"La Universidad de Chile avanza: los compromisos se cumplen"
ORGULLO, GRATITUD Y RESOLUCIÓN DE FUTURO
Orgullo. Gratitud. Resolución de futuro. Esos son los sentimientos que me embargan cuando pienso en la celebración del 166 aniversario de la Universidad de Chile.
Orgullo. Porque somos parte de una comunidad universitaria que a lo largo de su historia, y cualesquiera que hayan sido las circunstancias históricas que ella haya enfrentado en lo interno y externo, siempre ha sido capaz de preservar a la Universidad de Chile como la soñaron sus fundadores: la sucesora legal de la Real Universidad de San Felipe, creada en 1758; la Universidad del Estado de Chile, desde 1842; la Universidad de todos los chilenos y chilenas; pública, nacional, laica, y de excelencia, el más importante referente cultural e intelectual de la Nación.
Orgullo, porque somos parte de una Universidad de Chile que hoy, de manera objetiva, se alza como la universidad chilena preferida por los estudiantes secundarios del país; como la universidad chilena más reconocida y respetada internacionalmente por el oficio y productividad de su cuerpo académico; y como la universidad chilena más admirada en el país por la calidad y generosidad cívica y social de su cuerpo estudiantil.
Gratitud. Hacia esta Universidad de Chile que durante su existencia ha hecho posible que cientos de miles de chilenos y chilenas, como la inmensa mayoría de ustedes y como yo, hayamos cumplido el sueño de formarnos como profesionales, ciudadanos y personas en la institución que representa la expresión más esencial de la educación pública meritocrática, pluralista, diversa, tolerante e intelectualmente libre de nuestro país, sin más limitaciones que nuestras propias limitaciones, y sin más herramientas que nuestros talentos y trabajo.
Gratitud hacia la Universidad de Chile que también siente el país entero, por ser ella la más gravitante, influyente y más antigua contribuyente a la impregnación de los valores republicanos en el desarrollo nacional.
Resolución de futuro. Soñar y pensar en grande; auto imponiéndonos metas exigentes con voluntad ganadora; convencidos de que representamos una alternativa para contribuir a configurar de otro modo el país que tenemos; convencidos de que podemos seguir estando adelante, haciendo de la innovación el motor de nuestro desarrollo institucional y el sello de nuestra contribución al desarrollo nacional. Generar en nosotros la capacidad y la actitud de resolución de futuro será la fuerza que nos impulsará en pos de los sueños de cada uno de nosotros, y que le permitirá a la Universidad de Chile avanzar en el siglo XXI con la obra que nació de una ilusión rubricada por la mano de Don Andrés, el más soñador de todos.
En su aniversario número 166, y con estos sentimientos en la mente, y también en el corazón, los invito a mirar lo que es hoy la Universidad de Chile, lo que en conjunto hemos construido por años. Y al hacer esa mirada, creo que tenemos razones para estar contentos y ser optimistas, porque siento que estamos en la senda que soñó Andrés Bello.
INICIO DE UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD
Y qué mejor ejemplo de lo que como comunidad universitaria hemos sido capaces de emprender, que recordar que, al final del siglo recién terminado, y cuando se nos hizo evidente la necesidad de repensar nuestra Universidad, nos propusimos concretar nuestros sueños redefiniendo nuestra Misión, y los objetivos y estructura interna que nos permitiera cumplir con ella a la luz de los desafíos del nuevo siglo.
Con gran audacia, y también apego a nuestros principios tradicionales de pluralismo, tolerancia, respeto, diversidad y participación nos dimos a una tarea colectiva que se materializaría, finalmente, en el nuevo Estatuto Universitario, única iniciativa de este tipo en el sistema universitario nacional estatal. Este cuerpo legal establece una nueva y más compleja organización, basada en tres órganos superiores: la Rectoría, un Senado Universitario en el que se deposita la tarea normativa, y un Consejo Universitario con atribuciones ejecutivas. Se crea además el Consejo de Evaluación y se define el ámbito del quehacer de las Facultades e Institutos.
La nueva institucionalidad se inicia con la instalación de esta Rectoría, en Junio de 2006, la que asumimos con el compromiso de preservar a la Universidad de Chile como una universidad pública y nacional, laica, y un referente intelectual y cultural de la Nación al servicio de nuestra sociedad y de contribuir a que se constituya, por su calidad, en una universidad de clase mundial y que continúe siendo la gran formadora de las futuras elites dirigentes del país en los valores republicanos y de la excelencia.
UN ESTILO DE CONDUCCIÓN PARTICIPATIVO Y EFECTIVO
Es claro que los cambios institucionales, siendo fundamentales, no garantizan el éxito.
Por esto, al asumir la Rectoría hace dos años y medio, declaré mi voluntad de enfrentar los desafíos que impone la conducción de la principal y más compleja universidad del país, con un estilo de conducción participativo pero efectivo. Dije, entonces, que eso requeriría de una alta dosis de confianza, tanto en nuestra vocación de universidad pública, como en nuestra capacidad de lograr una inflexión en nuestra relación con la sociedad, avanzando con ello hacia un modelo sustentable de universidad estatal para el nuevo siglo.
También dije que se requeriría de una buena dosis de convicción y fuerza para vencer la inercia que impide el cambio, pero que garantiza la placidez del status quo. Estoy convencido de que los tiempos que vivimos exigen, de quienes conformamos las instancias de conducción universitaria, de acciones enérgicas y efectivas que nos permitan un actuar institucional acorde con los ritmos de la sociedad en la que se instala hoy nuestro quehacer universitario.
