CALIDAD ES EQUIDAD

La tradición de la innovación

Todos estaremos seguramente inclinados a pensar que este acto se realiza principalmente porque la tradición y la costumbre institucional lo dictan. Sin embargo, y sin perjuicio de reconocer el peso y la importancia de la tradición y de la usanza protocolar, la inauguración de un nuevo año académico tiene de suyo una significación especial, y la tiene aún más en el caso presente.

Inaugurar el año académico, hacerlo en una institución de educación superior consagrada a la generación y la transmisión del conocimiento, a la educación, al desarrollo humano y al estímulo de la creatividad, hacerlo, con mayor razón, en la Universidad de Chile, la principal de esas instituciones en el país, es cumplir con un gesto que convoca a reanudar con decisión e inteligencia esa tarea: un gesto que invita y que insta a que cada uno de los miembros de nuestra comunidad, y ante todo, aquellos que están ligados por la relación de la enseñanza y el aprendizaje, tengan la disposición a abrirse a lo nuevo.

La verdad es que si hay una tradición que por principio debe ser esencial a la universidad, es la tradición de esta siempre reanudada apertura: y voy a llamarla la tradición de la innovación, porque esta palabra, que hoy por hoy está demasiado vinculada al manejo tecnológico de la realidad y a su impacto económico, debiera ser proyectada al conjunto de los saberes y las prácticas socialmente relevantes.

Por eso, porque la inauguración de un año académico es la re-inauguración de nuestra decidida apertura a lo nuevo, los primeros destinatarios de estas palabras, en este acto, son las nuevas y los nuevos estudiantes que ingresan a la universidad. No sólo los invitamos a que predispongan sus mentes, sus corazones y voluntades para la búsqueda y el hallazgo, para el entendimiento, la discusión y la crítica, sino que también esperamos que ellas y ellos sean efectivos portadores de lo nuevo en nuestros claustros: de nuevas inquietudes, nuevas preguntas, nuevas demandas.

Quiero que se entienda que esta invocación de lo nuevo, de aquello que no se parece a lo habitual, de aquello que no se puede anticipar sobre la base de patrones heredados y que por eso mismo exige la versatilidad de nuestra inventiva y el celo de nuestra responsabilidad, apunta a lo que debemos abordar decididamente ahora y en el tiempo venidero.

La Universidad de Chile enfrenta desafíos de magnitud mayor, tanto en su quehacer interno, como en su relación con el Estado.

Nuestra nueva Institucionalidad

A nivel interno, el desafío mayor tiene que ver con nuestra nueva institucionalidad, con la que contamos desde el año pasado. Estamos, todos nosotros, haciendo un aprendizaje fundamental en una nueva forma de gobierno, cuyos frutos principales son la instalación de tres organismos: el Senado Universitario, que consagra la participación, el diálogo y la mirada transversal como las formas institucionalmente orgánicas de definir las políticas y estrategias de mediano y largo plazo, según las cuales ha de regirse el futuro de la vida universitaria a partir de los principios misionales que la inspiran; el Consejo Universitario, que consagra la gestión ejecutiva institucional y de las diversas unidades hacia el logro de los objetivos estratégicos, a la luz de las políticas y estrategias institucionales; y el Consejo de Evaluación, que consagra la voluntad institucional de preservar la cultura de la evaluación y calificación, a nivel individual, de las unidades y de la institución.

Estamos llevando adelante una necesaria experimentación en el establecimiento de nuevas condiciones y formas de gobernabilidad, que no se restringen a los efectos en nuestro interior, sino a su eventual replicación en otras instituciones del sistema estatal. A ello va unida la importancia que le asignamos a la comunidad, a su voz y decisión, y a la necesidad de articular de la manera más coherente y eficiente los actos ejecutivos con el diálogo orgánico y la perspectiva estratégica. Éste sigue siendo un compromiso irrenunciable para la actual Rectoría, y requiere, junto al robustecimiento del Senado Universitario, del Consejo Universitario y del Consejo de Evaluación, la sincera disposición de toda la comunidad al intercambio franco, lúcido, libre de suspicacias y animado por los objetivos de la misión institucional, el fortalecimiento de la Universidad de Chile y su compromiso con el país.

