Las nuevas cuarentenas decretadas por las autoridades de salud, que se se extendieron a subterritorios de menor renta, más vulnerables y con mayor densidad de población, dejan en evidencia algunas problemáticas sociales relacionadas con las precarias condiciones de vida y los graves problemas de vivienda que afectan a muchas familias chilenas e inmigrantes.
Para el académico Jorge Inzulza, subdirector del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile (FAU), especialista en planificación urbana y fundador de la Red Académica de Diseño Urbano READU www.disenourbano.uchilefau.cl “es importante en este contexto de pandemia y cuarentenas, ver cuáles son las condiciones mínimas de equipamiento que deberían estar aseguradas en la ciudad y con foco especial en la vivienda, porque ésta última se transforma en el espacio habitual donde vamos a desarrollar una vida diaria y, por lo tanto, los elementos de la vivienda y su entorno inmediato son tremendamente importantes y vinculantes”.
Desde la perspectiva de Inzulza, “las características de las viviendas y el entorno de éstas, son las que acusan, de alguna forma, las desigualdades socio espaciales en la ciudad, al observar entornos habitacionales muy disímiles entre sí, muchas veces con falta de equipamiento e infraestructura urbana básica que aseguren la vida cotidiana”.
Es así como al decretarse las cuarentenas en sectores más vulnerables, se ha visibilizado la vida de ciudadanos y ciudadanas en viviendas sociales cuya superficie fluctúa entre 40 a 55 m2 y en la que viven familias conformadas entre 4 a 6 integrantes, muchas de ellas con adultos mayores, viviendas poco funcionales, con un sólo baño, y con graves problemas de construcción.
La densidad poblacional promedio de Santiago es de 75 habitantes por una hectárea, sin embargo, en los bloques de vivienda de interés social (VIS) este índice se multiplica significativamente, alcanzando los 570 habitantes por hectárea, es decir, casi siete veces más que la densidad promedio de la capital. Asimismo, en términos generales y no sólo considerando las viviendas sociales, el promedio de superficie de una vivienda en la comuna de Puente Alto es 58,88 m2 y en Vitacura es de 154,57 m2.
Yasna Contreras Gatica, académica y geógrafa de la FAU, además creadora de la página viviendamigrante sostiene que las condiciones de habitabilidad en contexto pandemia exigen mirar la diversidad de viviendas y de condiciones de habitabilidad. "El problema de hacinamiento no sólo afecta a muchas familias que viven en departamentos o viviendas de interés social producidas por el Estado.También afecta a los edificios en altura en comunas cómo Estación Central, Quinta Normal, Independencia, Recoleta, Quilicura, San Joaquín, entre otros, donde no ha existido regulación entre tamaño de los inmuebles; cantidad de ascensores. Aquí podría ser más complejo aún. ¿Quién está fiscalizando esto? También, el nivel de hacinamiento afecta a viviendas antiguas, subdivididas en diferentes comunas de Chile, e incluso, también en el campo, donde algunas familias inmigrantes están habitando hacinadas en condiciones de insalubridad".
Por su parte, Ricardo Tapia, arquitecto, especialista en vivienda social, académico de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la U. de Chile (FAU) y Director del Instituto de la Vivienda de la FAU señala que “las condiciones de habitabilidad de la vivienda social en Chile, así como su entorno mediato e inmediato, no están diseñadas para responder de buena manera a un enclaustramiento positivo para la salud mental. Los tamaños de las viviendas, tipologías de departamentos junto al hacinamiento son factores aún más negativos en la actual coyuntura”.
“La pandemia está exacerbando las desigualdades territoriales, que se evidencian en estos desastres socio-naturales. La crisis sin embargo puede ser una oportunidad para atender las carencias que afloran e incorporarlas como nuevos aprendizajes para el futuro, relacionadas de los modos de habitar”, añadió el Director del INVI.
La hiper-densificación de la ciudad
Junto a los problemas que genera el habitar en viviendas sociales, se suma el aumento de las personas que viven en las nanoviviendas y los llamados guetos verticales. Espacios de entre 17 y 40 metros cuadrados, en los que se experimenta la falta de privacidad, de luz, de áreas verdes y en los que abunda el ruido y el hacinamiento.