La velocidad de cambios que manifiesta nuestra sociedad pone a prueba la capacidad de adaptación de todas las instituciones pero, particularmente, la de nuestra Universidad. Ella debe enfrentar esos desafíos manteniendo nuestra libertad intelectual, nuestra tradición de construcción participativa y aumentando nuestra capacidad para pensar sin límites, para soñar nuestra sociedad y contribuir en su desarrollo.
En estos dos años y medio hemos avanzado concretando iniciativas que venían de antes --pues cada rectoría siempre construye sobre lo que otras han construido anteriormente-- y hemos iniciando otras. Pero por sobre todo, hemos buscado crear las condiciones para un sostenido y bien fundamentado desarrollo de la Universidad.
Mi trayectoria universitaria me indica que el desarrollo de la Universidad se origina, fundamentalmente, en el trabajo silencioso y creativo de cada uno de sus miembros. Y que quienes somos responsables de la conducción académica de la institución, tenemos el desafío de agregarle valor al trabajo de las unidades y de sus integrantes, de modo que ellos encuentren en la rectoría un facilitador y un impulsor a su quehacer y no un obstáculo.
En el ámbito interno, cabe destacar que nuestra confianza en un sistema participativo de gobierno ha sido valorada y, a pesar de momentos difíciles, hemos logrado avanzar en nuestros planes contando con el aporte de toda la comunidad.
El avance mostrado en nuestras actividades e indicadores académicos son alentadores, desde los rankings nacionales a los mundiales, que nos muestran entre las primeras de América Latina y en lugar destacado en el mundo, hasta la calidad de nuestros estudiantes y cuerpo docente. Todo ello corresponde a la iniciativa, esfuerzo, creatividad y talento de nuestra comunidad universitaria.
La modernización en infraestructura que muestran las unidades se debe al trabajo y financiamiento propio que cada una de ellas ha generado, lo que representa un aporte generoso, pero bastante inusual, al patrimonio universitario y estatal.
En el campo externo, observamos que nuestro mensaje y propuestas fundadas están siendo comprendidos y apoyados, lo que constituye un aliciente para seguir en nuestro empeño.
OCHO COMPROMISOS DE LA RECTORÍA PARA EL PERÍODO
Al momento de asumir la Rectoría identifiqué ocho compromisos programáticos para el período y hoy, que marca la mitad del camino, es momento de dar cuenta de cuánto hemos avanzado en el logro de ellos.
El primer compromiso de esta Rectoría fue conducir de manera efectiva y participativa la puesta en marcha de la nueva estructura institucional contemplada en el nuevo Estatuto y la nueva forma de gobierno institucional que eso conlleva. No obstante las dudas de diverso orden que se vertieron en su momento, con orgullo podemos decir que este compromiso está plenamente cumplido. Esto ha sido posible gracias al trabajo generoso y comprometido de todos los miembros de la comunidad universitaria, especialmente de quienes han sido elegidos o designados para integrar los diferentes organismos, construyendo con ello una nueva institucionalidad basada en la confianza entre todos sus miembros y con el ánimo de aportar a una misión que nos enorgullece. Así, la nuestra es hoy una institución cimentada en una madurez tanto individual como colectiva que nos permite alcanzar niveles de participación responsable y ordenada, aspectos sobre el cual aún estamos creciendo.
El segundo compromiso de esta Rectoría fue contribuir eficazmente a la definición, por parte del Senado Universitario, de un Proyecto de Desarrollo Institucional que se constituyera en un norte para nuestra gestión, en conjunto con el programa que presenté como candidato a Rector. El PDI fue aprobado por el Senado Universitario en agosto de 2006 y nos entrega una mirada profunda y sin concesiones de lo que debiera ser el nivel y pertinencia de nuestro quehacer universitario, nos plantea nuestras virtudes, debilidades y oportunidades e indica los lineamientos generales para orientar el logro de los objetivos institucionales. Constituye una visión común que influye en la vida de cada órgano de nuestra Universidad para el logro de las metas ahí definidas. Todas las iniciativas y acciones de esta rectoría han tenido como propósito contribuir al logro de los seis objetivos estratégicos definidos en el PDI, algunos de los cuales dicen relación con estos ocho compromisos. De igual modo, cada Facultad, Instituto y el Hospital Clínico ha avanzado - de acuerdo a sus capacidades y oportunidades- hacia el cumplimiento de estos objetivos estratégicos y de ello dan prueba los diferentes indicadores institucionales.
El tercer compromiso de esta Rectoría fue mejorar las remuneraciones de nuestros académicos, algo que no se producía desde comienzos de los años noventa. A pesar de nuestras limitaciones financieras, fuimos capaces de proponer las medidas para hacer un gran esfuerzo institucional, de modo que en los años 2007 y 2008 las remuneraciones de todo el personal universitario se reajustaron en el índice de remuneraciones del sector público. Esto no era la práctica usual, toda vez que hasta entonces el poder alcanzar los niveles de los reajustes de remuneraciones del sector público quedaba sujeto a las capacidades económicas de cada una de las unidades, con las heterogeneidades que esto generaba.
Además, y a pesar de tales limitaciones financieras, el año 2007 tuvimos la capacidad para imaginar y llevar a la práctica, con el apoyo institucional y de todas las unidades, la asignación AUCAI, de modo de mejorar las remuneraciones de los académicos de media jornada y superior que postularan, en un 25% del promedio de cada jerarquía. Quisimos que, desde un comienzo, esta mejora de las remuneraciones estuviera sujeta al cumplimiento de tareas académicas específicas -en este caso la docencia de pregrado- con el propósito de estimular el compromiso de los académicos con sus estudiantes.