El camino de profunda renovación institucional y de gestión que de este modo ha emprendido la Universidad de Chile tiene como eje una nueva normativa que refrenda y también renueva el carácter de institución pública que le es propio, pero que, como bien sabemos, ha tendido progresivamente a desdibujarse y enajenarse, debido al escaso respaldo estatal, a las presiones que ejercen los efectos de la economía de mercado en los órganos de educación, y a un discurso reduccionista que no reconoce las diferencias sustantivas entre tipos de universidades, según las funciones fundamentales que realizan y la calidad de sus resultados, y entre institutos públicos y privados según la misión y el régimen jurídico que las definen. Con su nueva determinación estatutaria, la Universidad de Chile reafirma su doble compromiso con la excelencia académica y con la sociedad y el servicio a los intereses del país, sin perjuicio de tener clara conciencia de que esta dualidad constituye un desafío especialmente difícil en el contexto político y económico actual.

En cuanto a la gestión institucional, estamos convencidos de la necesidad de una modernización que abarque todos sus aspectos, que disminuya las trabas burocráticas que la afectan y que favorezca ante todo los fines académicos, prestando un eficiente servicio a todos los miembros de nuestra comunidad, con una especial atención a las necesidades de la docencia y su renovación curricular y, en general, a los objetivos académicos. Todo ello debe ser llevado a cabo con la máxima responsabilidad, transparencia y seriedad, con una vocación arraigada de respeto por los académicos, estudiantes y funcionarios, y con esquemas orgánicos de participación, que contribuyan a acrecentar nuestro sentido de pertenencia y compromiso, a fin de que cada integrante de la universidad tenga la oportunidad de dar lo mejor de sí y de ser reconocido en conformidad con sus méritos.

Un diseño moderno de gestión, que permita responder con celeridad y pertinencia a los retos que encara la institución universitaria pública en el siglo XXI, debe incorporar procesos y criterios rigurosos y exigentes de evaluación, calificación y de acreditación, y proyectarse asimismo hacia el medio externo, tanto en la rendición de cuentas públicas como en el conjunto de servicios que la sociedad le demanda.

Pero este diseño moderno de gestión no debe ni puede ser neutro, debe tener como sustento el que éste tiene lugar en una universidad pública, en un espacio público, y, por ende, debe contribuir a fortalecer la dimensión de lo público. Y es que lo público es el espacio de lo común, en él se trama el tejido de la comunidad, se formulan y procesan las expectativas de bien social y las alternativas de desarrollo de país. Por largos años hemos asistido a un proceso de estrechamiento de la esfera pública que ha tenido, tiene y tendrá severas consecuencias para la vida de la comunidad nacional. Aquí nos concierne especialmente señalar la necesidad de la preservación y la profundización del carácter público en el terreno de la educación, en todos sus niveles, pero sobre todo en el de la educación universitaria.

De aquí que este diseño moderno de gestión debe estar focalizado en el concepto de calidad, entendida como un concepto progresista.

La Universidad: Un espacio público de calidad

La calidad -la buena calidad, la alta calidad- es vista a menudo como un sello de hacer bien las cosas, y por diversas razones tendemos a asociar eso a muchos recursos, y por qué no decirlo, a privilegios de clase o de grupo. Pero la Universidad de Chile no es aquello, sino todo lo contrario: la identidad de la Universidad de Chile está ligada a los valores de la equidad, la justicia social, la generosidad del conocimiento, el servicio al país, el pluralismo, la transversalidad, la igualdad de oportunidades.

Uno de los valores profundos de la Universidad de Chile está en el hecho de que cuando aquí construimos calidad, estamos construyendo equidad. Cuando nuestra docencia se hace bien y alcanza un alto nivel de calidad, esa calidad se distribuye entre estudiantes de diversos orígenes. En una institución orientada a estudiantes de mayor riqueza, en cambio, la calidad tiene un efecto secundario, quizá no deseado, que es el de hacer más grande la brecha entre los que tienen más y los que tienen menos.

