En el marco del «Ciclo de Diálogos: Continuidad, Reforma y Transiciones del Derecho Ambiental», organizado por el Centro de Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, el pasado jueves 11 de diciembre se realizó la séptima sesión, titulada «Aciertos y Desafíos a 10 años del Acuerdo de París», instancia moderada por el Dr. Ezio Costa Cordella (subdirector del CDA). El diálogo reunió a destacadas y destacados académicos para reflexionar críticamente sobre el estado actual del régimen climático internacional y los desafíos que enfrenta su implementación, semanas después de la realización de la COP 30 en Brasil.
Como panelistas, participaron la Dra. Pilar Moraga Sariego (directora del Centro de Derecho Ambiental y del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia), Javier Dávalos (Líder de Política Climática de The Climate Reality Project) y Flávia Do Amaral Vieira (Gerenta para la COP30 en LACLIMA y Asociada Jurídica en el Center for Climate Crime Analysis).
El Acuerdo de París se adoptó en la COP21 el 12 de diciembre de 2015 y fue suscrito por la República de Chile el 20 de septiembre de 2016, publicándose en el Diario Oficial el 23 de mayo de 2017. De acuerdo con su texto al mejorar la aplicación de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático “incluido el logro de su objetivo, tiene por objeto reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza”. Así, el Acuerdo busca “”a) Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático; b) Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos; y c) Situar los flujos financieros en un nivel compatible con una trayectoria que conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero” (artículo 2.1).
La Dra. Flávia do Amaral Vieira compartió su perspectiva desde la experiencia de la realización de la COP30 en Belém do Pará, ciudad de la cual es originaria. Destacó los efectos locales y políticos de que la conferencia se realizara en la Amazonía, subrayando la ampliación de espacios de participación para pueblos indígenas y movimientos sociales, así como la realización de una cumbre paralela de los pueblos. Asimismo, relevó avances simbólicos y estratégicos en la negociación, como la incorporación explícita de las poblaciones afrodescendientes en documentos centrales de la Convención, vinculándolos con una comprensión más robusta de la justicia climática.
Por su parte, la Dra. Pilar Moraga Sariego, directora del Centro de Derecho Ambiental y del Centro del Clima y la Resiliencia (CR)2, enmarcó la COP 30 como una etapa de evaluación e implementación del Acuerdo de París a diez años de su adopción. Valoró los consensos alcanzados en materia de reducción de emisiones, transición tecnológica y energías renovables, pero advirtió sobre las brechas persistentes en adaptación, particularmente en la definición de metas e indicadores claros. Además, destacó la creciente articulación entre derechos humanos y acción climática, así como el rol cada vez más relevante de la litigación climática y de los tribunales nacionales e internacionales en la consolidación de un Derecho Internacional del Clima. Finalmente, Javier Dávalos, quien también es investigador visitante en la Universidad Complutense de Madrid, puso el foco en los avances vinculados a la transición justa. Subrayó la adopción de un nuevo arreglo institucional en el marco de la COP, impulsado por la sociedad civil, que busca avanzar desde el intercambio de experiencias hacia la cooperación técnica y, eventualmente, el financiamiento. Asimismo, abordó las tensiones emergentes entre comercio y cambio climático, especialmente a propósito del mecanismo de ajuste en frontera por carbono (CBAM) de la Unión Europea, destacando los desafíos y oportunidades que estos instrumentos plantean para América Latina.
La sesión permitió relevar el rol central del Derecho en la gobernanza climática actual, tanto en la implementación de los compromisos internacionales como en la incorporación de enfoques de justicia climática, derechos humanos y transición justa. El diálogo evidenció que los desafíos del régimen climático van más allá de los acuerdos formales, requiriendo fortalecer la participación, la cooperación regional y la efectividad de los mecanismos de financiamiento. Más aún, de cara a la COP 31, se concluyó la necesidad de avanzar en hojas de ruta claras para la reducción progresiva de los combustibles fósiles y en una acción climática coherente con las realidades del Sur Global, incorporando distintas perspectivas desde la sociedad civil y la academia.