Las ministras Andrea Muñoz Sánchez, de la Corte Suprema y Nancy Yáñez Fuenzalida, del Tribunal Constitucional discutieron –junto al anfitrión, el Decano Pablo Ruiz-Tagle Vial y la profesora de la Facultad, Marianne González Le Saux- sobre paridad, cuotas y perspectiva de género en el Poder Judicial. Y si bien en este último punto, todos estuvieron unánimemente de acuerdo, sobre el cuoteo de género hubo diferencias. La presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho, Catalina Huerta, también entregó el punto de vista de las futuras abogadas.
La ministra Yáñez señaló que el problema de las cuotas es que una vez que se alcanzan, se convierten en un tope: “Es un tema a discutir, ¿se puede anteponer el número a la calidad? ¿Una vez que ya está la cantidad de mujeres, no se nombran más? Si ya están sobrerrepresentadas en las instancias intermedias e inferiores, por qué no podrían estarlo en las instancias superiores y feminizar una institución, si nunca ha habido problemas en la masculinización de las instituciones”.
Por su parte, la ministra Muñoz, replicó “Yo no le hago asco a las cuotas. Una regla de paridad matemática es una acción afirmativa. (…) Lo cultural es muy fuerte, el liderazgo femenino es resistido, yo lo siento. Yo ejerzo un liderazgo en que el tema es incómodo. Me hace pensar que, entre otras muchas reglas, que son las de preferencia, al ser transitorias y dependen de la voluntad política, que hoy hemos tenido, puede que mañana no esté esa voluntad y se pueden bajar”.
El Decano Ruiz-Tagle, señaló respecto del tema de la paridad: “no olvido lo que dijo la ministra Yáñez hace pocos minutos; que las consideraciones de género, de identidad y características sexuales de una persona son categorías sospechosas. No podemos olvidar que, así como podemos avanzar usando esas categorías, podemos cometer grandes errores y generar el peor de los mundos que sería reconstruir una sociedad de estamentos, una sociedad que define las posiciones de poder según la identidad personal de quienes la integran. Uno de los grandes avances de la democracia constitucional, es esa idea que desarrolló el abate de Sieyes, un Tercer Estado, es decir una posición en el mundo de lo público donde todos somos iguales, particularmente en lo que se refiere al voto. Si reconstruimos una democracia identitaria, porque digamos las cosas como son, instalar una lógica de paridad aritmética, es decir según las identidades vamos a construir las formas de representación; es regresar a una lógica estamental. Por eso, es muy importante promover la incorporación de las mujeres y las categorías discriminadas en el mundo de lo público en condiciones de igualdad, pero no bajo una lógica numérica”.
Agregó como ejemplo el proceso constituyente chileno: “el ejemplo más original, pero no el más correcto fue el principio de la paridad. En el Colegio de Abogados produjo una guerra mundial. Luego, en la Convención Constituyente hubo dos ajustes que hacer en nombre de la paridad aritmética, sacando mujeres de la representación y poniendo hombres para que fueran 50 y 50. Con ese criterio, hoy en el TC deberíamos sacar una mujer y en la CS estamos pronto a que tuviésemos que aplicar una medida igual. Por eso no soy partidario de la paridad aritmética ni establecerla como un deber u obligación jurídica, sino de promover las condiciones de igualdad paritaria. Sin que exista una regla de que por ser mujer una persona debe ocupar un cargo o una posición pública, sino por ser una persona capacitada”.
“Hay que tener cuidado, porque la profesora, ministra y amiga Nancy Yáñez decía: ‘si tuvimos una democracia fundada sobre la lógica de los hombres, ahora qué problema hay de que tengamos una establecida sobre la lógica de las mujeres’. Yo digo que esa democracia que tuvimos sobre la lógica de los hombres estaba mal construida. Tenemos que tener no una posición inversa, sino una construcción diferente. Las mujeres que acceden a una posición de poder porque se establece una regla jurídica de paridad aritmética, siempre van a ser personas que se les va a imputar el haber accedido a esos cargos por el hecho de ser mujeres solamente”.
