Camila Álvarez Garretón, es hidróloga e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR2) de la Universidad de Chile, y en colaboración con investigadores de distintas disciplinas, ha liderado investigaciones que destacan la magnitud de esta crisis y la urgencia de tomar medidas coordinadas y sostenibles para enfrentarla (Boisier et al., 2024). “El cambio climático y los usos antrópicos de agua han generado una crisis de seguridad hídrica en Chile central”, señaló Álvarez en referencia al evidente aumento de las temperaturas y el descenso en las precipitaciones, una tendencia que proyecciones científicas robustas sitúan como un fenómeno sostenido en el tiempo. Los efectos de estas variaciones climáticas afectan la disponibilidad de agua en diversas cuencas del país y amenazan el equilibrio entre el uso de recursos hídricos y la sostenibilidad de los ecosistemas.
Uno de los ejes de trabajo de Álvarez en el CR2 es comprender las interacciones del clima y la superficie, y los acuíferos, considerando las condiciones de suelo, topografía y vegetación particulares de Chile. Con esto, busca poder evaluar y proyectar el estado de vulnerabilidad de Chile ante el cambio climático. Su investigación ha revelado que Chile no solo enfrenta una baja de precipitaciones, sino también un grave problema de uso excesivo del agua subterránea, recurso que, en una situación sostenible, debería actuar como reserva adicional de agua en épocas de baja precipitación. “Estamos usando ahorros subterráneos a una tasa mayor a la de recarga, lo que aumenta la vulnerabilidad de futuras generaciones y podría llevarnos a una condición de día cero”, advierte Álvarez (Alvarez-Garreton et al., 2024). Este uso representa una situación que no es sostenible en el tiempo, provocando decaimientos sostenidos de las napas freáticas y elevando los costos de acceso al agua en comunidades rurales que dependen de pozos y norias, afectando principalmente a las poblaciones más vulnerables.
Los estudios liderados por Álvarez y colegas del CR2 también destacan la importancia de integrar ciencias naturales y sociales para construir soluciones efectivas (Alvarez-Garreton et al., 2023). Una oportunidad relevante en esta materia es la implementación de la Ley Marco de Cambio Climático, una normativa que busca fortalecer la resiliencia de Chile y establecer metas claras en la reducción de vulnerabilidades hídricas. “Para que la política pública avance en seguridad hídrica, debemos comprometer metas claras y cuantificables, como, por ejemplo, reducir el estrés hídrico en cuencas del país hasta alcanzar niveles moderados”, explica.
La investigadora enfatiza que una de las primeras metas debería ser la creación de indicadores específicos de estrés hídrico que permitan medir el progreso en cada cuenca. “Nos enfrentamos a un reto que puede verse de forma similar al de carbono neutralidad: debemos fijar metas y definir caminos para alcanzarlas. Sabemos, por ejemplo, que Aconcagua presenta un nivel extremo de estrés hídrico; una meta viable sería reducirlo a un nivel moderado para 2050”, añade.
Álvarez sugiere que es crucial planificar medidas de adaptación a corto y largo plazo que permitan cumplir con metas de seguridad hídrica claras. Estas medidas deberían evaluar los costos y beneficios socio-ambientales distintos tipos de tecnologías avanzadas para el aumento de la provisión de agua, como la desalación, en conjunto con soluciones locales de gestión, reducción y optimización del uso agua, especialmente en el sector agrícola. “El sector agrícola es el mayor consumidor de agua, y por lo tanto el que más podría verse afectado por las reducciones de disponibilidad en el futuro”, comenta, subrayando la importancia de considerar explícitamente estas reducciones en la planificación a largo plazo, tal y como se expresó en los policy briefs desarrollados por el CR2 con observaciones al Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y al Plan de Adaptación al Cambio Climático – Sector Recursos Hídricos.
La investigadora llama a un enfoque integral en el uso del agua, uno que incluya la acción ciudadana y la eficiencia en el uso cotidiano del recurso. “Aunque el impacto individual puede parecer pequeño, todo cuenta. La suma de esfuerzos es significativa cuando lo miramos a una escala regional o nacional”, sostiene. También enfatiza que, para que las soluciones tengan éxito, se necesita no solo una voluntad política clara, sino también una toma de decisiones informada basada en ciencia. “Sabemos que estamos utilizando los acuíferos de una forma que no es sostenible en el tiempo y que esto afecta principalmente a sectores vulnerables y aumenta la vulnerabilidad de generaciones futuras. Es tiempo de implementar políticas basadas en evidencia, que sean explícitas en cómo dar prioridad a la sostenibilidad de estos recursos”, concluye.