Dar a conocer los principales hallazgos y propuestas que las personas hicieron en el proceso de participación ciudadana fue el objetivo del seminario regional realizado este lunes 25 de septiembre en dependencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, espacio que congregó a autoridades, académicos, académicas y expositores de audiencias. En nombre de la institución anfitriona, Liliana Guzmán, directora de Comunicaciones Estratégicas, reforzó el compromiso de su comunidad con el proceso de participación ciudadana. “Como institución, creemos firmemente en la democracia, en todos los procesos que ello involucra y, por ende, en la elaboración de la nueva Carta Fundamental”, afirmó.
Los secretarios ejecutivos Carlos Rilling e Ignacio Irarrázaval, junto a Valentina Rosas, coordinadora general de la Secretaría de Participación Ciudadana, reflexionaron junto a académicos de la Universidad de Valparaíso y de la Universidad de Playa Ancha sobre la importancia de una participación incidente de la ciudadanía y el interés colectivo e individual manifestado en este proceso por parte de miles de personas, materia que fue parte de los resultados expuestos en la instancia.
Durante el seminario, se generó un nutrido diálogo con los asistentes que, mayoritariamente, compartieron las preocupaciones expuestas en las audiencias públicas. Por ejemplo, se planteó la urgencia de estrechar la brecha entre la política y las necesidades concretas de las personas, también la atención a los adultos mayores y el derecho a una vivienda digna que no contribuya a la segregación urbana, así como los derechos de las familias en relación al cuidado de las infancias.
Participación de la región
Sobre la participación regional, se dio a conocer que hubo 25.661 apoyos para Iniciativas Populares de Norma, 115 Audiencias Públicas solicitadas, 115 personas integrando Diálogos Convocados y 888 en diálogos autoconvocados, además de 3.374 Consultas virtuales respondidas (la participación regional más alta después de Santiago).
Estos datos se vieron enriquecidos por los temas más frecuentes consignados en el informe final, los que fueron dados a conocer por Ignacio Irarrázaval: el fortalecimiento de la democracia participativa y representativa; así como las reformas para fortalecer el sistema político, electoral y la probidad de las autoridades. También destacan el mejor acceso a la justicia, la creación de una defensoría de víctimas, un Chile unitario y descentralizado, y la familia como núcleo fundamental, aunque hay un debate sobre las múltiples formas que esta puede tener.
“Respecto a los derechos sociales, se piden más garantías con algunas diferencias respecto a provisión, lucro y progresividad. Fue recurrente el derecho a la seguridad social, el derecho a la vivienda, el respeto a la libertad religiosa y de expresión, y la preocupación por el medioambiente. En este punto, hay un rol que se le imputa al Estado y también a las personas”, detalló el secretario ejecutivo de Participación Ciudadana.
Grados de incidencia
En referencia a estos resultados, Eduardo Muñoz, académico de la Universidad de Valparaíso, felicitó a la Secretaría por este desafío abordado en tan poco tiempo y destacó que el primer aprendizaje fue constatar que “los procesos participativos requieren tiempo de deliberación”. Sobre la capacidad de incidencia, en tanto, sostuvo que como país no logramos salir de la consulta, de los procesos de escucha. “Comparé el tercer proceso con el primero y si bien los temas han cambiado en su ponderación siguen siendo los mismos (…) Parece que hay una cultura del poder que cree que con dar un espacio para hablar estamos haciendo participar. Lo que les quiero decir es que hay que abrir espacios para que las instituciones escuchen, que no es lo mismo”.
En torno a la reflexión sobre la incidencia, Carlos Rilling indicó que “esto forma parte de un continuo de larga data, tenemos temáticas recurrentes y parece ser que no se abordan. Si bien es cierto que el trabajo que hicimos no es vinculante, va dejando registro para hacerlo presente”. Agregó, además, que el informe se presentó ante el pleno dos veces, ante cada comisión y frente a las organizaciones de la sociedad civil. Con estas últimas, indicó, se fueron “creando espacios de encuentro para que los mismos organismos puedan ir generando esa presión. Tenemos que hacerlo entre todos y no es una tarea que se agote con la Secretaría, nosotros dejamos una semilla para continuar”.
Al respecto, Valentina Rosas enfatizó que el proceso trató de fotografiar un momento constitucional donde se distinguieron avances notorios, como la cantidad de IPN que cumplieron con los requisitos y que fueron presentadas por sus propios autores ante el Consejo Constitucional. Sin embargo, la incidencia, señaló, “no solo depende de los consejeros, también depende de todos los que estamos acá, de la sociedad civil, de los dirigentes comunales que vuelvan a leer estos resultados, este esfuerzo de documentación, y llevarlos a la municipalidad, al Congreso (...). Esta información no es solo para el Consejo Constitucional, es para la sociedad y queremos que esté disponible por 5 años más para analizar y mirar nuestra realidad”.
Más información y el informe completo sobre la labor de la Secretaría en www.secretariadeparticipacion.cl