Que no se alarme la izquierda –con la que me siento afectivamente vinculado– por el título de esta canción. Me refiero a la estrategia de privatización del sector de la salud que desencadenó el economista citado en el título, cuando pasó por el Ministerio de Salud en calidad de subsecretario, dando paso a la creación y puesta en marcha de las isapres. Años después, don Hernán sería ministro de Hacienda y, después de subir a la montaña, candidato a la Presidencia de la República, compitiendo con don Patricio Aylwin.
El citado estratega, en tanto subsecretario de Salud, no fue más allá de lo ya obrado a esas alturas por la dictadura en el sistema público, cuando en 1979 se creó el Sistema Nacional de Servicios de Salud, distinguiéndose 26 territorios descentralizados con patrimonio propio y se municipalizó el nivel primario de atención.
Paradójicamente, la reforma descentralizante del régimen instaló el comando del nuevo sistema en el corazón del Ministerio de Salud, específicamente en la subsecretaría, desde donde se gobierna en último término la red hospitalaria pública hasta el día de hoy.
Sin embargo, el estratega se dio cuenta prontamente de que por ese lado no estaba el camino de la privatización que se promovía por ese entonces en variadas materias, pensiones, etc., sino a través del traspaso de cotizaciones obligatorias de la salud a la administración de entidades privadas que se crearon para el efecto, las ya mencionadas instituciones de salud previsional (isapres).
Con restricciones para el financiamiento de asistencia médica para sus beneficiarios en la red hospitalaria pública de los recién creados Servicios de Salud, las isapres se transformaron en un impulso arrollador para el desarrollo de la oferta privada de servicios médicos, clínicas y redes ambulatorias, con inversiones que multiplicaron en varias veces la capacidad instalada del sector en las últimas décadas.
Los registros de los estados de resultados conjuntos de la Asociación de Clínicas AG son elocuentes. A la fecha, casi la mitad de la provisión de servicios que se realiza en Chile está siendo realizada por la red privada, parte importante de ella para beneficiarios de Fonasa a través de la modalidad de atención de libre elección (MEL).
Por estos días, Fonasa prepara la potenciación de dicha modalidad a través de la denominada modalidad de cobertura complementaria (MCC), surgida como resultado de la ley corta que se aprobó a consecuencia de lo dispuesto por la Corte Suprema para las isapres.
De paso, hoy por hoy Fonasa se encuentra comprando directamente prestaciones en el sector privado, licitación pública mediante, para la reducción de las listas de espera de la red hospitalaria pública. Las isapres, por su parte, se encuentran en una suerte de involución y están siendo sustituidas en su rol asegurador y comprador por Fonasa y los seguros complementarios.
Desde mi punto de vista, lo único que ocurre con esto es que las agencias que compran en el sector privado ya no son las isapres –en las que, en consecuencia, ya no haría más falta perseverar–, sino la nueva agencia que surge de Fonasa, más los seguros complementarios. Visto de otra manera, las isapres ya hicieron su trabajo y en lo que viene serán sus sustitutos quienes continúen haciéndolo.
Entonces parece que sí, que don Hernán Büchi tenía razón. La privatización de la prestación de servicios de salud vino desde el lado del financiamiento y hoy es un asunto desatado y sin retorno. Doy por resuelta la discusión de seguro único versus seguros múltiples administrando las cotizaciones.
Mientras tanto, los hospitales de la red pública agotan prematuramente sus presupuestos operacionales –para inversiones de reposición de equipos no tienen presupuesto–, al punto que la industria proveedora de insumos clínicos y medicamentos ocupa página completa en El Mercurio del sábado para reclamar por su sustentabilidad, dado que los hospitales no están comprando. Se cierne sobre los hospitales públicos el oscuro e irreversible estigma de la ineficiencia y, por qué no decirlo, también el de la corrupción.
Producto de lo anterior, la Ley de Compras restringe el accionar de los hospitales y la Contraloría General de la República los investiga por doquier. Ya nadie sabe bien qué ha de hacerse con ellos, si acaso es posible realizar alguna transformación de fondo que permita introducir estímulos o incentivos y más perspectiva de desarrollo. Hay sin embargo una paradoja, porque cuantiosas inversiones se vienen realizando en hospitales públicos bajo la modalidad de concesiones, lo que representa un flujo anual no despreciable y creciente de aporte fiscal para pagar a los concesionarios.
Uno de aquellos establecimientos concesionados emblemáticos, el Hospital Félix Bulnes, entró en cesación de compra a los proveedores, según se anunció por la prensa. Esta es una contradicción que deberíamos ser capaces de comprender –podría haber razones macroeconómicas, para la reactivación de la economía– y que debería ser resuelta.
¿Habrá llegado el momento de plantearse una reforma de la red hospitalaria pública? A diferencia de don Hernán, supongo, pienso que sí habría que hacerlo, porque de lo contrario no me cuesta mucho imaginar hacia el futuro una red hospitalaria pública deteriorada –con elefantes blancos incluidos–, una suerte de apartheid sanitario para los indigentes, como era la antigua beneficencia, con agrupaciones sindicales poderosas pero a la vez insignificantes, mientras los afiliados a Fonasa y sus cargas de los grupos B, C y D, muy probablemente adscritas a un seguro único y a la atención primaria universal, se beneficien de la compra de servicios de especialidad y de procedimientos y cirugías en el sector privado, robusto como don Hernán siempre soñó.