A pesar de lo distante del lugar de reunión, Camerún, lo sucedido en Yaundé es fundamental para una economía como la nuestra. La Decimocuarta Conferencia Ministerial (CM14) de la Organización Mundial de Comercio (OMC) concluyó en la madrugada del lunes 30 de marzo sin lograr un paquete de decisión de consenso. Este resultado representa un traspié significativo para el sistema multilateral; especialmente crítico en un periodo de alta turbulencia económica. Al ser una organización “conducida por sus miembros”, el desenlace refleja asimismo la creciente complejidad para alinear aproximaciones en las que priman los intereses nacionales más inmediatos, con la gobernanza global.
Hoy que los aranceles y el proteccionismo comercial son nuevamente un instrumento de presión política. La ministerial no era un encuentro más. Siendo la segunda cita en África en tres décadas —tras Nairobi en 2015—, los Miembros buscaban ratificar un proceso de reforma profunda iniciado meses atrás, con el fin de “repensar la OMC de los próximos 30 años” y validar políticamente su capacidad como foro de negociación frente al avance de la vía unilateral y bilateral.
Además de la reforma de la OMC, la agenda de la Conferencia abarcaba otros temas de negociación como los subsidios a la pesca, agricultura, facilitación de las inversiones y las moratorias sobre reclamaciones no basadas en infracción de propiedad intelectual y sobre los aranceles a las transmisiones electrónicas.
El debate sobre los aranceles a las transmisiones electrónicas resultó ser el punto de mayor fricción. La postura liderada por Estados Unidos, que inicialmente proponía una moratoria indefinida, chocó con la de economías en desarrollo como Brasil, que promovía su fin, y podían aceptar sólo una extensión limitada.
Ante el estancamiento en Yaundé, las conversaciones se trasladarán ahora a Ginebra que es el espacio de trabajo técnico. Frente a la complejidad multilateral, destaca el dinamismo plurilateral. Estas iniciativas permiten que grupos de países avancen en agendas específicas sin requerir la participación inmediata de toda la membresía, como son el Acuerdo de Comercio Electrónico y el Acuerdo de Facilitación de las Inversiones para el Desarrollo, coordinado por Chile y la República de Corea.
El caso de este último es especialmente revelador para el análisis sistémico: a pesar de contar con el apoyo de 165 de los 166 miembros del organismo, su integración formal a la arquitectura legal de la OMC fue bloqueada por la oposición de un solo Miembro. Esta situación pone de manifiesto una de las mayores tensiones institucionales de la OMC, donde la regla del consenso termina operando, en los hechos, como una exigencia de unanimidad absoluta. Esto otorga, de facto, un poder de veto.
El escenario post-Yaundé plantea interrogantes fundamentales para el futuro de los organismos multilaterales y sus necesarias reformas. En primer lugar, surge el debate sobre la gestión del consenso. Esta dinámica ha demostrado ser un obstáculo complejo para la toma de decisiones en un entorno global que exige respuestas más ágiles. En segundo lugar, cobra especial relevancia el rol de las nuevas coaliciones y la forma en que se integrarán los avances de los denominados “poderes medios” o “amigos del sistema”. El desafío institucional reside en cómo incorporar estas iniciativas de carácter plurilateral sin debilitar el marco multilateral general.
Para economías abiertas y en desarrollo como la chilena, la vigencia del multilateralismo constituye la principal garantía sustantiva frente a la inestabilidad y la imposición de la ley del más fuerte. La OMC persiste como un foro de encuentro único e insustituible en la arquitectura global; su continuidad y fortalecimiento son fundamentales para garantizar que el comercio internacional opere bajo reglas claras y predecibles.