Con mucha satisfacción podemos decir hoy que el año 2008 el número de académicos beneficiarios aumentó en un 6,4 por ciento respecto del año anterior, llegando a un total de 1.436 personas, lo que expresa un gradual mayor interés por postular y nos reafirmó que este incentivo, con sus imperfecciones, está bien orientado. Esta mayor postulación implicó un mayor esfuerzo económico, el que también hubo de dar cuenta de la ampliación del beneficio en el año 2008 a siete meses, respecto a los seis meses otorgados el año 2007. La respuesta de nuestros académicos, y nuestro compromiso de velar por una remuneración justa nos lleva a comprometernos por mantener -y en lo posible, seguir ampliando- este beneficio, el que constituye un esfuerzo inédito de la Universidad por su cuerpo académico.
Pudimos haber reducido la AUCAI desde el 25% al 8% del promedio de las remuneraciones de cada jerarquía académica, y haber eliminado todos los requisitos, de modo de haber otorgado la AUCAI durante doce meses y a todos los académicos, de cualquier jornada horaria y no importando su avance en la carrera académica. No me cabe la menor duda que esa decisión habría sido políticamente correcta, pero la consideré académicamente irresponsable e institucionalmente inefectiva e inconducente. Manteniendo la responsabilidad financiera y su modalidad de asignación, debemos avanzar hasta entregar la AUCAI durante doce meses. Mientras eso no se logre, el mejoramiento de las remuneraciones académicas seguirá siendo un tema pendiente para toda la institución.
El cuarto compromiso fue modernizar la gestión institucional y disminuir la burocracia administrativa, mediante el rediseño integrado de los sistemas de administración y de información institucionales. Esto, para hacer más eficiente y efectiva la gestión central y de las unidades, y para entregar de manera transparente, confiable y oportuna, la información relevante a los distintos órganos del gobierno universitario. A comienzos de 2007 postulamos con un proyecto con estos objetivos a un concurso del Ministerio de Educación. En Marzo de 2008, la Universidad de Chile firmó un Convenio de Desempeño con este Ministerio para desarrollar estos sistemas, en un proyecto a tres años que considera un aporte del Estado por 3.600 millones de pesos, que lo convierte en el proyecto de mayor envergadura de este tipo en las universidades del país, y el cual, con satisfacción decimos, ya está en marcha y significará un mejoramiento sustantivo en la gestión institucional.
El quinto compromiso fue robustecer el cuerpo académico de la Universidad. El proceso de Calificación Académica para el período 2005 - 2006 se desarrolló con rigurosidad y con apego a los reglamentos, aplicándose por primera vez la revisión caso a caso de la situación de quienes, estando en las jerarquías de Instructor y Profesor Asistente, estaban excedidos en las permanencias máximas establecidas para esas jerarquías.
Además, estamos iniciando un esquema para aumentar significativamente el número de académicos y académicas con doctorado. Hoy, entre las exigencias de la Corporación para ingresar a la Carrera Académica, se está incluyendo progresivamente el estar en posesión de un Doctorado. En ese sentido, debemos destacar que, de los académicos jóvenes que se han incorporado a jornada completa en los últimos dos años a la Universidad, un 50 % posee un doctorado, lo que constituye una señal muy clara de que el concepto de excelencia académica se hace manifiesto a nivel de Facultades e Institutos.
Una iniciativa que nos permitirá avanzar en esta dirección la constituye la que durante el último año estamos llevando a cabo los rectores del Consorcio de Universidades Estatales. Esta dice relación con la propuesta que hemos formulado al Gobierno y al Parlamento para crear un Fondo de Incentivo al Retiro, que permita jubilaciones dignas a las personas que están en condiciones de hacerlo, de modo de renovar los cuadros académicos con personas con doctorado o equivalente y de hacer más eficiente nuestra gestión institucional. Esta iniciativa fue por años una demanda muy sentida de nuestros académicos y funcionarios. Con satisfacción podemos decir que nuestras gestiones están bien encaminadas, ya que en la Ley de Presupuesto de la Nación para 2009, el Gobierno y el Parlamento han acordado un Protocolo para tramitar una ley al respecto en el corto plazo, lo cual constituiría un logro inédito y de trascendencia estratégica para el desarrollo futuro de nuestras instituciones.
El sexto compromiso fue apoyar institucionalmente el desarrollo de las Ciencias y las Tecnologías. En esa línea se instalaron los Programas Domeyko, con el propósito de potenciar el trabajo integrado de investigación en torno a temas país. Los nuevos instrumentos de financiamiento de la ciencia, tanto básica como aplicada, estimulan de manera muy explícita la constitución de equipos de investigación ampliados y la creación de redes de interacción, tanto en lo nacional como internacional. Debemos ser parte de ese esfuerzo. Ello no significa que el investigador renuncie al desarrollo de su propia línea de investigación, todo lo contrario, se trata de que -desde nuestras reconocidas competencias individuales- ampliemos el horizonte de nuestras preguntas de investigación y aumentemos nuestro nivel de competitividad. Los Programas Domeyko debieran ayudar en este sentido.