Sobre la perspectiva de género, acotó que “no es tan claro que, por el hecho de ser mujer, signifique tener una perspectiva del mundo. Si hay mujeres y hombres que tienen una posición semejante, una forma de votar, una forma de fallar, de tomar decisiones, yo diría que no es esencialmente diferente a los hombres. Puede aportar elementos novedosos, pero no por el hecho de ser mujer será una forma de resolver y de pensar totalmente distinta. Entonces, más que una retórica, más que una regla jurídica, aritmética, tienen que existir condiciones de discriminación positiva, pero no establecer una regla mágica que después por haber cumplido esa regla, hemos solucionado el problema de la discriminación contra las mujeres, porque no es así”.
La presidenta del Centro de Estudiantes de Derecho (CED), Catalina Huerta, intervino incluyendo la mirada de las futuras abogadas. Señaló que, al revisar la trayectoria de las invitadas, pensó en el llamado techo de cristal. Un concepto acuñado por primera vez por Marilyn Loden, que hace referencia a una barrera sutil que impide que las mujeres opten a cargos de mayor jerarquía dentro de las organizaciones.
“El poder judicial y otros órganos estatales no están exentos de los techos de cristal. A 54 años de la creación del Tribunal Constitucional, solo cuatro mujeres lo han presidido, siendo la tercera la ministra Nancy Yáñez. En la Corte Suprema, con sus 202 años, solo una mujer ha ejercido la presidencia de modo subrogante, la ministra Andrea Muñoz. Ambas egresadas de nuestra Facultad. Tenemos el orgullo de decir que en las paredes de Pío Nono se forman abogadas que salen a la sociedad a romper techos de cristal, con las herramientas que el Derecho entrega. Alcanzar cargos históricamente vedados, crear doctrina y cambiar la jurisprudencia sentada en los tribunales de justicia protegiendo y abriendo camino a las mujeres es también parte del rol público que cumple la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile”, agregó.
Destacó que ella es la novena presidenta del CED, en 182 años de historia de la Universidad y que su misión “es cultivar una formación de mujeres que sepan que el precedente no es el límite sino el punto de partida”.
Tema de gran interés
Mucho antes de partir el seminario, la Sala de Facultad en el tercer piso de Pío Nono, apenas daba abasto para albergar a la concurrencia que llegó entusiasmada a escuchar a los exponentes. Académicas, académicos, abogadas, abogados, estudiantes y más repletaron las instalaciones, por lo que hubo que habilitar una segunda sala para la transmisión de la actividad.
Una señal fuerte sobre la importancia y actualidad que tiene un tema que traspasa al Poder Judicial y a todas las instituciones públicas y privadas del país.
El Decano, anfitrión del encuentro, partió destacando la importancia de la mujer en la historia de la Facultad y recordó a la primera abogada de Chile y de Latinoamérica, Matilde Throup, quien egresó de sus aulas. También resumió las acciones realizadas para fomentar la participación femenina en la Escuela, donde hace un tiempo las alumnas superan -en un pequeño porcentaje- a sus compañeros varones. Un hecho que se repite en la generación 2025.
“Entre las iniciativas que hemos desplegado, está la promoción para incorporar más académicas al claustro, la integración de la perspectiva de género en el nuevo diseño curricular, en la evaluación docente, en nuevos cursos, diplomados y extensión. Estos son algunos de los esfuerzos que hemos hecho, pero no podemos cegarnos al hecho de que aún falta mucho por hacer. Las mujeres no han tenido un camino fácil en casi nada. Tampoco lo ha sido su acceso a la judicatura”, señaló.
Una larga travesía
Las palabras de Pablo Ruiz-Tagle cobran más sentido al revisar la historia.
En julio próximo se cumplirán 100 años desde que la primera mujer, Claudina Acuña Montenegro (la quinta abogada en el país), ingresó al escalafón primario del Poder Judicial como secretaria del Juzgado de Letras de Santa Cruz. Sin embargo, solo en 1997 un nombre femenino –Raquel Camposano- integró una quina para la Corte Suprema, pero no fue hasta el año 2001, que la jueza María Antonia Morales llegó al máximo Tribunal. Durante 178 años solo hubo hombres en la más alta magistratura del país.
Hoy, cuando la Corte Suprema tiene más de 200 años, la incorporación paritaria, la igualdad de condiciones para llegar a los altos cargos, sigue siendo un pendiente.
“El problema no ha estado en el acceso de las mujeres a la judicatura, sino en su incorporación a los cargos más altos en la estructura del Poder Judicial. Un fenómeno que, si bien se ha ido corrigiendo durante el transcurso de los años, persiste y está en consonancia con lo que suele ocurrir en otros órganos del Estado y en el mundo privado”, dijo Andrea Muñoz.
