La violencia ejercida por parte de agentes del Estado fue una de las situaciones complejas que se dieron en el marco del estallido social del 2019, afectando a centenares de manifestantes y generando una alta demanda de los servicios de urgencias en salud.
La masiva cantidad de víctimas de trauma ocular, bucal y máximo facial fueron ejemplos de los múltiples hechos ocurridos, propiciando la sobrecarga asistencial en espacios como la Unidad de Trauma Ocular (UTO) del Hospital del Salvador. En este período, la UTO atendió a 2059 casos de trauma ocular en solo dos semanas, situación inédita para el sistema de salud.
Abordando esta problemática, en el marco de la reciente conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos el pasado 10 de diciembre, UCHILE publicó el Policy Brief “Consideraciones psicosociales para la reparación integral de víctimas de violencia por agentes del Estado”. El documento, que fue creado por académicas/os y profesionales de las facultades de Odontología, Medicina, Ciencias Sociales, Derecho y Gobierno, propone una serie de recomendaciones que apuntan a la creación de una política permanente que norme la respuesta del Estado para las víctimas de violencia por sus agentes.
Gonzalo Rojas, académico de la Facultad de Odontología y autor principal del texto, mencionó que “por parte del Estado, no está muy bien definida una política para proceder en estas situaciones. En el estallido social, los equipos de salud no estaban capacitados para atender a personas con trauma físico provenientes de violencia. Por lo mismo, es importante tener un diseño integral que oriente el actuar desde los derechos humanos. No solamente deben estar considerados los integrantes del equipo de salud, sino que todos quienes participan en la atención de personas que han sido violentadas por agentes del Estado”.
Por su parte, la directora de Innovación de la Universidad de Chile, Anahí Urquiza, señaló que “desde la Universidad siempre buscamos aportar a la sociedad con conocimientos, estrategias y herramientas que ayuden a enfrentar los distintos contextos y desafíos que se van presentando. En este caso, generar antecedentes que permitan fortalecer la capacidad de respuesta de los servicios de salud frente a situaciones traumáticas asociadas a la violencia es fundamental, pues nos ayuda a comprender mejor el fenómeno y, al mismo tiempo, contribuir con mejoras concretas en los ámbitos sanitarios y jurídicos, con un impacto directo en la población”.
El insumo se suma a las acciones UCHILE que buscaron generar conocimientos al servicio del país en ese contexto. En esta línea, científicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, demostraron la presencia de metales pesados en los balines usados por agentes, elementos potencialmente tóxicos para la salud de las personas. También, las facultades de Odontología y Medicina, sumado al Hospital Clínico, pusieron a disposición de las víctimas un programa de atención clínica integral gratuito consistente en rehabilitación ocular, bucal y máxilo facial, además de apoyo profesional en salud mental.
Revictimización y retraumatización
Según acuerdos internacionales suscritos por Chile, el documento señala que el Estado tiene la obligación de reparar integralmente el daño causado, incluyendo medidas de restitución, compensación, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
En esta línea, el Estado ha realizado esfuerzos para poder reparar a las víctimas de violencia institucional mediante programas específicos de atención y acompañamiento a personas víctimas de trauma ocular. No obstante, las propuestas no poseen un enfoque integral, generando en muchos casos la retraumatización y/o revictimización de las personas afectadas, lo que ha repercutido incluso en el suicido de algunos pacientes.
Al respecto, Joaquín Varas, académico de la Facultad de Medicina y uno de los autores del documento señaló que “el documento expone cómo la ausencia de lineamientos que permitan una respuesta efectiva del Estado ante situaciones traumáticas ejercidas por violencia, puede generar situaciones de revictimización o retraumatización desde los equipos de salud relacionados a la atención en cualquiera de sus etapas”.
Por su parte, el profesor Rojas mencionó que “la violación de los derechos humanos tiene un impacto no solo para la persona, sino también un efecto de irradiación social. Ya que el trauma afecta a otras personas que no lo reciben directamente, pasando a ser vivenciado psicológicamente como un desamparo y desesperanza por un colectivo. La ausencia de una política amplía la repercusión social del trauma”.
Recomendaciones para una reparación integral
El documento entrega un conjunto de medidas que apuntan a restituir o compensar a la persona lesionada, restableciendo la situación previa a la ocurrencia del hecho o mejorando su atención al respecto de los derechos humanos. En este sentido, las recomendaciones se orientan en acciones estructurales, programáticas y tecno-clínicas.
Al respecto, el investigador Varas afirmó que “en aspectos estructurales, se propone una política pública de reparación con énfasis en la atención priorizada y recursos económicos sostenidos que den factibilidad a los procesos reparatorios. En ejes programáticos, se orientan medidas preventivas en la red de salud pública y operatividad de los planes y programas en funcionamiento, tales como formación específica en materia de DD.HH, el diseño de acciones de prevención de la revictimización/retraumatización, y el perfeccionamiento de la asesoría jurídica específica para personas y equipos”.
Mientras que el Profesor Rojas afirmó que “consideramos importante formar a las personas, principalmente a los equipos de salud, en perspectiva de derechos humanos, porque ahí hay un punto crítico, es la puerta de entrada a la red de protección que tiene que entregar el Estado a una persona violentada y eso implica que el equipo tiene que estar bien capacitado”.
En el ámbito técnico-clínicas, el documento propone protocolos que aseguren la continuidad de la atención reparatoria en los servicios de salud, incorporando apoyo psicosocial antes, durante y posteriormente a las diligencias jurídicas, entendiendo que son experiencias con alto compromiso emocional y que someten a la persona a una sobrecarga para sus recursos psicológicos.