En el marco de la conmemoración número 50 de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano en Estocolmo, Académicos y Académicas de la Casa de Bello, reflexionaron sobre la situación nacional e internacional en la materia.
Cincuenta años después de la primera conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente en Estocolmo, se llevó a cabo Estocolmo+50. En el encuentro participaron representantes de estado a nivel internacional, realizando un llamado a la acción ambiental audaz para lograr la implementación de Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
A escala global, los países han presentado diversos avances en la materia, tales como el Protocolo de Kioto, el Protocolo de Montreal, la Cumbre de la Tierra de Río, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el Acuerdo de París, entre otros.
Aunque ningún lugar del mundo está exento de la crisis climática, en el caso de Chile, América Latina y el Caribe, las consecuencias de este fenómeno podrían llegar a ser más intensas, pues el 91% de la población percibe las consecuencias de la amenaza climática en el territorio, de acuerdo con un estudio desarrollado por Ipsos y EDF.
En esta línea y formando parte de su rol como institución pública, la Universidad de Chile ha implementado diversos mecanismos para aportar al debate nacional en medioambiente. Una de estas medidas fue la implementación del Programa Transdisciplinario de Medioambiente (PROMA), coordinado por la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la Vicerrectoría de Investigaciones y Desarrollo (VID).
La Académica del Programa de Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública y miembro del PROMA, Karla Yohannessen Vásquez, sostuvo que el país “ha carecido de una perspectiva colaborativa, multidisciplinaria y política que promueva un crecimiento económico con enfoque prosocial y amigable con el medio ambiente”.
Avances en materia medioambiental en el país
La promulgación de la Ley Marco del Cambio Climático, la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, y el inicio del cierre progresivo de la Fundición CODELCO Ventanas en la Región de Valparaíso, son solo algunos de los hitos históricos que se han empleado para avanzar en los desafíos medioambientales.
Desde su creación oficial en enero 2010, bajo el gobierno de Michelle Bachelet, el Ministerio del Medio Ambiente ha tenido que sortear una serie de tareas sobre diseño y aplicación de políticas, planes y programas en la materia.
Para Marcelo Mena, ex Ministro de la cartera y actual CEO de la asociación público-privada Global Methane Hub, en la última década se han llevado a cabo avances en materia de descontaminación y saneamiento ambiental.
“Sin duda las descontaminaciones de las ciudades, con un 70% de reducción de material particulado en Santiago y en torno a un 50 y 40% en ciudades como Temuco y Coyhaique. Pasamos de sanear casi un 0% de las aguas servidas en los años noventa hasta casi un 80% de un volumen tratado de forma secundaria. Eso no tiene paralelo en Latinoamérica bajo ninguna circunstancia”, aseguró Mena.
Por este motivo es clave la adhesión del Acuerdo de Escazú, que apunta a reforzar la cooperación internacional, además de avanzar hacia el acceso de la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental.
Al respecto, la investigadora del Centro de Derecho Ambiental e integrante de PROMA, Ximena Insunza, comentó que el tratado internacional podrá impulsar la “necesidad de revisar nuestra normativa ambiental, determinar las brechas e impulsar proyectos de ley que se hagan cargo de ellas”.
“Escazú tiene normas para proteger a los defensores ambientales y si bien es muy probable que pueda ser aplicado como elemento interpretativo en la jurisdicción nacional, requiere un desarrollo legislativo para una mejor operatividad del estatuto de protección”, agregó la abogada.
Por su parte, el anuncio de la suspensión de la Fundición Ventanas de Codelco por parte del Presidente Gabriel Boric ha sido otra de las medidas empleadas a nivel nacional, sin embargo, existe el desafío de descontaminar el espacio.
De acuerdo a la académica Yohannessen, las comunidades de Quintero-Puchuncaví “han dado cuenta de la falta de fiscalización, de normativas permisibles que no cumplen con su objetivo de proteger la salud de la población. En este sentido, la decisión del cierre apunta en la dirección correcta”, finalizó.