Adicionalmente, durante 2008 hemos convocado a la interacción de las unidades académicas del Campus Norte, con las Facultades de Medicina, de Odontología y de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, y el Hospital Clínico, para constituir una red integrada de investigación y desarrollo en Ciencias de la Salud y Biomedicina. Esta iniciativa, con el respaldo de las autoridades de las unidades, está en la fase de construcción de propuesta general y seguramente potenciará nuestras posibilidades de acceder con éxito en los concursos para fondos mayores de investigación en el campo de la innovación científica y tecnológica y en la formación de recursos humanos avanzados. Una iniciativa similar hemos empezado a desarrollar con las unidades del Campus Sur.
El séptimo compromiso fue reencontrarnos, institucionalmente, con el país, para lo cual se constituyó la Vicerrectoría de Extensión. Con su aporte a través de distintas iniciativas, estos dos últimos años hemos ido colocando temas e incidiendo en la agenda pública con planteamientos fundados de la Universidad de Chile. La educación pública, básica, media y superior, el fortalecimiento de las disciplinas humanísticas, artísticas y de las ciencias sociales, la innovación en ciencia y tecnología, los fondos basales, el apoyo a los programas nacionales de doctorado, la renovación académica y la necesidad de un nuevo trato del Estado con sus universidades han sido algunos de los temas en los que la voz de la Universidad de Chile se ha hecho sentir con autoridad y con propuestas fundadas, y, lo que es más importante, se han ido consiguiendo resultados concretos como los que estoy describiendo en esta cuenta. Sin duda se trata de un estilo no mediático, pero esos temas son serios y debemos trabajarlos con seriedad, con fundamentos, que es lo que el país espera de la Universidad de Chile, y es por eso que hemos logrado avanzar, porque se está valorando y respetando nuestra seriedad.
Para preservar nuestra cercanía con la ciudadanía, iniciamos un proyecto para restaurar y remodelar la Casa Central --el Palacio de la Universidad de Chile, como se la llamó inicialmente, un ícono republicano y patrimonio del país--, la que todavía está dañada por efectos del terremoto de 1985. Es una iniciativa que contempla 10 millones de dólares y que esperamos vea la luz para el Bicentenario.
El octavo compromiso de esta Rectoría, el proyecto más emblemático de mi postulación a Rector de la Universidad de Chile, fue revitalizar el cultivo y formación de nivel en las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales y de la Comunicación, tanto en la Universidad de Chile como en el país y de transformar el Campus Juan Gómez Millas en un modelo de su tipo en el país. Estas disciplinas las entiendo como fundamentales para la preservación del pensamiento crítico y libre de la Nación y para su desarrollo cultural, social, y humano. Ellas fueron gravemente dañadas por la dictadura, y desde entonces no han tenido ninguna oportunidad, ni interna ni externa, para revertir ese daño, generando heterogeneidades inadecuadas para nuestro desarrollo institucional y para el tipo de país que queremos.
El 21 de Noviembre de 2007 en este Salón de Honor de la Universidad de Chile y luego el 21 de Mayo de 2008 ante el Congreso Pleno, la Presidenta de la República, señora Michelle Bachelet Jeria, anunció su apoyo personal y el de su Gobierno a nuestro proyecto para revitalizar estas disciplinas, en el conjunto de las universidades estatales. El proyecto contempla un aporte del Estado a la Universidad de Chile por 25.000 millones de pesos, en cinco años, y una cifra similar para el resto de las universidades estatales para estos mismos fines, constituyéndose en el proyecto de mayor trascendencia y envergadura de los últimos tiempos hecho por un Gobierno y el Estado para apoyar, de manera inédita, estas disciplinas.
Esta decisión de la Presidenta Bachelet, que nos compromete profundamente en lo personal e institucional, sólo me la puedo explicar por el más absoluto compromiso que la Presidenta tiene con la educación pública de calidad en el país, por su entrañable cariño por la Universidad de Chile y por su total convicción que la Universidad de Chile y las demás universidades estatales reposicionarán a las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales en el nivel de excelencia y pertinencia que requiere el desarrollo armónico del país.
Adicionalmente, esta iniciativa contempla una inversión interna del orden de los 15.000 millones de pesos, compuesta aproximadamente por 5.000 millones de pesos producto de la reconversión de la propiedad de La Reina, 5.500 millones de pesos que aportará el Fondo General de la Universidad en cuotas anuales de 550 millones de pesos, y el resto serán aportes de inversión de las unidades del campus, constituyéndose en la única iniciativa de este tipo que haya hecho la Universidad de Chile para apoyar estas disciplinas.
Con gran entusiasmo anunciamos hoy que en las próximas semanas firmaremos con el Gobierno -a través del Ministerio de Educación- el convenio que sella la Iniciativa Bicentenario de Revitalización de las Humanidades, las Artes, y las Ciencias Sociales y de la Comunicación, cumpliendo así con la primera y esencial etapa de este compromiso.
Ese acto solemne será el fruto de un trabajo que se inició en agosto de 2006, como parte central del programa de esta Rectoría, cuyo resultado es un proyecto sólido y consensuado por las comunidades de las áreas involucradas y conocido y respaldado por la Universidad a través de sus órganos superiores de gobierno. Diversas fases ha tenido esta labor, cuya complejidad no estuvo exenta de conflictos, superados mediante procesos característicos de la vocación participativa y dialogante de la institución y sus miembros.
Muchísimas personas han participado en este proyecto durante estos casi dos años desde que, recién asumido como Rector, convoqué a la primera Comisión de Estudios para las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales y les solicité a los profesores Pablo Oyarzún y Loreto Rebolledo que la presidieran. Agradezco, institucional y personalmente, a todos ellos y ellas por un trabajo que será trascendental para nuestra Universidad, para el resto de las universidades estatales y para la educación pública de calidad en el país.
