La Comisión de Armonización, integrada por 40 convencionales, tiene una importante misión de cara a la última etapa del proceso constituyente, que culmina el próximo 4 de julio: dar coherencia en forma y fondo al borrador de texto constitucional aprobado por el Pleno. Son 499 normas constitucionales que deben contar con un orden y estructura para que sea leído e interpretado de buena manera.
Para ese trabajo, la Comisión ha debatido, en sus primeras dos semanas de funcionamiento, en torno a cuáles son sus reales atribuciones. Es decir, hasta dónde pueden alterar o modificar el texto constitucional, aludiendo al mandato dado por el reglamento de otorgarle coherencia al texto. El trabajo partió con un análisis semántico y ortográfico, para brindarle una unidad de estilo a la redacción del texto. Luego de ello, pasaron a la etapa de ordenar por capítulos la nueva Constitución, las que finalmente quedaron en 12 distribuidos en el siguiente orden: Preámbulo; Principios y disposiciones generales; Derechos fundamentales y garantías; Naturaleza y medioambiente; Participación democrática; Buen gobierno y función pública; Estado regional y organización territorial; Poder Legislativo; Poder Ejecutivo; Sistemas de Justicia; Órganos autónomos constitucionales; Reforma y reemplazo de la Constitución y Normas transitorias. También se aprobaron los diferentes acápites para cada uno de estos 12 capítulos, siendo el más extenso de toda la sección el de derechos fundamentales con 143 artículos, seguido de Estado Regional con 70 normas, órganos autónomos regionales con 48, sistemas de justicia con 43, poder legislativo con 42, medio ambiente con 40, poder ejecutivo con 33, principios y buen gobierno con 25, y participación democrática con 24.
Ahora, en lo que resta de trabajo (dos semanas), deben entrar a las materias de fondo. En ese contexto, diferentes académicos expertos en derecho constitucional y público entregaron algunas observaciones. Entre ellos, los académicos de la Universidad de Chile, Francisco Zúñiga y Raúl Letelier.
El profesor Zúñiga llevó a cabo una serie de observaciones, partiendo por la sugerencia de darle una densidad normativa más acotada y breve a las normas. El académico expuso que “la nueva Constitución en borrador responde a la taxonomía de Constitución desarrollada o extensa, lo que hace recomendable una densidad normativa mínima, que -por lo demás- se ajusta a la competencia de esta Comisión de Armonización; lo que permite eliminar repeticiones, resolver contradicciones, corregir deficiencias del lenguaje escrito (ortografía, sintaxis, puntuación) y -en general- ajustar las piezas, atendiendo a incoherencias, incongruencias y deficiencias de técnica en general”. Esto significaría que la Comisión sí tiene dentro de sus atribuciones poder eliminar normas, para ajustarlas y darles la coherencia necesaria.
Junto con ello, alertó sobre el importante vacío que, a su juicio, implica la carencia de una norma permanente que establezca un quorum de reforma a la Constitución, siendo que en el mismo texto constitucional se establece el principio de supremacía constitucional. Así, con el objetivo de sanear dicha falla recomendó introducir una indicación de armonización para resolverlo en el texto permanente. “Se sugiere un quorum de mayoría absoluta. Es lo coherente con el reenvío al procedimiento legislativo, en particular, el artículo 36 (art.30 bis) y el rechazo del quorum mayor por el Pleno. No es una norma nueva, sino una redacción que permite superar una contradicción entre el quorum de ley y el de reforma constitucional”, indicó Zúñiga.
Por su parte, el profesor Raúl Letelier expuso acerca de los límites en las atribuciones que tiene o no la Comisión de Armonización, en medio de un intenso debate sobre hasta dónde puede llegar su trabajo. En ese sentido, expresó que el mandato del reglamento establece claramente que la Comisión debe proponer ajustes de fondo para apuntar a la solución de tres grandes problemas que pueda tener el texto: incoherencias, incongruencias, y errores formales.
Respecto a lo primero, el abogado sostuvo que “la Convención ha adoptado decisiones políticas que construyen un sistema o les entregan unidad o coherencia a grupos de normas. Es completamente necesario que ahora que por primera vez puede observarse el Proyecto de Constitución como un todo puedan revisar que todas las normas que están en un título tienen coherencia entre ellas, si le dan unidad a una decisión política previa”.
En ese aspecto, Letelier destacó la relevancia que tiene esta Comisión para proponer los ajustes que considere necesario al Pleno, quien por sus 2/3 deberá decidir si acoge o no las propuestas. En esa línea, el académico comentó que “la cantidad de convencionales y el tiempo para ellos revela que esta no es una comisión de mera técnica legislativa, sino que es una comisión que por primera vez verá un texto completo, hecho en partes por comisiones diversas, aprobado y votados por artículos (y a veces por incisos) donde algunas propuestas se aprobaron y otras no. Esta es una comisión de representación política. El sistema de patrocinios ha permitido la diversidad de miradas. Si se hubiese querido hacer una comisión solo de técnica legislativa debió construirse una comisión solo de abogados, sin importar su corriente política”.
Documento educación
Por otra parte, un grupo de profesores conformados por Claudio Gutiérrez, Carlos Ruiz Schneider y Mercedes López, académicos y académica de Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Facultad de Filosofía y Humanidades y Facultad de Medicina, respectivamente, elaboraron un documento, que fue enviado a la Comisión de Armonización, con algunas observaciones y sugerencias técnicas al capítulo referido al derecho a la educación.
En el texto, plantean -en alguno de sus puntos- resaltar y ordenar el papel del concepto de Educación Superior dentro del texto constitucional. En ese sentido, por ejemplo, sugieren armonizar algunos conceptos dentro de las normas ya aprobadas. Así también, recomiendan revisar ciertos conceptos presentes en algunas normas como: "Educación pública”; “instituciones públicas”; "privadas"; “instituciones de educación superior del Estado que forman parte del Sistema de Educación Pública”; "la educación pública constituye el eje estratégico del Sistema Nacional de Educación". En esa línea, el documento propone, si fuese posible dentro de los marcos de la armonización, clarificar los alcances de estas nociones y ordenarlas. Junto con ello, también sugieren uniformar en algunas de las normas el concepto de Centros de Formación Técnica.
Los autores del documento buscan relevar y resaltar el papel de la Educación Superior en la nueva Constitución, ya que esto, afirman, “tiene que ver fundamentalmente con un giro en la centralidad que la ESUP ha tomado en las sociedades actuales. Esto tiene que ver, por un lado, con la centralidad que tienen los conocimientos y las nuevas tecnologías en la constitución del capital, en el modo de producción dominante en la sociedad actual. Por otro, tiene que ver con el papel que la investigación rigurosa, los conocimientos y la cultura tienen para entenderse a sí mismo, al otro y a la sociedad actual y las características del trabajo, para poder actuar en ella, y desarrollar la vida de las personas y su sociabilidad”, finalizan.