El Centro de Estudios en Seguridad Ciudadana (CESC) de la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, realizó un ciclo de talleres interinstitucionales en el marco del pilotaje del proyecto que diseña un mecanismo de seguimiento y monitoreo del crimen organizado para Chile, con el impulso del Ministerio de Seguridad Pública y el Banco Interamericano de Desarrollo.
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La instancia, que reunió a instituciones del ecosistema de seguridad y justicia, buscó introducir a la matriz de caracterización del fenómeno criminológico a partir de los indicadores elaborados por el CESC. Así, jefaturas técnicas de Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, Ministerio Público, Subsecretaría de Seguridad Pública, Servicio Nacional de Aduanas, Gendarmería y la Unidad de Análisis Financiero, evaluaron en una primera instancia la pertinencia técnica del instrumento, que pretende contribuir a nivel de política pública en la materia.
Sobre el impacto de este proyecto para el estudio del crimen organizado en el país, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, afirmó que “la única forma de ser eficaces en materia de seguridad pública y crimen organizado es sobre la base de la evidencia. Por eso, este proyecto resulta tan significativo, porque contribuye a través del análisis y el seguimiento de este fenómeno a la generación de políticas públicas que hagan más eficiente su persecución.”.
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En tanto, la investigadora y coordinadora de Investigación del CESC, María José del Solar, agregó “el ejercicio de validación sobre la pertinencia y factibilidad del instrumento es fundamental para lograr los objetivos del proyecto que, en sintonía con la visión del CESC, pretende generar evidencia rigurosa que aporte al debate y la construcción de la política pública”.
La metodología presentada corresponde a la continuación del trabajo realizado entre los años 2023 y 2024, donde el CESC diseñó el mecanismo original incorporando evidencia internacional, análisis comparados y marcos criminológicos avanzados. Durante esta nueva fase, el pilotaje permitirá evaluar la pertinencia operacional de los indicadores, además de ajustar aquellos que requieran adaptarse a los recientes cambios institucionales, como la instalación del Ministerio de Seguridad Pública o la creación de los Equipos de Crimen Organizado y Homicidios de la Fiscalía.
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Los talleres interinstitucionales buscan asegurar que el instrumento sea viable y útil para las agencias del Estado, permitiendo capturar la complejidad del fenómeno a través de sus tres dimensiones principales: los grupos criminales y su organización interna; los mercados ilícitos que explotan; y el contexto institucional y social que puede inhibir o facilitar su expansión. La interacción entre equipos técnicos de las distintas instituciones permite validar supuestos, detectar vacíos de información y fortalecer los mecanismos de interoperabilidad entre sistemas de datos.
El resultado final de este proceso contempla una matriz ajustada, técnicamente validada, y un documento guía que permitirá ordenar la información disponible sobre crimen organizado en Chile, facilitando la acción coordinada entre instituciones y aportando a una política pública más transparente, eficaz y basada en evidencia.
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