LA FORMACIÓN DE LAS ELITES Y LA EDUCACIÓN PÚBLICA
La imperiosa necesidad de revitalizar las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales y de la Comunicación no puede entenderse en plenitud, si no se piensa en la incidencia que ellas tienen en el fortalecimiento de la educación pública de calidad y en la construcción de los ambientes republicanos en que debe formarse la futura elite dirigente del país.
Pongámoslo en contexto. La Universidad de Chile cumple 166 años, período que ha estado jalonado de sus contribuciones a la construcción y desarrollo de la República y a la preservación en el país de los valores que la encarnan. Es impensable imaginar y entender el Chile actual sin relacionarlo con la contribución que a él ha realizado la Universidad de Chile.
A través de su comunidad y de sus egresados, no existe situación política, intelectual, económica, cultural, social, científico tecnológico, ni empresarial, a lo largo de nuestra historia republicana que haya sido ajena a la Universidad de Chile, o de la que ella haya estado ajena. Tampoco ha estado ajena o le han sido ajenas las alegrías colectivas, los desgarramientos sociales, y los sufrimientos humanos de la Nación. Durante estos ciento sesenta y seis años, el país siempre ha encontrado a la Universidad de Chile en la línea de avanzada del desarrollo intelectual, cultural y disciplinario, anticipando las inquietudes sociales, perturbando propositivamente lo establecido, extendiendo las fronteras del conocimiento y promoviendo y siendo actor relevante tanto en el debate ilustrado de los temas país como en la cohesión y movilidad social.
Honrando la misión que el Estado nos encomendara en 1843 en cuanto a que nuestro quehacer tenía que ver con Chile y su gente, la Universidad de Chile ha sido el lugar donde se ha formado mayoritariamente la elite cultural, política, social, empresarial, e intelectual que ha marcado y moldeado a nuestro país, y que ha dejado en toda actividad nacional su impronta del respeto, promoción y preservación de los bienes y espacios públicos, de la diversidad, de la tolerancia, de la igualdad de oportunidades, de la equidad, de la excelencia académica y de la libertad intelectual, características de los egresados de una universidad pública, laica y nacional como la nuestra.
Claramente ha sido y es esa elite, formada al alero de la educación pública, de las escuelas primarias, de los liceos, del Instituto Nacional, de las universidades públicas y de la Universidad de Chile, ha sido y es esa elite, digo, una de las grandes responsables del Chile que hoy tenemos. No por nada, veinte de los treinta y un Presidentes democráticos de la República son ex alumnos de la Universidad de Chile.
Así, y más allá de las coyunturas propias de cada tiempo, el tipo de país en que ha devenido Chile, en aquello que es su esencia, en lo que trasciende, sólo se explica por haber sido conducido y animado por una elite dirigente sensible a las carencias sociales y humanas, y que fue formada muy mayoritariamente en la educación pública, y muy mayoritariamente en la Universidad de Chile. Ha sido esa elite, formada en ambientes públicos, la que ha hecho la diferencia en el tipo de país que somos, la que ha construido un país más democrático y más desarrollado, mejor aún, la que ha contribuido a cambiar el país, para hacerlo mejor, más justo y más solidario y equitativo.
La Universidad de Chile, a lo largo de sus años y con orgullo, ha cumplido con éxito comprobable el mandato misional de su fundador, el Estado de Chile. Lo dramático, y hasta paradojal, es que la historia reciente de la Universidad de Chile muestra que ese éxito ha sido su desgracia. Y es que por cumplir su misión fundacional, por preservar su libertad intelectual, por mantenerse como un espacio público abierto al debate y al pensamiento libre y crítico, y por ser formadora de una elite moldeadora de un país al que la dictadura quiso cambiarle su esencia democrática, pública y solidaria, la Universidad de Chile fue objeto de una política del Estado dictatorial que sistemáticamente buscó desmantelarla, acallarla, hostigarla, denigrarla, y ahogarla administrativa y económicamente, al tiempo que muchos integrantes de su comunidad fueron perseguidos y expulsados. Y es que entonces se buscaba instalar en el país un nuevo modelo privatizador y mercantil en lo económico y en lo educacional, individualista y excluyente en lo social, e intolerante y sesgado en lo valorativo, y se requería de una nueva elite dirigente formada en los valores y en instituciones funcionales a ello. Y, en ese diseño social, la educación pública y la Universidad de Chile eran un peligro para la seguridad nacional.
Durante dieciocho años el país fue testigo de la instalación de esa política autoritaria sobre la Universidad de Chile, lo que no sucedía con otras universidades.
A pesar de esa persecución, y de sus consecuencias adversas aún no reparadas durante los gobiernos democráticos, la Universidad de Chile -gracias sólo a su comunidad universitaria- se preservó en sus características básicas, y exhibe los mejores indicadores de productividad académica en el país. Pero el sistema educacional privatizador, instaurado en el régimen autoritario y paradojalmente incontestado en el régimen democrático, ya muestra sus primeros resultados en lo que dice relación con anticipar el tipo de elite que podría llegar a tener la responsabilidad de decidir sobre el diseño del país futuro.
A modo de ejemplo, un estudio publicado recientemente , señalaba que mientras el 40% de los actuales líderes políticos mayores de 40 años se formó en la educación pública, en los menores de 40 años sólo el 13% viene de liceos municipales. El estudio añadía que el año 2003, el 55% de los líderes políticos se había educado en la educación municipal, en cambio en 2008, esa cifra baja a sólo el 36%; y que este año 2008, el 55% de los líderes políticos se educó en colegios particulares pagados, siendo que ese tipo de educación sólo cubre al 7% de la población nacional.
