En los últimos días, se rechazaron 196 candidaturas de concejales, alcaldes, consejeros y gobernadores regionales por estar en el Registro Nacional de Deudores. De esta manera, quedaron fuera de las elecciones que se celebrarán en octubre próximo.
En noviembre de 2021, se creó este Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos, mediante la Ley 21.389, que introdujo cambios en el sistema de pago de estas pensiones. Posteriormente, en septiembre de 2022, se modificó esta ley para incorporar lo siguiente en su artículo 36, inciso segundo: "No podrán ser candidatos a gobernadores regionales, consejeros regionales, alcaldes o concejales quienes tengan una inscripción vigente en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos".
Según los datos que se dieron a conocer, los pactos con más candidatos deudores lo encabezan el Partido Republicano e independientes con 27 casos en 1.757 candidaturas, seguido por la lista de Chile Vamos, Renovación Nacional e independientes, con 27 casos en 2.071 candidaturas.
Incorporar esta normativa, sostiene Javiera Verdugo Toro, académica asistente del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, ha sido relevante porque “los hace responsable de la deuda que están generando”.
“En términos generales, ellos descansan en el hecho de que al niño nunca le va a faltar nada porque, si tienes a un niño viviendo en tu casa, cualquier familiar cubrirá esa necesidad, independientemente de la mamá o el papá. Una de las excusas que se escuchan es: ‘pero si el niño tiene de todo’, cuando el pago de la pensión de alimentos es una medida relevante en coparentalidad”, sostiene la académica.
Mireya Dávila, directora de la Escuela de Postgrado de la Facultad de Gobierno, califica esto como un avance significativo desde el punto de vista de la política y la justicia.
“Las políticas públicas reflejan valores y, en este caso, lo que se quiere proteger con la ley es la igualdad en la responsabilidad del cuidado de los hijas e hijos entre el padre y la madre y proteger los derechos de niñas y niños en términos de los recursos monetarios para su mantención”, sostiene.
Avanzar en igualdad
Dávila reconoce que es fundamental que los futuros electores conozcan esta información sobre quienes eventualmente serían sus representantes. “Hay que partir de la base que la gente para votar tiene que saber y para eso es importante justamente informar sobre esto”, destaca.
En esa línea, Verdugo le da relevancia al rol que cumplen las personas que participan de estas instancias de representación.
“Son cargos de representación pública, entonces, si no eres capaz de hacerte cargo de tu responsabilidades familiares, no sé qué tan buen representante vas a ser”, cuestiona la académica.
Las académicas valoran el efecto producido por esta normativa y plantean la necesidad de seguir incorporando un enfoque de género en las políticas públicas para avanzar en igualdad. Asimismo, señalan que esto ya ha ocurrido con la aprobación de la Ley N° 20.840, que, al sustituir el sistema binominal, introdujo una ley de cuotas que obliga a los partidos políticos a presentar un porcentaje no menor al 40% de mujeres entre sus candidatas.