Debemos ser un espacio público de calidad. Las universidades públicas existen en el mundo desarrollado, y prosperan, y cuentan con el apoyo de la sociedad y de los gobiernos, no sólo por su tradición, su tamaño o su complejidad. También están allí porque constituyen una garantía de equidad, de transversalidad, de cohesión social. Porque funcionan bien, y ese adecuado funcionamiento se traduce en mayores grados de libertad y de oportunidades para todos. Porque han resuelto la ecuación calidad-equidad, ecuación que a nosotros nos hace dudar. En su seno, el conocimiento se comparte y distintos grupos sociales aprenden a vivir juntos.

Las buenas universidades públicas son creadoras de espacio público de calidad. Hoy no basta ya con que haya espacios públicos. Las sociedades libres y prósperas se esfuerzan en mantener espacios públicos de calidad. Espacios públicos que no tienen por qué ser monopólicos, y que están allí para garantizar los derechos ciudadanos de las mayorías y de las minorías, para colaborar con todos los segmentos de la sociedad, para articular lo global con lo local, para sostener nuestros valores colectivos a través de las acciones cotidianas. Es este el mensaje que queremos hacer llegar al país y a sus autoridades, porque entre otras cosas creemos que nuestra sociedad está hoy ante este tema: no sólo en universidades o en educación, también en transportes, obras públicas, salud o previsión la gente no se conforma ya con servicios mínimos y busca decididamente la calidad en los espacios públicos. El contexto, que nos ha sido adverso durante muchos años, ha comenzado a cambiar.

Pero ese cambio de contexto también nos incluye e involucra por el daño que puede causar en la equidad una mala calidad. Si no preparamos una clase, o si la biblioteca no ha comprado los libros que se necesitan, o si las secretarías de estudios programan descuidadamente la toma de ramos, o si subsiste una malla curricular con obsolescencias, o si un estudiante hace una tesis sin emoción alguna, entonces producimos actividad académica de mala calidad, y nos acostumbramos a ella. Y esta mala calidad no afecta tanto a los estudiantes con más recursos, porque ellos disfrutan de un ambiente familiar más culto o más pudiente y pueden suplir las carencias. Esa mala calidad perjudica precisamente a aquellos que carecen de medios y se tienen que quedar con una enseñanza mediocre ya que no tienen más opción. Entre nosotros, la mala calidad, ahí donde existe, reproduce las peores inequidades del sistema precisamente dentro del espacio de esta universidad, y eso atenta contra nuestro más profundo sello identitario: estamos aquí para crear conocimiento, para conservarlo y transmitirlo no sólo a quienes tienen más recursos económicos, sino a todos los que tengan las capacidades y la vocación.

Hay calidades que por cierto exigen recursos, y en ello estamos trabajando. El debate nacional sobre calidad en la educación tiene que ver, entre otras cosas, con los recursos. Hemos dicho que un gasto público demasiado bajo, como ocurre en Chile, no permite crear espacios públicos de calidad, y ello genera las inequidades que todos conocemos. Las cifras son contundentes también en educación superior: nuestro sistema público de universidades recibe comparativamente muchísimos menos recursos fiscales que el de los Estados Unidos o que el de cualquier país desarrollado. Insisto, el 10% de los ingresos brutos de Codelco debe dejar de ir a financiar a las fuerzas armadas, debe ir en parte importante a financiar las mejoras en la calidad de las universidades públicas.

