Los sistemas de financiamiento de la educación superior se encuentran en aprietos en todo el mundo. La gratuidad en las universidades estatales, el modelo más difundido, entró en crisis desde al menos los 90, debido al alto costo de oportunidad de los recursos públicos en necesidades mucho más urgentes. En Europa, esto limitó las posibilidades de crecimiento de la matrícula terciaria.
Otros países resolvieron el exceso de demanda por formación superior, mediante la expansión de la oferta privada o el cobro en las universidades públicas. Con 18 de las 20 mejores universidades del mundo, EE.UU. ha ido transitando hacia el cobro, cada vez mayor, en sus universidades estatales, para sustituir el declinante aporte de los estados. Esta medida es complementada con establecimientos privados de alta calidad, cuya docencia se financia exclusivamente con pago de los estudiantes y donaciones, y, más recientemente, universidades con fines de lucro. Estas han suscitado creciente controversia, porque atienden a una población de menor capacidad, pero con una oferta de dudosa calidad; gastando mucho en marketing para atraer alumnos y poco en formarlos, en comparación a las tradicionales.
Corea y China cobran en las universidades estatales y permiten la oferta privada, que depende básicamente de la disposición a pagar de las familias. Las instituciones públicas de ambos países están mejorando en los rankings internacionales, por una política que privilegia la excelencia, el esfuerzo personal y el mérito.
Desde 2015, Chile ha navegado a contracorriente. Mientras Corea ha aumentado su inversión pública en un punto del PIB en siete universidades estatales para colocarlas entre las 100 mejores del mundo, nuestro país ha hecho un esfuerzo equivalente, pero para financiar la gratuidad, desfinanciando a las universidades estatales y privadas. Una mera transferencia. No hay estrategia de creación de valor, ni parece haber intención de tenerla. Por el contrario, se anuncia un cambio en el sistema de financiamiento, sin reparar en que debiese ser solo un medio para materializar la estrategia. ¿No debiésemos discutir primero a dónde queremos llegar y después cómo hacerlo?
Por otra parte, el problema del endeudamiento estudiantil, donde se ha focalizado la discusión, es un detalle, que afecta incluso a deudores del crédito anterior al CAE: a todos los que, por haberse atrasado alguna vez en el pago de cuotas, no pueden acogerse al beneficio del pago contingente a ingresos y con límite de tiempo. Esto es lo que debe resolverse: que las personas paguen un porcentaje máximo de sus ingresos. Alcanzar la educación superior mediante un crédito le abrió un mundo de posibilidades a muchas personas, seis veces más que a quienes egresaron en los 80. ¿Cómo puede ser injusto que alguien pague por algo que lo benefició en lo personal y que, si no hubo beneficio, no pague? El beneficio ocurre si gana más de lo que pudiese haber ganado solo con enseñanza media completa. Menos del 5% de los jóvenes podría estar en esa situación. Si es por justicia, debiese preocuparnos mucho más la situación del 20% de los jóvenes que sigue sin terminar secundaria.
Aprendiendo la lección del fracaso constitucional, espero que el gobierno corrija el rumbo y deje de poner la carreta antes que los bueyes.