Este y otros estudios han comprobado cómo el grupo dirigente en nuestro país a nivel económico y empresarial es cada día menos diverso en cuanto a los establecimientos donde recibe su educación primaria y secundaria, y que cada vez son más exclusivos y más segregados los lugares donde vive. Es un fenómeno nuevo y alarmante, porque a esa falta de diversidad y creciente segregación se le agrega un creciente prejuicio contra todo lo que es público y una celebración auto referente e irresponsable de los beneficios que se obtienen en la esfera de lo privado. No alcanzan a ser una docena los colegios que forman hoy ese grupo dirigente de nuestro país, y entre ellos pierden cada vez más importancia los establecimientos educacionales públicos. Son dos o tres las universidades que buscan formar la elite empresarial y económica, y cada vez ganan más influencia y representación política las universidades privadas que reproducen un tipo de pensamiento que celebra los beneficios de esa elite.
Nos preocupan las características de los ambientes en los cuales se quiere formar hoy a esas futuras elites dirigentes, más aún cuando vemos que ella emerge y se reproduce de los círculos acomodados del país, con las características de sesgos, exclusiones, temores a la diversidad y a lo diferente, a aquello que no es modo de las "familias" reinantes. Y nos preocupan las consecuencias que puede tener para la sociedad chilena una elite dirigente emergida en esos ambientes. Porque ello nos conduce a que esas nuevas elites desconozcan la realidad social del país y, paradójicamente, vean a las grandes mayorías de la sociedad en un ghetto separado, lo que podría generar ebullición social.
Y es que cuando hablo de elite no me refiero únicamente a los cuadros dirigentes -aquellos que serán responsables de tomar decisiones que tienen impacto directo sobre la vida de la comunidad nacional-, sino también a quienes con su actividad intelectual y creadora van forjando nuevos modos de comprender y transformar la realidad, van abriendo nuevos espacios para la existencia individual y colectiva, y también a aquellos que con su iniciativa emprendedora aportan al crecimiento económico del país.
La pregunta sobre en qué ambientes se está formando hoy la futura elite es respondida día a día por nuestro sistema educativo, afectado de severas desregulaciones y de inequidades flagrantes, tanto en lo que concierne al acceso de la población como a las diferencias de calidad, que a menudo son abismales. Y esa respuesta cotidiana, que se ahonda progresivamente sin que se reflexione suficientemente acerca de lo que su profundización está incubando, hace caso omiso de todo punto de vista que reclame la definición de los ambientes en que las elites deben ser formadas y educadas, si de verdad queremos tener un país solidario, más justo, más equitativo, más sensible a las carencias, más abierto a la diversidad y libertad individual.
Es un cuadro, el de hoy, muy distinto al que construyó la república y estableció los contenidos de la identidad y la pertenencia histórica del pueblo chileno. En el pasado -que sigue haciéndose sentir, pero con clara pérdida de terreno- los estadistas, los políticos, los profesionales, los intelectuales y los artistas, y también un número no desdeñable de los principales agentes del crecimiento económico, se formaron en un ambiente abierto de diversidad, de tolerancia, de respeto y libertad intelectual, un ambiente laico, ciertamente no exento de ideología, pero sin los sesgos excluyentes que muestran aquellos establecimientos y aquellas instituciones que se fundan en una visión de mundo particular.
Ese ambiente abierto sólo lo puede garantizar la presencia de una educación pública, sólida y de calidad, que sea un espacio de resonancia de las expectativas del pueblo chileno, de sus demandas de justicia e igualdad, de cultura y desarrollo. Nada de casual tiene que la dictadura, con su política persecutoria, su subordinación de todo interés social al mercado y a la dinámica de los intereses privados, haya impuesto un proceso brutal de reducción del peso que la educación pública había tenido en nuestro país. Pero ciertamente es grave e incomprensible que en el periodo de recuperación democrática no se haya hecho nada realmente sólido por revertir ese proceso, sino que el Estado haya adoptado simplemente la postura de un observador distante, que sólo interviene en casos extremos -y no con la necesaria eficacia- y mantiene en situación marginal a sus propias instituciones educacionales.
No podemos cegarnos y pensar que las condiciones del presente obedezcan a simples inercias, o sean el producto de alguna mano invisible que opere con prescindencia de toda intencionalidad. Ésta es una política y no lo es sólo implícitamente: basta mirar muchos de los estudios, propuestas e iniciativas en el ámbito de políticas públicas que convergen en esas condiciones para ver que ellas no hacen, o no han hecho, otra cosa que reforzar progresivamente sus efectos negativos sobre el ámbito de lo público. El gran error de algunos sectores del mundo progresista, ha sido ver en el esquema educacional impuesto por la dictadura sólo los elementos faltantes de cobertura, de calidad y de financiamiento, siendo ciegos al hecho que tal esquema es un proyecto eminentemente político y valorativo, con ramificaciones a todo el resto del entramado social.