De acuerdo al Informe de Paridad del Poder Judicial (diciembre 2024), en la actualidad, en números absolutos, el organismo está integrado por 11.124 personas, de las cuales 6.643 son mujeres y 4.481 son hombres. En términos porcentuales, equivalen a 59,7% y al 40,3%, es decir hay una brecha de género de 19,4%.
En las Cortes de Apelaciones a nivel nacional, esa proporción se invierte, siendo mayor la proporción de varones. “Sin embargo, se aprecia una clara tendencia a cerrar la brecha de género, ya que de ser de -55,4% en 1990, ha ido bajando hasta llegar a un -6,8%. Las mujeres son un 46,6% y los hombres un 53,4%”, agregó la ministra Muñoz.
Sobre la brecha de género en la Corte Suprema señaló: “Ha ido ajustándose más lentamente; de -100% desde su creación en 1823 hasta 2001, fue estrechándose hasta llegar en la actualidad a ser de un 5,9%. Esto porque desde fines de octubre de 2024 hay 9 mujeres sobre un total de 17 integrantes, considerando que hay 4 vacantes, es una proporción que puede variar (52,9% vs. 47,1%)”.
El estudio “Desarrollo profesional ascendente y acceso a los cargos de mayor jerarquía en el Poder Judicial” (2020), dejó en evidencia la existencia de barreras culturales, organizacionales y normativas que limitan el acceso y la movilidad de las mujeres a los puestos de mayor responsabilidad.
“Entre ellas se encuentran, el mayor peso que se le atribuye normativamente a la antigüedad, lo que genera desventajas para las mujeres que han entrado más tarde a la carrera judicial. La doble carga de las mujeres, por el rol principal que tienen en las labores de cuidado, el tipo de ponderación de los antecedentes a la hora de postular a los cargos, que privilegia cursos y capacitaciones que suelen darse en horarios no compatibles con las labores que las juezas desempeñan al interior de sus hogares. Las dificultades para desplazarse a través del país, para lograr ascensos en la carrera, por la carga familiar. La existencia de cofradías en que se reúnen sus pares varones y de las cuales se excluyen a las mujeres, donde se forjan redes que son utilizadas a la hora de postular a los cargos, y la discrecionalidad en la conformación de las ternas, etapa en que es más factible que se incorporen sesgos y estereotipos acerca del tipo de cargos en que pueden desempeñarse mejor las mujeres. Si bien se reconoce que los procedimientos de reclutamiento y selección han introducido mejoras que los hacen más objetivos y transparentes, la percepción es que subsisten limitaciones y sesgos, como los mencionados, que generan desventajas para la movilidad y ascenso de las mujeres. La pregunta es si esos diseños institucionales, supuestamente neutrales al género, no contienen también elementos que generan esas discriminaciones indirectas (como por ejemplo la ponderación de los antecedentes)”, se preguntó la ministra Muñoz.
El dilema de la paridad
Por su parte la ministra Nancy Yáñez centró su presentación en el derecho a la no discriminación y una vida libre de violencia en la jurisprudencia del TC. Y ejemplificó con sentencias falladas y también no admitidas en el Tribunal. Entre ellas destacó la resolución del Tribunal Constitucional en 2017, que despenalizó el aborto en tres causales. Un requerimiento de inconstitucionalidad presentado por parlamentarios de Chile Vamos frente a la ley que despenalizaba el aborto en tres causales. El Pleno resolvió por 6 votos contra 4 mantener el proyecto aprobado por el Congreso.
También destacó el rechazo al requerimiento de inconstitucionalidad del requerimiento de un grupo de diputados y diputadas, respecto de la expresión “no sexista” y la conjunción “y” del artículo 12 del proyecto de ley que estatuye medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres, en razón de su género. Además, comentó la inadmisibilidad en casos como: la prohibición de cuestionar relato de la víctima (14.847 y 15.279); delito de femicidio (13.739 y 13.903); norma que impide penas sustitutivas tratándose de delito de violación (15.382; 15.312), entre otros fallos.
