La Universidad de Chile atraviesa hoy un momento crucial en su historia. Este jueves, el Senado Universitario, tras un prolongado proceso de deliberación, votará la composición triestamental de los consejos universitarios.
Esta demanda no es reciente; por el contrario, representa una aspiración de la comunidad universitaria que se remonta, al menos, a 1918, cuando las y los estudiantes de Córdoba, Argentina, se alzaron por una universidad más democrática y por la modernización de sus estructuras, generando un movimiento estudiantil y académico que tuvo impacto en todas las universidades públicas de América Latina, incluida la Universidad de Chile, que desde entonces incluyeron en su ideario el desarrollo de la democracia interna y el compromiso ciudadano en un sentido amplio.
Posteriormente, la Reforma Universitaria de 1968 en nuestro país logró avances significativos en esta materia. Sin embargo, este proceso fue bruscamente interrumpido y revertido durante la dictadura cívico-militar. Años después, la conformación del Senado Universitario, concebido como un espacio de representación diversa, brindó una luz de esperanza para retomar estas aspiraciones. Hoy, la comunidad universitaria se mantiene expectante, reafirmando su compromiso con este anhelo de mayor participación y democracia interna.
No obstante, la implementación de la triestamentalidad ha generado reacciones desmedidas en algunos miembros de la comunidad. Sectores conservadores dentro del mismo Senado Universitario se oponen incluso a una propuesta de participación minoritaria de estudiantes y funcionarios/as no académicos en los consejos de facultad que debe implementarse por mandato legal, señalando que su implementación amenaza la convivencia interna y la excelencia académica de nuestra universidad.
Resulta lamentable constatar que estos razonamientos se sustenten en la idea, a nuestro juicio retrógrada, de que la Universidad deba limitarse a ser un espacio exclusivo de deliberación académica, desconociendo así su profundo e ineludible rol social y político.
Igualar la capacidad de decisión de los estamentos no es un acto de disociación funcional, como se sugiere, sino de restitución de lo común. No hay saber sin cuerpo, no hay investigación sin soporte material, no hay universidad sin estudiantes. Rehusar esta interdependencia no es custodiar la calidad académica, sino blindar la verticalidad institucional. En vez de temer a los espacios deliberativos “políticos”, habría que temer a la universidad, donde el saber se produce sin memoria y la crítica se castiga como ineficiencia.
Si la misión de la Universidad de Chile es resguardar la libertad académica y el pensamiento plural, su destino no puede decidirse sin la voz activa de todas sus partes.