Como universidad pública que somos, debemos tomarnos en serio en el tema de la calidad. Como un susurro ronda por ahí a veces la sensación de que la calidad es sólo para otros. Que el contexto en que nos movemos hace inviable cualquier política consistente y seria orientada a este objetivo que debe ser compartido. Así como hemos sido capaces de defender nuestros valores contra adversidades de la más diversa naturaleza, del mismo modo en que nos hemos confundido con la historia nacional por nuestro compromiso y excelencia, así también creo que seremos hoy capaces no sólo de organizarnos y llegar a tener un alto nivel de calidad, sino además de configurar un patrón de calidad propiamente nuestro. Una calidad que es equidad. Una calidad entendida como consistencia entre lo que decimos y lo que hacemos. Una calidad que surge como expresión de nuestra identidad o de la suma de todas nuestras identidades. Una calidad que, sin embargo, empieza por lo que cada uno de nosotros hace y se trasluce en los gestos de cada día. Quiero llamarlos a pensar y a conversar sobre la calidad de lo pequeño y sobre las mejoras de calidad que sólo requieren de nuestras propias actitudes: la calidad de la clase bien hecha, la calidad de aquella discusión donde entregamos toda nuestra pasión argumental, la calidad del trámite que se cumple pensando en los usuarios de carne y hueso y no en la burocracia. Necesitamos prestigiar la calidad, y monitorearla en los grandes y en los pequeños indicadores.

En esta universidad, en el contexto en que hoy vivimos, la calidad es equidad. Una mejor Universidad de Chile significa ciertamente un Chile mejor, un país más cívico e integrado, más próspero, más humano y mejor preparado para el futuro.

La calidad de lo que hacemos debe basarse, además, en la claridad de nuestros objetivos, toda vez que ella apunta no sólo a lo que es mejor, sino también a la propia identidad, a lo cualitativo. La institución que no es capaz de marcar con claridad sus objetivos no puede hablar de calidad, porque la calidad es la adecuación de las acciones a los fines. Y nuestra universidad ha marcado nítidamente sus objetivos, y los ha definido y aprobado por amplio consenso en el Senado Universitario, en el horizonte de diez años, expresándolos en ese documento que se llama el Proyecto de Desarrollo Institucional, PDI. Los seis objetivos estratégicos que allí se señalan apuntan a la calidad: calidad de nuestros académicos y estudiantes, calidad de nuestra investigación, creación y docencia, calidad relacionada con la transversalidad e integridad de la institución, calidad en la interacción con el medio, calidad de gestión. No se trata de retórica: cada objetivo viene seguido de una serie de acciones que se deben desarrollar a fin de que las cosas cambien y nuestros indicadores estén todos ellos en el nivel que corresponde. Los invito a revisar el PDI, porque allí se han marcado de modo muy detallado qué debe hacer cada académico o académica, cada unidad, cada integrante de esta institución, para moverse hacia los indicadores de calidad que necesitamos.

Proyectos institucionales

El Consejo Universitario y las distintas unidades académicas estamos asumiendo el compromiso de llevar a concreción los objetivos del PDI.

Estos proyectos están en la dirección de mejorar las condiciones de trabajo de nuestra gente; de robustecer el nivel del cuerpo académico; de fortalecer la investigación, creación y docencia en todas nuestras áreas; de revitalizar las humanidades, las artes y las ciencias sociales; y de modernizar la gestión institucional.

En lo particular:

	Durante el año 2007 estamos haciendo un gran esfuerzo institucional en lo económico para mejorar las remuneraciones de nuestros académicas y académicos, y responder así a uno de los compromisos programáticos de nuestra rectoría. Asumiendo con responsabilidad nuestra realidad financiera presente y futura, queremos que este mejoramiento de remuneraciones sea significativo con el objeto de atender efectivamente una de las urgencias que afectan por largo tiempo a nuestros académicas y académicos. Ya se ha constituido, con integrantes del Consejo Universitario y del Senado Universitario, la comisión especial que discutirá los criterios para el otorgamiento de un bono de mejoramiento selectivo de remuneraciones académicas durante 2007, a ser pagado a partir del mes de Julio de este año, según lo acordado por estos organismos al aprobar y ratificar el presupuesto 2007 del Fondo General. En el caso de los académicos y académicas que lo obtengan, aspiramos a otorgarles un incremento promedio del 25% de sus remuneraciones brutas, y a que este incremento tenga relación con los compromisos docentes que ellos tienen.
	Paralelamente, ampliaremos los beneficios que otorgamos a nuestro personal en materia de cobertura de salud. Estamos trabajando en la instalación de un “seguro complementario de salud” para todo el personal de la Universidad de Chile, que registre un nombramiento en contrata, planta y suplencia, y cuya jornada contratada en la Universidad sea igual o mayor a 22 horas semanales. El total de personas que podría acceder a este beneficio se estima en alrededor de 9.011 funcionarios. El seguro de salud complementario tiene como objetivo aumentar el ámbito de protección, por sobre los niveles que tiene contratado cada funcionario en su sistema de salud, entregando un seguro de cobertura adicional total por sobre el oncológico vigente hoy en día.
	La modernización de la gestión institucional es otro de nuestros compromisos programáticos. Con este propósito, postulamos a los Convenios de Desempeño a que llamó el Ministerio de Educación, y somos una de las cuatro universidades estatales que fueron seleccionadas en el año 2007 para estos efectos. Ya hemos comenzado el proceso de negociación de los términos específicos de este Convenio de Desempeño que, para el período de tres años, busca obtener recursos del orden de los tres mil millones de pesos. Los objetivos de nuestra propuesta son, entre otros, mejorar la capacidad de gestión y calidad institucional, y su medición periódica y, al mismo tiempo, favorecer la rendición de cuentas públicas y transparencia de resultados académicos y de gestión. Los ejes centrales de la modernización de la gestión de la universidad a la que aspiramos en esta etapa lo constituyen la reingeniería de los organismos centrales de la universidad e instalación de capacidades de gestión en organizaciones de campus, y la consolidación de sistemas de información que permitan gestionar las diversas actividades y recursos de la universidad, en todos sus niveles y de manera integrada y transversal con todas sus unidades académicas y organismos centrales.
	El Proyecto de Desarrollo Institucional, PDI, establecido por el Senado Universitario, debe traducirse en proyectos y acciones específicas, tanto a nivel institucional como de las unidades, con el propósito de alcanzar los objetivos estratégicos que en él se señalan. Para identificar y poner en práctica estos proyectos y acciones, estamos trabajando con los directivos superiores de las Facultades, Institutos y Vicerrectorías, tanto a nivel individual de las unidades como en talleres con todos estos directivos.
	Con el propósito de fortalecer la capacidad de investigación y creación en las disciplinas que cultiva la Universidad de Chile, hemos establecido los Programas Domeyko. Queremos enfrentar institucionalmente los temas de relevancia nacional, mediante la agrupación orgánica de un conjunto de proyectos sustentados en un trabajo colaborativo amplio y multidisciplinario, con una clara orientación a la obtención de impactos. Los temas de relevancia nacional que hemos identificado para los Programas Domeyko son: Salud de la población chilena; Desarrollo de la industria de alimentos; Dependencia energética del país; Sociedad y equidad; Biodiversidad; y Utilización de recursos naturales. Estos Programas podrán tener una duración máxima de 5 años y el financiamiento institucional no podrá extenderse por un período superior a los 3 años. El monto máximo a solicitar es de 100 millones de pesos para el primer año de ejecución. Para el segundo y tercer año el financiamiento otorgado será decreciente y se definirá anualmente en base a las actividades realizadas y por realizar.
	Contribuir a la revitalización de las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales es uno de nuestros compromisos más sentidos. Con este propósito, y con la fundamental y comprometida labor que han realizado tanto la Comisión ad-hoc que constituimos para el Estudio de las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales, como las autoridades de las unidades del Campus Juan Gómez Millas, hemos trabajado una propuesta orientada a sentar las bases para una revitalización de estas disciplinas en la Universidad de Chile con perspectiva de país, y a constituir el Campus Juan Gómez Millas en un campus modelo en el país. Se trata de un trabajo macizo y que demandará recursos del orden de los 50 millones de dólares. Haremos nuestros mejores esfuerzos para encontrar las fuentes de financiamiento que permitan ponerlo en práctica, ya que es un proyecto fundamental no sólo para la Universidad de Chile, es fundamental para el país. ¿Qué es lo buscamos con esta propuesta, adónde apuntamos? Una tarea fundamental que enfrenta el país es la generación de las bases culturales que den consistencia social a su desarrollo. Hemos asistido en todo este tiempo a la expresión, muchas veces inorgánica y hasta violenta, de inquietudes y demandas provenientes de sectores diversos y amplios de la población. Al margen de todas las consideraciones que estas manifestaciones merezcan o exijan, no podemos desconocer que a través de ellas se trasunta una condición de la vida social del país que es imprescindible abordar. Hemos asistido también a la evidencia de que los diseños y las soluciones exclusivamente técnicas, sin la adecuada consideración de los múltiples factores del contexto, tanto en lo que atañe a las condiciones estructurales al interior de las cuales se inscriben esos diseños, como a las variables del comportamiento social, están con toda seguridad condenados al fracaso. Este país ha sufrido grandes transformaciones, los cambios se han infiltrado hasta en las fibras más delicadas del tejido social, y ocurre que sabemos muy poco acerca de ello. No debiera sorprendernos que, en general, tengamos tan poca capacidad para comprender o predecir conductas en el plano social, si no estamos prestando suficiente atención a los saberes que nos permiten, no sólo conocer e interpretar, sino también intervenir y modelar. La violencia acusa inequidades flagrantes, y también acusa falta de sentido, y por eso mismo expresa una demanda de sentido, que no estamos satisfaciendo. Es imprescindible que, junto con fomentar una mirada lúcida y crítica en el devenir de nuestra sociedad, podamos contribuir, desde los núcleos vivos de los saberes y disciplinas que se agrupan en las áreas de las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales, a la configuración simbólica de la existencia individual y colectiva, y a la apertura de sus horizontes históricos. Esta propuesta de revitalización se inscribe, como pieza fundamental, en nuestro planteamiento de un nuevo trato con el Estado.

