teniendo en cuenta la función que cumple la Dirección Jurídica como órgano asesor de la Rectora, esta unidad verifica el cumplimiento de los requisitos normativos para conceder la distinción, previo a la dictación del respectivo acto administrativo de Rectoría y contribuye con ello a los deberes de reparación y garantía de memoria que forman parte de los compromisos de la Universidad con las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, sus familias y la sociedad en su conjunto”, agrega su directora, la abogada Liliana Galdámez.
Al respecto, Galdámez destaca el trabajo realizado por este órgano relevante en el proceso de investigación, el que cumple una labor trascendental “considerando que se trata de una materia de gran sensibilidad que busca garantizar mecanismos de reparación y contribuye a asegurar la memoria histórica”.
Memoria y reparación: una tarea de futuro
Bajo el compromiso adoptado por las distintas unidades involucradas en el proceso de entrega de Títulos Póstumos, resalta el rol que las organizaciones de derechos humanos mantienen hasta la fecha, debido a su incansable labor y relación directa con quienes perdieron a sus seres queridos, aquellos que hoy se hacen presentes luego de años de lucha.
Para Alicia Lira, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) y también primera en recibir la “Medalla Derechos Humanos y Democracia”, la distinción de títulos póstumos otorgada por la Universidad de Chile “finalmente es una forma de reparación a los estudiantes detenidos desaparecidos y ejecutados políticos”. Para Lira, “finalmente hoy se siente una gran alegría y satisfacción, ya que buscábamos reparar a las víctimas, pero en el proceso nos dimos cuenta de que fue un acto de reparación en lo moral y psicológico para los familiares, y esto irradia a lo colectivo. Esto ayuda a suavizar el dolor de los familiares”.
En esa línea, el vicepresidente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Álvaro González, recalca que este acto de reparación es importante “ya que viene a cerrar una parte de las vidas que fueron truncadas al momento de la detención o ejecución”. Para el dirigente, este proceso, desde el inicio en las entregas de 2018 se ha manifestado como una gran experiencia de reparación. “Poder entregarles sus títulos póstumos a familias que pusieron todas sus esperanzas en tener hijos e hijas profesionales les permite ir cerrando un ciclo de sus vidas. Para la AFDD participar de este proceso ha sido un privilegio ya que nos permite ser partícipes de un proceso de reparación que siempre es insuficiente”.
Esa tarea liderada por organizaciones de familiares, se retrata en el caso que inicia este reportaje. El Colectivo Bugambilia junto a los familiares de Luis Mahuida Esquivel, lucharon durante décadas por justicia y reparación. Desaparecido por agentes del Estado, este egresado de Pedagogía murió asesinado a los 25 años. Su esposa, sus dos hijas, sus hermanas y su madre, esperaron su regreso, el que nunca se concretó. Sin embargo, gracias al compromiso por la memoria que manifestó la Universidad de Chile y que retrata este reportaje, su madre que hoy padece Alzheimer, el día 9 de septiembre de 2022 se levantó ligeramente de su silla de ruedas, inspiró un llanto profundo y abrazó el título que reconocía el nombre de su hijo, a quien volvió a sentir en sus brazos, como el último día que lo vio con vida.