Es cierto que hoy hay esperanzas de que las políticas públicas en educación experimenten un cambio positivo. El inédito apoyo de la Presidenta Bachelet para revitalizar las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales en las universidades estatales representa una apertura de las instancias gubernamentales a los planteamientos que hemos venido haciendo, como Universidad de Chile, desde hace largo tiempo; sin duda, celebramos esas señas. Pero no podemos desconocer las fuertes tendencias que apuntan, desde diversos sectores, a una radicalización de la situación actual, que no podría sino tener como efecto la agravación de la atrofia que hoy sufren las instituciones educativas del Estado y de la misma responsabilidad que concierne al Estado en este ámbito, que es el de mayor relevancia para la construcción del futuro del país. Lo es, porque ese futuro lo construye la comunidad y no un conjunto de supuestos iluminados, y esa construcción deben impulsarla, en todos los aspectos, líderes que sean sensibles a la diversidad de esa comunidad, lo que sólo se consigue si han surgido de esa misma diversidad y si están adecuadamente equipados de conocimientos de relevancia social y de consistencia ética y política.
Hoy vemos cómo muchas personas con potencial de liderazgo en las diversas áreas se forman en espacios restrictivos, altamente sesgados. El creciente ascenso de sectores medios y populares a niveles de gravitación en las decisiones de significación social e histórica que había caracterizado a Chile durante el siglo XX hasta el violento quiebre de la institucionalidad democrática, que produjo su igualmente violenta interrupción, no sólo no se ha recuperado en estos últimos 18 años, sino que ha tendido a acentuarse.
En el escenario actual del país asistimos a múltiples demostraciones del debilitamiento de la responsabilidad por lo público y lo social. Vemos a qué extremos nos puede llevar la confianza en que las soluciones meramente técnicas son la panacea para toda necesidad de los habitantes del país, confianza que es desde todo punto de vista solidaria de una concepción de lo social que precisamente no cree en la capacidad que la comunidad organizada y democráticamente participativa tiene para identificar sus problemas y para influir positivamente en las soluciones requeridas. Vemos la cortedad de miras con que muchas veces son debatidas las políticas públicas en los principales foros del país, no sólo bajo el peso de intereses sectoriales, sino en el olvido -o la utilización demagógica- de los problemas efectivos que las motivan. Vemos también cómo ciertas creencias particulares se imponen a toda la población sin ninguna consideración de los conflictos mayores que esa imposición puede traer consigo.
Si nada se hace al respecto no serán menores las consecuencias que deberá afrontar inevitablemente la sociedad chilena con una elite dirigente formada en aquellos ambientes restrictivos y con aquellas características, con esa falta de compromiso hacia los grandes temas sociales. Graves serían esas condiciones, porque elites segregadas de su contexto, carentes de una visión integral y diferenciada del país y su comunidad, mayoritariamente ignorantes de la realidad social, sólo aportarán a incrementar el caldo de cultivo de conflictos presentes y futuros de envergadura insospechada.
Pero creo que, a pesar de los múltiples llamados de atención -algunos de ellos muy insistentes y masivos-, nuestra clase dirigente sigue prestando poca atención a esta dinámica vigente y a sus proyecciones. En particular hay que señalar derechamente la pasividad -rayana en la irresponsabilidad- , y más aún, la complicidad opaca y hasta interesada que presta a todo ello parte de la actual clase dirigente "progresista". Debiera sorprendernos, dado que la gran mayoría de sus integrantes se formó en establecimientos e instituciones públicas, se vieron favorecidos y beneficiados por un sistema que, sin duda con limitaciones, pero con propósito expreso, apuntaba a generar condiciones de movilidad y cohesión social, y no se basaba en esquemas discriminatorios; un sistema que, entre otras cosas, entregaba herramientas a sus propios destinatarios para su paulatino mejoramiento. Esta clase parece hoy no ver más allá de lo inmediato y no se hace cargo del hecho de que, a fin de cuentas, en la forma como se eduquen las elite lo que está en juego es la definición del futuro del país y la preservación de la democracia.
No nos cansaremos de plantearlo en todos los tonos y en toda circunstancia:
Chile necesita fortalecer decididamente su educación pública, el Estado debe asumir su responsabilidad esencial en este fortalecimiento, y entre él y sus instituciones deben establecerse las premisas, orientaciones, estrategias y bases de sustentabilidad que proyecten la educación pública, de manera que las elite ahí formadas puedan responder con iniciativa, innovación y sensibilidad social a los desafíos que plantea el siglo XXI.
La primera clave de ese fortalecimiento radica en la síntesis de calidad y equidad. Por tal entendemos -hablo ahora de las universidades- no sólo la formación de individuos y cuerpos intelectuales, profesionales y artísticos de alta competencia en sus respectivas disciplinas y actividades, sin otra condición que su mérito, preparados para innovar en contextos cambiantes, para anticipar las transformaciones estructurales que requiere el país e influir en su implementación; sino también imbuidos de un sentido ético y político de responsabilidad y compromiso social más allá de toda restricción y de todo sesgo ideológico y socioeconómico.
La segunda clave es asegurar la existencia de instituciones públicas "de clase mundial" que tengan como tarea preeminente preservar los ambientes de diversidad y excelencia en que debe formarse la futura elite del país que éste requiere, independientemente de la procedencia socioeconómica de sus integrantes.
Atenta contra la comprensión política de ambas claves el hecho que nos hemos acostumbrado a aceptar como algunas autoridades educacionales han expresado que toda forma de educación tiene contenido público. Llegan a decir que estaría garantizado su carácter público por el hecho mismo de ser educación. Esta justificación es equivocada porque la educación puede prestarse para abusos o formas sectarias de reproducción de pensamiento, y por eso es necesario siempre contrastar sus procedimientos de ingreso, calificación, egreso, docencia, investigación y extensión entre otros de acuerdo a los principios republicanos. No toda forma de educación es pública ni menos se inspira en valores republicanos. Sabemos que el fundamentalismo y el totalitarismo también se pueden educar y no por eso puede tener garantía de aceptación en una sociedad inspirada en los valores republicanos de igualdad, libertad, democracia, dignidad y ciudadanía política y social.