Estos proyectos institucionales deben su prioridad a la generosidad de toda la comunidad universitaria. Todas nuestras unidades académicas presentan, cual más cual menos, carencias y escasez de recursos y, aún así, hacen sus mayores esfuerzos internos con el propósito de entregar su mejor docencia y de realizar su mejor investigación y creación, haciendo posible que la Universidad de Chile mantenga su sitial. El nivel de productividad académica generada y el desarrollo en infraestructura y equipamiento que presentan nuestras unidades es extraordinariamente mayor de lo que permiten los aportes institucionales que ellas reciben, y eso sólo es posible por los esfuerzos internos de las unidades. Sólo así se explican las nuevas instalaciones y equipamientos que observamos en todas las Facultades e Institutos de la Universidad como, por ejemplo, en Derecho, Odontología, Economía, Medicina, Ciencias Físicas y Matemáticas, Ciencias, ICEI, entre otras. Vaya para las autoridades y las comunidades de todas las Facultades e Institutos de la Universidad de Chile los agradecimientos de toda la institución. Reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo de todas ellas.

Un nuevo trato con el Estado

El otro desafío fundamental que enfrenta nuestra universidad es la propuesta de un nuevo trato con el Estado y el impulso que queremos dar a esta iniciativa de primer orden.

El establecimiento de este nuevo trato es imperioso, primeramente, desde el punto de vista de los elementos heredados que condicionan el escenario actual, en los cuales se reflejan las secuelas de los graves daños que le fueran infligidos a la Universidad de Chile por la intervención dictatorial:

	Un primer elemento es la separación de las sedes regionales sin que ello respondiera originalmente a un proyecto propiamente académico, con el agravante de una pesada carga económica -la “deuda histórica”-, que ha postergado permanentemente iniciativas de desarrollo y de inversión académica.
	Un segundo elemento es el cercenamiento de las áreas de educación, que pasaron a constituir universidades independientes, las cuales han debido enfrentar problemas crónicos para alcanzar la necesaria calidad académica, provocando con ello serios impactos en la educación en general, pero con mayor daño en la que el Estado debe proveer.
	Un tercer elemento es la drástica reducción de los cuerpos académicos en las áreas de las Humanidades, las Artes y las Ciencias Sociales y en los imprescindibles aportes que éstas requieren para asegurar sus capacidades de desarrollo, produciendo un profundo desnivel comparativo en su labor académica respecto de otras áreas y, por ende, un severo impacto en la sociedad misma.

