Desde octubre de 2023, la educación superior entró en una nueva etapa, marcada por la implementación de nuevos criterios y estándares de calidad diseñados por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), en consonancia con las reformas promovidas por la Ley 21.091 de Educación Superior. Uno de los criterios recientemente incorporados es el de “Gestión de la convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión”, que busca dar respuesta a las transformaciones sociales de los últimos años, y que plantea importantes desafíos para las instituciones educativas.
La Prorrectora de la Universidad de Chile, Alejandra Mizala, sostiene que “es muy necesario considerar este nuevo criterio para la acreditación, porque la convivencia, la inclusión y la igualdad de género son valores fundamentales en sí mismos. En segundo lugar, son valores críticos para enriquecer el ambiente académico al proporcionar diferentes perspectivas, experiencias y conocimientos, así como para permitir que la educación superior sea verdaderamente accesible y justa para todos y todas y, por cierto, para desarrollar habilidades necesarias para un mundo diverso e incierto”.
Para Carmen Andrade, directora de Igualdad de Género de la Universidad de Chile, "sin duda, es una señal muy importante para las universidades porque pone en el centro de los procesos de acreditación la igualdad de género y el fin de las discriminaciones contra las diversidades sexo genéricas, como una de las dimensiones relevantes a abordar desde las políticas universitarias”. Agrega, asimismo, que “entendiendo que el sistema educativo reproduce, lamentablemente, las relaciones de desigualdad de género, quienes han luchado por las transformaciones educativas plantearon desde hace mucho tiempo que el proceso de acreditación puede ser un instrumento muy importante para lograrlas”.
El director de Acreditación Institucional, Thomas Griggs, opina que con la inclusión de este criterio “la CNA está diciendo que no puede haber calidad si no hay equidad de género o acciones que refuercen la igualdad entre estudiantes, académicas y académicos y funcionarias y funcionarios”. Destaca, en esta línea, que “todas las universidades del sistema deben demostrar que cuentan con políticas y acciones orientadas a la igualdad de género, tanto en su función docente, como en la investigación, el desarrollo de personas y la vinculación con el medio”.
“La importancia de la formación con perspectiva de género radica en la promoción de la no discriminación y la prevención de la violencia de género en todas sus formas”, opina la Prorrectora Mizala. “Esto es fundamental para crear sociedades más justas y equitativas que promuevan el bien común y la democracia. Precisamente, porque el educar con igualdad de género permite que las personas se conviertan en agentes de cambio en sus comunidades, fomentando liderazgos femeninos y masculinos, y contribuyendo a sociedades más equitativas”.
Incorporación del Criterio 7: Convivencia, equidad de género, diversidad e inclusión
El criterio número 7 para la acreditación de universidades chilenas se sustenta en que “la universidad promueve el desarrollo integral de su comunidad en todo su quehacer, y responde en su gestión a los desafíos en materia de convivencia, equidad de género, respeto a la diversidad e inclusión, en función de sus propósitos institucionales”.
Para la directora de la DIGEN, “esto es, sin duda, un gran avance, sobre todo porque, además de un criterio específico, considera un enfoque transversal que no se restringe a un área o un ámbito del quehacer de la Universidad, sino que plantea desafíos para el conjunto de las políticas y de la gestión universitaria. Para seguir en esta línea, en las universidades esperamos que a futuro se explicite en los criterios tanto la equidad de género, que por sí misma es muy relevante, como también la igualdad de género, referida no solo a oportunidades, sino también a resultados”.
En el documento “Orientaciones para el Uso de Criterios y Estándares del Subsistema Universitario en Procesos de Autoevaluación”, la CNA señala que las instituciones deben desarrollar e implementar políticas, programas y acciones concretas para garantizar un ambiente universitario respetuoso, inclusivo y libre de discriminación, e implementar medidas que promuevan la igualdad de género, reconociendo y abordando las brechas existentes en términos de acceso, participación y desempeño académico entre personas de diferentes géneros.
