El martes 9 de enero pasado se realizó una reunión de trabajo con la Unidad Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente del Ministerio Público, en el marco del proyecto "Asesoría para la construcción de indicadores de persecución especializada en responsabilidad penal adolescente, en el marco de la implementación de la Ley 21.527", que fue adjudicado al Centro de Estudios de la Justicia de la Facultad de Derecho y al Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno, ambas de la Universidad de Chile.
El proyecto tiene por objetivo elaborar una propuesta de sistema de Indicadores y evaluación que atiendan a la especialidad y fines del sistema de responsabilidad penal adolescente, y cuya iniciativa surge a partir de la implementación progresiva de la Ley 21.527 que crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Esta iniciativa supone cambios relevantes en el marco de la persecución, tales como la incorporación de la mediación penal como un proceso restaurativo y especializado orientado a la reparación real o simbólica del daño y el fortalecimiento de la especialización del sistema por medio del establecimiento de salas especializadas, así como de fiscales especializados con dedicación exclusiva en causas de responsabilidad penal adolescente.
El proyecto busca proponer sistemas de monitoreo y evaluación de la gestión de fiscales especializados sensibles a las particularidades de la criminalidad juvenil y su persecución, así como a los principios que orientan el sistema especializado de responsabilidad penal.
En la reunión participaron Álvaro Murcia, subdirector de la Unidad Especializada de Responsabilidad Penal Adolescente junto a Carlos Gutiérrez, profesional de la misma unidad. Por parte del CEJ participaron su directora, Ema Salinas y la investigadora Macarena Pérez, y en representación del CESC participaron las investigadoras Monserrat Díaz y María José del Solar.