En el año 2020, el Ministerio de Defensa de Chile promulgó la Ley 21.250. Normativa que, en 2023, entró en vigencia con el objetivo de reglamentar medidas de vigilancia y control sobre sustancias químicas, agentes biológicos y toxinas utilizadas para fines no prohibidos, como la investigación.
Para abordar estos desafíos y en correlación con su compromiso público, la Universidad de Chile impulsó la creación del Comité Institucional de Bioseguridad y Biocustodia en enero de 2024, una institucionalidad de carácter transitorio coordinado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID).
Este espacio reúne a diversos académicos/as de la Casa de Bello, para la elaboración de una estrategia institucional en la materia, proponiendo funcionamientos y responsabilidades, además de coordinar el trabajo de cada unidad académica en el área.
Como parte de sus acciones, desde mayo de 2024, el Comité Institucional de Bioseguridad y Biocustodia está llevando a cabo una serie de visitas a los espacios académicos para la realización de un catastro para identificar el uso de sustancias químicas y agentes biológicos al interior de la Universidad.
Al respecto, el jefe de la Unidad de Estudios e Indicadores de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID), Leonardo Reyes, indicó que “las regulaciones en investigación existen en diversos ámbitos y cada vez tienen mayores exigencias tanto para dar un espacio seguro a las personas que realizan investigación, como para aumentar los niveles de biocustodia”. Además, agregó que “a través de la VID, buscamos generar sinergias entre los comités locales para proponer buenas prácticas y mejoras a situaciones comunes en varios laboratorios, pero que a través de los comités institucionales se permite avanzar más rápidamente”.
La académica de la Facultad de la Facultad de Odontología y presidenta del Comité Institucional de Bioseguridad y Biocustodia, Carla Lozano, destacó que “la Universidad de Chile entiende que es una prioridad dar cumplimiento con esta Ley ante el Ministerio de Defensa, iniciando un registro actualizado de las sustancias químicas, biológicas y toxínicas reguladas y que se estén utilizando con fines pacíficos. Con esto, la DGMN mantendrá un constante monitoreo, vigilancia y trazabilidad de estas, permitiendo y supervigilando de esta manera el desarrollo de una ciencia responsable”.
Asimismo, la Casa de Bello se encuentra trabajando en la redacción de un Decreto Universitario que creará, de manera oficial, al Comité Institucional de Bioseguridad y Biocustodia, el que, “tendrá que delimitar su funcionamiento y responsabilidades, articular la orgánica de trabajo con los comités locales de Bioseguridad y plantear una estrategia inicial para hacer cumplir la Ley 21.250 y su reglamento en la Universidad”, sostuvo Lozano.
Protección y garantías en investigación
Las visitas impulsadas por la VID y el Comité Institucional de Bioseguridad y Biocustodia para la realización de un catastro son ejecutadas por la prevencionista de riesgos, Natalia Mesa. Hasta la fecha se han recorrido las facultades de Ciencias, Ciencias Químicas y Farmacéuticas; Ciencias Veterinarias y Pecuarias; Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza; Ciencias Agronómicas; y Odontología. Así como, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos y el Hospital Clínico UCH. Prontamente, se visitará la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas.
Al respecto, Natalia Mesa, explicó que “las inspecciones son para pesquisar la presencia de sustancias químicas, agentes biológicos o toxinas reguladas por esta normativa; para crear un registro de las cantidades y responsables, manteniendo una base de datos a nivel institucional”.
A su vez, la especialista continuó indicando que “de existir presencia de alguna de las sustancias químicas, agentes biológicos y toxinas; se indican las medidas de resguardo en el almacenamiento y la responsabilidad en su uso, junto a otras mejoras en bioseguridad y biocustodia en cada laboratorio. Finalizada cada visita, se genera una instancia de retroalimentación, buscando entregar un aporte en estos temas”.
Esta acción garantiza una investigación responsable y acorde a los criterios legales y de fiscalización levantados por el Ministerio de Defensa a través de la Ley 21.250. Al respecto, Mesa concluyó que “esta es una oportunidad para que cada laboratorio de investigación revise y adecue su infraestructura según los niveles de riesgos y peligros de las sustancias químicas, agentes biológicos y toxinas reguladas, con el fin de elevar los resguardos en cada investigación a estándares de calidad y cuidado”.