El pasado martes 26 de marzo, la comunidad académica de la Universidad de Chile, que trabaja temas relacionados con la bioseguridad y biocustodia, se reunió en las dependencias de la Casa Central para abordar los alcances de la Ley 21.250 dentro del plantel. La instancia fue convocada por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID) a través del Comité Institucional de Bioseguridad y Biocustodia.
Buscando cumplir con las convenciones internacionales sobre Armas Químicas y sobre Armas Biológicas, a las cuales suscribió Chile en 1993 y 1972, respectivamente, en 2020 se publicó la Ley 21.250. Esta normativa entró en vigencia durante 2023, con el objetivo de reglamentar las medidas de vigilancia y control sobre las sustancias químicas, agentes biológicos y toxinas utilizadas para fines no prohibidos. Esta Ley afectará a todas aquellas instituciones en las cuales el tema de bioseguridad y biocustodia les compete, principalmente en investigación, docencia y extensión.
En este marco, el Vicerrector de Investigación y Desarrollo UCH, Christian González-Billault, sostuvo que “la Universidad realiza un amplio trabajo de investigación, creación artística e innovación, en todas las áreas del conocimiento, por lo que varios de sus laboratorios utilizan material biológico y químico, que podría estar contemplado en los acuerdos que Chile firmó en materia internacional respecto de la no proliferación de armas químicas y biológicas”.
Cumpliendo con su rol público, la Universidad de Chile, a través de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID), creó Comité Institucional de Bioseguridad y Biocustodia para abordar estos desafíos. Según el Vicerrector González-Billault, “decidimos crear una primera institucionalidad de carácter transitorio, convocando a académicos de facultades e institutos. Por otra parte, buscamos avanzar en el diagnóstico de la realidad de los laboratorios UCH, cumpliendo las normativas existentes y coordinando de manera eficiente el trabajo para otorgar las certificaciones de bioseguridad que solicitan las agencias financiadoras”.
Este reciente espacio tiene como rol crear el futuro comité central, estableciendo su misión, funcionamiento y responsabilidades, articulando la orgánica de trabajo con los comités locales y planteando una estrategia para poder cumplir con la Ley 21.250 y su reglamento en la Universidad.
Según el director de Investigación UCH, Rodrigo Fuster, “la bioseguridad es uno de los ámbitos de la integridad en investigación, razón por la cual como Universidad nos hacemos cargo y lo consideramos relevante, pues toda investigación que contemple el uso de elementos peligrosos por la Ley debe cumplir con los protocolos de bioseguridad y biocustodia, para garantizar una investigación asociada con los estándares idóneos”.
Aplicación y abordajes en bioseguridad
El pasado 26 de marzo, la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo (VID), a través del Comité Institucional de Bioseguridad y Biocustodia, convocó a profesionales de las diferentes facultades de la Casa de Bello que trabajen en materia de bioseguridad y biocustodia. En la instancia, se informó sobre el proceso de aplicación de la normativa nacional, así como también, su aplicación en el quehacer de la Casa de Bello.
La jornada contó con la presentación del Mayor, Ricardo Pasten, de la Dirección General de Movilización Nacional (DGMN), entidad dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, a cargo de coordinar, vigilar y fiscalizar la aplicación de la Ley.
En su charla, el Mayor Pasten detalló que la Ley se aplica a “toda persona natural o jurídica, incluso aquellas que usan de modo ocasional agentes biológicos dentro del territorio nacional. Esto con el fin de evitar la proliferación y el uso mal intencionado de estos agentes”.
Para supervisar este proceso, la DGMN realiza una interacción continua y educativa con las instituciones involucradas en estas áreas, además de realizar análisis de datos y la confrontación de infecciones en los diversos espacios.
Por otro lado, en cuanto la aplicación de la Ley 21.250, el Mayor Pasten indicó que “tiene relación con el nivel de protección seguridad y estudio de los procedimientos estándares que tengan las instalaciones que vamos a inspeccionar, contando con el uso apropiado de la instalación, tecnología y los bienes que utilicen para trabajar sobre estos agentes químicos y biológicos”.
En materia institucional, la académica de Facultad de Odontología UCH y presidenta del Comité Institucional de Bioseguridad y Biocustodia, Carla Lozano, comentó “esta Ley nos obliga a mantener los registros actualizados de todas aquellas sustancias mencionadas anteriormente y que estén formando parte de nuestras investigaciones, así como también el equipamiento y los investigadores asociados”.
Asimismo, la profesora Lozano aseguró que la normativa también tendrá un “alcance en materias de educación, en el sentido que el concepto de bioética en bioseguridad se convierta en una cultura de la responsabilidad frente al uso y aplicación de la investigación. Por tanto, una de las responsabilidades más fundamentales del Comité es evitar el uso dual de una sustancia química/biológica/toxínica, es decir, para uso en investigación y como arma. Esto porque, como ya sabemos, se necesitan los mismos insumos para hacer un arma biológica que para una vacuna”.