Sobre la necesidad de establecer un requisito de paridad como una norma expresa, en el nombramiento de los jueces de los altos cargos en los tribunales del país, la ministra Nancy Yáñez dijo:
“La paridad es fundamental, si queremos hablar en serio de generar cambios estructurales. Hoy efectivamente si uno observa la situación del TC, se diría que se dio aleatoriamente, en eso al menos dos de los poderes del Estado, involucrados en los nombramientos, estuvieron por nombrar mujeres. Lo que es un cambio cultural porque, igual era impresentable que hubiesen nombrado solo hombres. Eso tiene relación con los movimientos de mujeres, de las diversidades que se han generado. Sin embargo, esto no es una garantía. Y si no está normado, queda entregado a la discrecionalidad de las autoridades respectivas. Entonces la paridad como techo es un tema a discutir, ¿se puede anteponer el número a la calidad? ¿Una vez que ya está la cantidad de mujeres, no se nombran más? Si ya están sobrerrepresentadas en las instancias intermedias e inferiores, por qué no podrían estarlo en las instancias superiores y feminizar una institución, si nunca ha habido problemas en la masculinización de las instituciones”.
Respecto de la perspectiva de género, señala que se requiere de un esfuerzo político.
“Los debates en torno al género siguen estando pendientes en nuestra comunidad política. Y no se resuelven por la integración, sino más bien por la democratización de la sociedad y la función de las mujeres y de los distintos grupos tiene en la distribución del poder político. El género es un factor de democratización y no un factor de división, como se ha pretendido cuando se le estigmatiza como una corriente ideológica. Eso se verá reflejado en todas las instituciones, pero si se mantiene en el debate político”.
Por su parte, la ministra Andrea Muñoz replicó: “No le hago asco a las cuotas”. Y añade:
“Una regla de paridad matemática es una acción afirmativa. Hay un tema de representación que no debemos dejar escapar. A lo mejor hay que ser más creativo, aunque hoy estemos, entre comillas, en un buen momento y de todas las actividades que uno pueda realizar para eliminar las barreras. Lo cultural es muy fuerte, el liderazgo femenino es resistido, yo lo siento. Yo ejerzo un liderazgo en que el tema es incómodo. Me hace pensar que entre otras muchas reglas, que son las de preferencia, al ser transitorias, el día de mañana se pueden bajar. Por eso no le hago asco a las cuotas”.
Sobre la perspectiva de género, Muñoz dijo que ahí el desafío es formar, “educar y no solamente en las etapas nuestras, sino que en la educación temprana o lo que dice la ministra Yáñez sobre la educación no sexista, creo que es fundamental. Igual, como lo hace el Decano Ruiz-Tagle en la Facultad de Derecho, donde se incorporó en el currículum y en otras instancias la perspectiva de género. Jueces y juezas llegan a las cortes después de haber pasado por las Escuelas de Derecho y no se han acercado a estos temas. La Corte Suprema se ha preocupado de la capacitación, de incorporar cursos obligatorios para el escalafón primario en violencia, pero nunca es suficiente, eso es lo que asegura el contenido de los fallos. La perspectiva de género es lo que permite despojarse de todos esos sesgos y prejuicios que uno trae y que no permiten ver la realidad de los casos tal cual son. El riesgo es no aplicarla porque en definitiva te quedas con la posibilidad de fallar no conforme al mérito del proceso, sino cómo crees tú que tiene que ser el comportamiento de las mujeres. El desafío es abrirle la mente a juezas y jueces de que esta herramienta se tiene que utilizar y que la igualdad de género es un asunto de Derechos Humanos. Debemos actualizar el concepto de los Derecho Humanos, así como los derechos al cuidado”.
El Decano, profesor Pablo Ruiz-Tagle, cerró el debate y relevó la presencia femenina en la judicatura.
“La incorporación de más mujeres al Derecho significa una riqueza, una capacidad nueva muy potente, que estamos resaltando como fue el redescubrimiento de las más de 100 tesis de las primeras abogadas (1892- 1940) que tenemos publicadas en nuestra colección digital, pero sobre todo un pensamiento acerca del Derecho, de la Justicia y una posición ética renovada, que el Poder Judicial de nuestro país necesita en este momento tan difícil. Hemos visto dificultadas tanto en el TC como en la CS, creo que la mirada renovada que tienen las nuevas juezas, las nuevas personas que integran la judicatura con perspectiva de género, nos da mucha esperanza como ciudadanos, como personas de a pie, como profesores, como académicos, así que agradezco haber tenido a estas ministras conversando en nuestra Facultad”.