En este marco, la Prorrectora Mizala explica que “la Universidad ha asumido una agenda de igualdad de género y no discriminación, incorporando dicha perspectiva en su Plan de Desarrollo Institucional y comprometiendo acciones para garantizar la equidad en los espacios de representación y de dirección, así como el acceso a jerarquías académicas superiores, incorporando la perspectiva de género en la docencia -de hecho, la perspectiva de igualdad de género está incorporada en el modelo educativo-, la generación de conocimiento, y la extensión universitaria”.
Comenta, además, que en estos años la Universidad de Chile “ha establecido diversas políticas, normativas, así como unidades de género en todas las facultades e institutos. Además, varias acciones y políticas implementadas por la Universidad han servido como referente para el desarrollo de políticas a nivel del sistema de educación superior, como es el caso de la ley que promueve políticas integrales orientadas a prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia y la discriminación de género, y el proyecto de ley que busca regular los derechos de estudiantes de educación superior en situaciones de embarazo, maternidad, paternidad o cuidado de personas dependientes”.
Carmen Andrade destaca que, “desde 2019, se ha desarrollado un proceso de reconocimiento en estándares de igualdad de género, denominado “Sello Genera Igualdad”, que permite mirar de forma integral la cultura y las prácticas institucionales para estimular las transformaciones que se requieren en todas las áreas y niveles del quehacer universitario. En enero de 2022, la Universidad recibió la certificación correspondiente a la primera fase por parte del PNUD, que involucró a cinco vicerrectorías y dos facultades (FCFM y FACSO), y actualmente está trabajando en una segunda etapa, a la que se sumaron las facultades de Medicina, Arquitectura y Urbanismo, Economía y Negocios, Derecho y Filosofía y Humanidades, además de la Vicerrectoría de Tecnologías de la Información”.
Denisse Quijada, directora de Género de la Facultad de Medicina, afirma que “el Sello ha sido clave para que las facultades hayan podido institucionalizar las políticas y medidas de igualdad de género, porque al estar dividido en dimensiones nos permite ir incorporando acciones concretas en cada una, y hacerles seguimiento. Este trabajo nos ha permitido introducir la mirada de género en las distintas carreras y en el quehacer de la misma Facultad (…) Además, es un aporte sustancial al cambio cultural, que es fundamental en estas materias, porque introducir la perspectiva de género no es fácil, se generan muchos prejuicios y resistencias, sin entender las grandes brechas que hay en todas las áreas”.
Concuerda con esto la Prorrectora, quien destaca que “alcanzar la igualdad de género es un proceso de largo aliento, pues implica un cambio cultural. Lo importante es que ya hemos comenzado a caminar. Este proceso incluye diferentes tipos de acciones: desde, por ejemplo, el uso de lenguaje no sexista, establecer políticas de ingreso en determinadas carreras, ya sean masculinizadas o feminizadas, promover equilibrio en las contrataciones, hasta la integración de la perspectiva de género en todo el quehacer de la institución”.
La directora de DIGEN agrega que “la Universidad de Chile viene trabajando desde hace muchos años en materia de igualdad de género y erradicación de la violencia y la discriminación. Falta aún mucho camino por recorrer, sin embargo, hay diversos logros concretos y avances que resaltar en el marco del proceso de acreditación. Y, precisamente porque contamos con todo este bagaje, es que tenemos la expectativa de que esto sea un verdadero sello identitario de la Universidad de Chile en este proceso”.
“En estos logros han participado todas las vicerrectorías, las diversas facultades e institutos, todos los actores universitarios, y -lo que es muy relevante- ha habido voluntad política por parte de las autoridades. Ha sido este conjunto de factores los que se han conjugado para poder estar hoy en un muy buen pie respecto del proceso de acreditación, y sobre todo para plantearnos nuevos desafíos”, destacó Carmen Andrade en la reciente cuenta pública de la DIGEN.