Las nanoviviendas según la Dra. Yasna Contreras "es la consolidación de un mercado inmobiliario privado desregulado desde la dictadura y flexibilizado aún más con el regreso a la democracia. Existe una oferta inmobiliaria que inventa una supuesta demanda residencial. No se trata de construir en exceso, porque eso también, afectaría la sustentabilidad de nuestros territorios".
“El problema de la hiper-densificación de la ciudad se debe a instrumentos normativos debilitados, en la que se explota la norma al máximo, generando problemas de calidad de vida, como la larga espera para los ascensores, la inseguridad en caso de incendio, el hacinamiento. Además hay problemas de saturación de las vías, de los estacionamientos, exceso de sombras, acumulación de basura, que tiene relación con la manera de hacer ciudad. Hay una afectación entre la búsqueda de máxima rentabilidad con el efecto que eso genera en la calidad de vida”, señala Alberto Texidó, académico de la Fau, ex presidente del Colegio de Arquitectos y Director de Extensión de la Fau.
Asimismo, el Premio Nacional de Arquitectura y arquitecto de la FAU, Miguel Lawner, señaló en diversos medios de prensa que "hoy en Estación Central los grandes promotores inmobiliarios encontraron un nicho de acción, desprovisto en apariencia de normas regulatorias, lo cual les ha permitido intensificar el uso del suelo urbano a niveles inimaginables, generando que precariedad habitacional que ahora se extiende a la clase media". Y agregó que "los grandes grupos económicos han intensificado a una escala inimaginable su participación en la producción de viviendas y estamos experimentando un período de graves transgresiones a las normas de construcción y a los instrumentos de planificación territorial. Son infracciones toleradas a menudo por las autoridades nacionales y municipales".
La Desregulación del mercado inmobiliario
Para la Profesora Yasna Contreras, especialista en acceso a la vivienda y el suelo de familias de migrantes e inmigrantes, la principal causa de los problemas de vivienda están relacionados a los altos costos de compra y de arriendo de estas.
“Hay un contexto anterior al Covid 19, enmarcado en la inseguridad social que no es reciente, se consolidó desde la dictadura hasta el supuesto retorno a la democracia. El desempleo y empleos precarios venían de muchos antes, si eso lo unimos a una especulación inmobiliaria, a una desregulación del precio de compra y de arriendo y, peor aún, una falta de regulación de cómo están habitando las familias en espacios hacinados del centro, pericentro de las ciudades Chile, eso se vuelve aún más complejo. La inseguridad social no sólo afecta a las familias más pobres, hay un conjunto de clases medias que no tienen capacidad de ahorro y que la crisis sanitaria complejiza su situación”.
En términos de proyección, el Jefe de la carrera de Arquitectura de la FAU, el arquitecto Juan Pablo Urrutia, señala que los efectos de la crisis sanitaria sobre los arriendos serán importantes. "Los arriendos de corto plazo, ligados al turismo, se paralizaron, y los de largo plazo se verán afectados por la posibilidad de mora en los pagos. Eventualmente pueden aparecer juicios y finalmente puede aumentar el allegamiento", explicó.
Asimismo, el profesor Urrutia señala que lo más probable es que aumente “la oferta de lugares en arriendo y va a bajar la demanda por las restricciones de movilidad y el desempleo. Por lo cual, los arriendos van a bajar pero todo depende del tiempo que dure la crisis, si se vislumbra que va a durar todo el semestre va a pasar eso y especialmente en las grandes ciudades”.
Si bien Yasna Contreras concuerda con el efecto inmediato de la crisis sobre los arriendos, para la académica el gran problema se sitúa en la falta de regulación de los precios de arriendo y sobre todo el subarriendo, “Dada la desregulación actual, cabe preguntarse quién va a fijar el precio, quién va a imponer responsabilidades a los propietarios, que están cobrando precios abusivos no sólo en Santiago, sino también en el norte del país, en el sur, en el campo, en las zonas rurales, se les está cobrando abusivamente a muchas familias, sobre todo a migrantes racializados, por vivir en una pieza o en una bodega”.
Finalmente, para la académica es fundamental que en el proceso de discusión constituyente “se desarrolle un debate con profundidad sobre el régimen de propiedad privada, que está muy instalado y afianzado en Chile por la Constitución actual y que permite que se consolide la desregulación. El tema del acceso de la vivienda debe ser un tema central en la Nueva Constitución”.