U. de Chile propone nuevo mecanismo para minimizar impacto socioambiental de proyectos de inversión

“Co-creación de conocimiento para minimizar impactos socio-ambientales y viabilizar la inversión: nueva normativa aplicable a una desalinización sustentable”, es el nombre del nuevo Policy Brief lanzado por académicos y académicas de la Casa de Bello y la Universidad de Concepción. El documento fue coordinado por la Unidad de Redes Transdisciplinarias UCH y propone dos organismos en materia de  investigación para apoyar y complementar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, contribuyendo a minimizar los efectos socio-ambientales negativos de distintos proyectos de inversión.

En mayo del 2022 fue promulgada la Ley Marco de Cambio Climático (Nº 21.455), la cual plantea hacer frente a los desafíos que presenta el cambio climático, tales como la pérdida de biodiversidad, fomentar el uso de energías renovables, las olas de calor, entre otros. En este contexto, Chile se propuso el objetivo de alcanzar y mantener la neutralidad de emisiones de gases de efecto invernadero al año 2050. 

Con el Ministerio de Medio Ambiente, como la principal autoridad en la materia, esta ley establece distintos principios con los cuales se deberán ejecutar las políticas, planes, programas, normas, acciones y demás instrumentos para alcanzar dicha meta. Entre ellos, se encuentra el principio científico, el de participación ciudadana, territorialidad y transparencia, entre otros.

Bajo este escenario, el Policy Brief “Co-creación de conocimiento para minimizar impactos socio- ambientales y viabilizar la inversión: nueva normativa aplicable a una desalinización sustentable”, propone  la creación de un Comité Asesor de Investigación Asociativa y de un Equipo de Investigación interdisciplinaria con representantes de diferentes grupos de interés. Esto, en respuesta al planteamiento de que la normativa vigente no ha podido evitar en un 100% los conflictos socio-medioambientales.

El instrumento propuesto permitirá contar con evidencia científica de los potenciales impactos de los proyectos de inversión y que estos logren cumplir con estándares sociales y medioambientales que atiendan las preocupaciones de las comunidades locales. Si bien, el mecanismo se expone para el proceso de desalinización en la zona costera de Chile, este puede ser aplicado en otros sectores productivos que requieran garantías de factibilidad.

De acuerdo con Pablo Riveros,  jefe de la Unidad de Redes Transdisciplinarias de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo UCH, este texto se distingue por integrar a la institucionalidad ambiental a las y los actores sociales pertinentes. Y a su vez, a propósito del problema socio ambiental como la instalación de las plantas desalinizadoras, cuestiona cómo pueden ser parte de la toma de decisiones. 

“Lo interesante de este policy brief es que, además de tomar específicamente este problema socioambiental, se pregunta también por cuáles son los acervos de conocimiento y las miradas que pueden tener los actores territoriales en esta toma de decisiones”, expresó Riveros.

El documento fue escrito por; Andrés Couve, ex Ministro de Ciencia y Tecnología y académico de la Facultad de Medicina y la Facultad de Gobierno; Pilar Moraga, subdirectora del Centro de Derecho Ambiental y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y académica de la Facultad de Derecho; Rodrigo Moreno, investigador del Instituto Sistemas Complejos de la Ingeniería (ISCI) y Marcelo Olivares, ambos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Además, también participó Laura Farías, académica de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas de la Universidad de Concepción e investigadora del Instituto Milenio de Socio-Ecología Costera (SECOS) y del (CR)2.

Mecanismos colaborativos para el desarrollo sostenible

Este nuevo Policy Brief de co-creación de conocimiento responde a la nueva legislación que ofrece oportunidades para introducir normativa y estándares actualizados para conseguir un desarrollo sostenible en Chile. De esta manera, basándose en la problemática de la desalinización en las costas de Chile, las y los académicos proponen diseñar mecanismos complementarios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que involucren la participación de distintos grupos de interés en los territorios.

Para Andrés Couve, el documento consiste en una propuesta concreta para implementar mecanismos innovadores en base con la Ley Marco de Cambio Climático. “Complementa la normativa vigente y se hace cargo de proveer evidencia científica para la toma de decisiones en un marco de cooperación”, afirmó el académico.

Así, primeramente, el texto plantea la creación de un Comité Asesor de Investigación Asociativa, definido en el reglamento de funcionamiento del Comité Científico Asesor para el Cambio Climático creado bajo la Ley 21.455, que complemente de forma permanente la normativa vigente de evaluación de impacto ambiental. Este será compuesto por integrantes de la academia, comunidades, el sector privado, el gobierno regional y central, y dará cuenta de las condiciones y necesidades locales, promoviendo la investigación independiente y transparente.

Un desarrollo sostenible solo será posible cuando nuestros modos de producción sean coherentes con una visión del ser humano integrado en los ecosistemas, y nuestro planteamiento apunta a generar evidencia confiable para todas las partes que contribuya a materializar esa visión”, señaló Couve.

Por otro lado, el Policy Brief propone establecer un equipo de investigación de carácter interdisciplinario y multi-actor (con representantes de grupos de interés). Este deberá desarrollar los proyectos utilizando redes de colaboración, contará con un o una directora de Investigación y deberá cumplir con ciertas condiciones como el publicar sus resultados para todo público, entre otras.

A través de estas propuestas y de la evidencia científica, el grupo de especialistas busca que las inversiones puedan implementarse localmente en el marco de los nuevos compromisos ambientales. Junto a esto, que acompañen de manera permanente la actividad productiva, siendo un aporte en la disminución de impactos, riesgos, y barreras de implementación y operación.

La subdirectora de la Escuela de Salud Pública UCH y parte del comité editorial del Policy Brief, Lorena Rodríguez, afirmó que este documento es “un importante aporte a la forma en la que se debiera co-crear conocimiento para minimizar los impactos socio- ambientales”. Puesto que significa considerar las opiniones y preocupaciones de las y los distintos actores vinculados, destacando los beneficios de los proyectos, a la par de sus riesgos.

No siempre es muy fácil, porque implica tener muy claro el mapa de todos los actores que debieran poner su opinión encima de la mesa. Opiniones que debieran ser consideradas y tratadas antes de dar el paso a aquel proyecto de desarrollo, por más productivo que pueda ser. Esto como una forma de no solo evitar los conflictos socio- medioambientales, sino que también, de tener en consideración todas las aprensiones y también los beneficios que pueden plantear los distintos actores respecto a este tipo de proyectos”, finalizó Rodríguez.

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