En sesión la efectuada el 22 de mayo del presente año, el Senado Universitario de la Universidad de Chile rechazó la moción de la Rectora Sra. Rosa Devés Alessandri -por 19 votos contra 14-, debatida y apoyada por buena parte de los decanos, así lo entendí, en orden a que los 3/5 de los consejeros de facultad de libre elección fuesen académicos. Lo aprobado fue que la suma de la representación de los estamentos estudiantiles y del personal de colaboración sería igual a la de los académicos (25%, 25% y 50%, respectivamente). Como se ve, nadie se opuso a la participación con derecho a voz y voto de los tres estamentos, pero sí a su ponderación. Esto es un punto relevante, pues demuestra que no estamos tan distanciados en materia institucional, pero sí en los criterios concretos de lo que entendemos debe ser el buen gobierno universitario. En la presente columna describo el dilema que tenemos que resolver a través de un proceso que debe ser participativo y reflexivo, donde busquemos el mayor acuerdo posible. Debemos así hacerlo por el bien de nuestra casa de estudios y de un país que nos quiere ver volcados en nuestra misión propiamente universitaria y al servicio del “desarrollo material y espiritual de la Nación”.
¿Cuáles son los términos del dilema?
Unos apuntan a avanzar en la línea del Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile, que entró en vigencia en 1971 y que denominan democrático. Este, como se sabe, fue derogado por la fuerza con la intervención militar de nuestras universidades a partir del 11 de septiembre de 1973. Invocan la defensa del gobierno triestamental, participando todos en las elección de las autoridades universitarias, se fundan además en la noble herencia de las universidades medievales y en lo que sería la práctica consolidada en España, Alemania, Países Bajos, Francia o Australia o Nueva Zelanda. De esta manera, tendríamos una verdadera universidad de excelencia, inclusiva y participativa.
Otros sostenemos que siendo necesaria y justa la participación de los tres estamentos en los consejos de facultad, ello debe ser siempre respetando la responsabilidad diferenciada que existe en una institución cuyo deber absoluto es cultivar, crear y transmitir el saber superior de la humanidad. Como se lee en nuestro estatuto en su artículo 4, tenemos por principio estructurante la “participación de sus miembros en la vida institucional”, agregando que ello es “con resguardo de las jerarquías inherentes al quehacer universitario”. Valorando la reforma universitaria de los años sesenta del siglo pasado, ella fue parte también de un proceso de honda y trágica polarización de nuestras comunidades y que se dio en un contexto global, regional y nacional peculiarísimo y al cual no es posible, aunque así lo quisiésemos, volver.
Este es el corazón del debate de la sesión del 23 de mayo que, lejos de cerrarse, quedó abierto.
Como se sabe, las posiciones dentro del Senado Universitario se hicieron públicas en forma previa a la votación a través de las columnas de opinión del Senado que invito a leer. Esto generó una polémica fuera de los muros de nuestro órgano deliberativo. Así, algunos consideraron que los opositores al carácter triestamental de nuestra comunidad universitaria realizaban un “discurso sesgado, excluyente y abiertamente clasista”. Otros sostuvieron que el “triestamentalismo” nos llevaría a practicar un “verdadero suicidio”. Unos más, entre los que me cuento, sostuvimos que esta reforma, de importancia por los principios envueltos, se realizó sin informar ni menos consultar adecuadamente a la comunidad, cosa que fue de responsabilidad de todos. Se trató de una “reforma a la rápida”. Esto lo dijeron senadores de diversos estamentos y diversas orientaciones en una comunidad que sólo puede ser pluralista.
No creo que sea una especulación descaminada el decir que la inmensa mayoría de quienes aprobaron la ponderación señalada el día de ayer apoyan también la idea de que nuestras autoridades unipersonales sean elegidas mediante el voto directo, libre y ponderado de los tres estamentos. Si ello es así, ¿por qué no debatirlo, de una vez, como nos lo propusimos el 2014? Como se recordará, el 11 de julio de ese año el Senado, con los mismo número de 19 votos de un total de 37 senadores y senadoras, aprobó un reforma integral de nuestros Estatutos. Luego, se acordó realizar un Encuentro Nacional y un Referéndum consultivo tras escuchar la opinión del Consejo Universitario y a más de 800 académicos que así lo pidieron en una carta pública. Ese proceso nunca se hizo.
El Chile del 2025 no es el del 2014. Tampoco lo es el mundo. Asimismo no estamos frente a una propuesta de reforma integral, pero es inocultable que las posiciones ideológicas enfrentadas siguen presentes y que nuestro actual estatuto se inspira en una visión que algunos quieren radicalmente cambiar, por considerarlo poco democrático. Por ello, lo reitero, creo que es necesario hacer un proceso donde el mayor número de universitarios, en la forma más ilustrada y reflexiva posible, se forme una opinión acerca de cuál debe ser la estructura general de la Universidad. Advierto que la aprobación de un nuevo Plan de Desarrollo Institucional (PDI), que debemos hacer el próximo año, puede ser una buena oportunidad de conversar acerca de lo que entendemos por democracia en la Universidad. Hay quienes creen que esto no es prudente y que distraerá nuestras fuerzas. Puede ser. Sin embargo, esto lo debieron haber pensado mejor aquellos que vehementemente exigieron realizar una votación que sabían estrecha, que nos enfrentaría duramente (como ocurrió) y que supondría rechazar la propuesta de la Rectora y la opinión de buena parte del Consejo Universitario. Esto ya está hecho. No creo que sea buena política barrer debajo de la alfombra, ni tampoco resolver el tema apresuradamente ni por partes (como lo estamos haciendo).
No se trata de no hacer las cosas, sino que de hacerlas bien. Lo menos que puede hacer una comunidad sabia, antes de asumir una gran empresa, es detenerse y reflexionar. ¿Por qué no poner en práctica lo que predicamos, de tal manera que los universitarios nos sintamos y hagamos parte de este debate que es crucial no sólo para la Universidad de Chile, sino que también para nuestro país?
Nota del autor
He entregado un escrito a la Mesa del Senado donde ahondo estos puntos y he pedido que se publiquen la forma que se estime conveniente. Lo denominé “Universidad, participación estamental y cogobierno”. En sus páginas, a medio camino de un Documento de Trabajo y un simple punteo de ideas, argumento que la moción de Rectoría era prudente y justa. Además, aporto las razones por las que es conforme a los principios de un buen gobierno de los órganos colegiados de la Universidad, la participación con derecho a voto de los tres estamentos y que ello debe ser en forma diferenciada, de tal manera que la responsabilidad esencial siga recayendo en los académicos. Por último, en este informe se encontrarán mis razones por las cuales considero que no es adecuado postular lo que se llama polémicamente “el cogobierno universitario”, inspirado en el “Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile de 1971” y en las reformas aprobadas el año 2014.