Un sistema público de educación republicana no es garantía de éxito en el logro de los ideales de libertad, igualdad, democracia, dignidad y ciudadanía, pero por lo menos se propone en forma consciente modificar las formas arbitrarias del privilegio y la injusticia, y por eso siempre ha merecido un reconocimiento especial en los países civilizados.
NUEVO TRATO CON EL ESTADO
Lo reitero una vez más. La insostenible situación actual del sistema universitario público hace necesario que el Estado y las universidades estatales concuerden, en el corto plazo, lo que hemos venido llamando un Nuevo Trato.
Convoco hoy a todas las universidades estatales, a comprometerse a reconstruir el sistema de educación superior pública.
Invito al Estado chileno, y a todos los sectores políticos a un cambio fundamental en la política de educación superior, que le entregue al país garantías de que las universidades públicas seguirán aportando a la construcción de una sociedad incluyente, pluralista igualitaria y tolerante.
En esta tarea contamos con un amplio consenso, logrado en el Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior el año pasado y refrendado por la Presidenta Bachelet en su discurso el 21 de mayo de este año, cuando señaló que: "no todas las instituciones de educación superior son iguales", y que "respecto de las universidades estatales, el Estado tiene deberes particulares que cumplir".
Propongo iniciar ya la discusión de una nueva ley de universidades estatales. Esta ley debe representar nuestras sentidas y comunes demandas por un aporte basal, que sea exclusivo para las universidades estatales
Este aporte constituirá el compromiso del Estado para con sus universidades y la expresión concreta del compromiso de la sociedad por mantener y desarrollar su educación pública en el nivel superior que nos permita, de verdad, construir un modelo sustentable de universidad pública.
Además, la ley debería resolver las actuales trabas administrativas, que dificultan seriamente nuestro accionar, afectan la renovación de su personal y exageran la carga burocrática de la institución, a pesar de que la universidad está obligada a autofinanciarse por sobre 80%, asimilando su administración a una entidad privada, incluyendo el someter sus Estados Financieros a auditorías externas conforme a las normas de la Superintendencia de Valores y Seguros que se aplican sociedades anónimas abiertas.
Por nuestra parte, también asumiremos nuestros compromisos con seriedad. Nos comprometemos con la sociedad al cumplimiento de determinados estándares y metas, a dar cuenta del buen uso de esos recursos, a establecer prácticas transparentes respecto de los resultados obtenidos y de las metas cumplidas y las pendientes. Nos comprometemos con la educación pública, con un proyecto para el desarrollo de las universidades estatales y con nuestro aporte concreto a las grandes tareas nacionales, especialmente con aquellas que requieren de independencia de intereses particulares; nos comprometemos a cumplir con nuestra Misión, a la promoción de los valores tradicionales de pluralismo, libertad de conciencia, tolerancia y no discriminación.
También nos comprometemos a ser una universidad de clase mundial, con exigentes métricas de evaluación de desempeño, que sea referencia nacional e internacional en investigación y docencia, que se destaque por su capacidad de transferencia al medio y por su conocimiento específico en problemas asociados a las naciones menos desarrolladas.
Lo avanzado es importante, pero lo esencial está pendiente, lograr crear cimientos firmes para la construcción de una universidad pública de clase mundial en el siglo XXI.
PALABRAS FINALES
Sabemos que el mundo viaja hacia una sociedad del conocimiento. Más que nunca, el futuro depende de nuestro conocimiento y el desafío es hacerlo bien, con beneficios reales para todos los chilenos.
Acudiendo a Eduardo Galeano, podríamos decir que nuestro sistema educacional público debe asegurar que éste no sea un viaje "con más náufragos que pasajeros".
Y eso, hoy día, no está ocurriendo con nuestro sistema educacional. Los niños y niñas pobres de nuestro país son los grandes náufragos, sin salvavidas, en este viaje por el tormentoso mar de la educación privatizada.
Para que eso no siga ocurriendo, la Universidad de Chile reitera hoy su más firme voluntad de transformarse en una universidad de clase mundial; de preservarse como una universidad pública, estatal, nacional, laica, tolerante, diversa, libre intelectualmente y como un referente cultural e intelectual de la Nación; y de continuar siendo la gran formadora de las futuras elite dirigentes del país en los valores republicanos y de la excelencia.
Esto no es una declaración formal de intenciones, ni la reiteración pasiva de nuestra misión institucional.
La asfixia por estrangulamiento que hoy exhibe la educación pública en nuestro país terminará por asfixiar a la Universidad de Chile. Y de ser así, no sólo se afectará a la Universidad de Chile, se afectará a Chile, porque será un país diferente, ajeno al sueño republicano inmensamente mayoritario en el país. Y eso no lo vamos a permitir. Que nadie se llame a engaños. Debemos entender que este es el tema país más esencial y fundamental que hoy pudiéramos tener, debemos entender que es un tema de valores, que finalmente es un tema ideológico y, más coyunturalmente, que es un tema político.
¡No será por falta de decisión y esfuerzo nuestro que a las generaciones futuras les sea expropiado su derecho a una educación pública de la mejor calidad, y a una formación pluralista, tolerante, diversa, equitativa, intelectualmente libre y sustentada en lo mejor de la creación de nuevo conocimiento!
Muchas gracias.