Lo que debe ser especialmente subrayado es que estos daños y sus secuelas, que no han sido propiamente abordados desde una perspectiva de Estado y de país, bajo la presión de políticas que entregaron la educación a la lógica del mercado, induciendo desregulación y flagrantes heterogeneidades, lo que debe subrayarse, digo, es que ésos no han sido perjuicios que afectaran sólo a esta institución: son daños que afectan al país. Basta pensar en la merma de la capacidad de la Universidad de Chile y de las universidades estatales en general para favorecer la movilidad social y formar cuadros académicos y profesionales de primer nivel en los que se expresen, sobre la exclusiva base del mérito, las diversidades de distinto tipo -socioeconómicas, de género, de etnia, de creencia- que conforman a nuestra sociedad.

Es cierto que, a pesar de las dificultades y de las crisis crónicas que la Universidad de Chile ha debido sortear, se ha logrado mantener un alto nivel de excelencia y compromiso social, a pesar de las adversas condiciones de competencia. No obstante, también se tiene que reconocer que esto no ha sido posible sin grandes sacrificios de su comunidad. Esta situación tiene que ser corregida y superada, a fin de que las grandes tareas pendientes que hoy identifica y emprende la Universidad de Chile puedan, ser abordadas con la mayor urgencia para servir al país en su calidad de universidad nacional.

Esto exige que se establezca un nuevo trato entre la universidad y el Estado, y al decirlo no pensamos exclusivamente en nuestra institución, sino en el conjunto de las universidades estatales. En consecuencia, el marco en el cual proponemos ese nuevo trato supone lo siguiente:

	Que el Estado reconozca la necesidad de seguir contando con el aporte de sus universidades, con el propósito de garantizar valores de pluralismo, diversidad, independencia y equidad en la formación superior, en la investigación, la creación y la extensión.
	Que la Universidad de Chile debe ser preservada en su calidad de principal universidad del Estado y del país, atendiendo a su tradición, su riqueza epistemológica, su diversidad social y su compromiso con los principios democráticos, por el volumen y la calidad de sus actividades, por su vocación nacional y por su independencia respecto de intereses sectoriales y particulares.
	Que en razón de estas mismas características esenciales y de su capacidad, la Universidad de Chile debe contribuir al desarrollo conjunto de todo el sistema universitario estatal a través de fórmulas cooperativas en sus diversas actividades y en sus tareas de servicio a las necesidades del país.

Sobre estas bases el nuevo trato tendrá que definir, con el debido resguardo a la autonomía universitaria, los compromisos que tanto el Estado como la Universidad de Chile asumen para hacer posible que ésta mantenga su identidad pública, acreciente sus aportes a la sociedad y se proyecte como una universidad de primer nivel internacional.

Entendemos que este nuevo trato es necesario para ambas partes. Es necesario para el Estado, porque requiere consolidar un modelo de universidad estatal exitoso y estable, que sea coherente con las necesidades de desarrollo, de democratización y de construcción de ciudadanía del país, y que supere definitivamente las dificultades que se presentan a otras instituciones estatales de educación en países latinoamericanos. Y es necesario para la Universidad de Chile, porque le permitirá proyectar su quehacer hacia otras responsabilidades mayores, con mayor autonomía respecto de la contingencia y con incidencia en el ámbito internacional, todo lo cual requiere condiciones de adecuada sustentabilidad en el largo plazo.

No estamos reivindicando, pues, una prerrogativa arbitraria de la Universidad de Chile, y tampoco estamos reclamando una exclusividad. A la vez que afianzados en un principio de autonomía que tiene su principal expresión en nuestra nueva forma de gobierno, nos entendemos insertos en un sistema a cuya construcción queremos contribuir decididamente: en ese sistema las relaciones con las demás universidades del Estado son fundamentales, porque atienden a la responsabilidad que éste tiene de suministrar condiciones de formación superior con calidad asegurada a lo largo del país.

Es por esa razón que acogemos las señales que da el Estado en la perspectiva de un nuevo trato con sus universidades y con ésta en particular. Nos esforzaremos por desarrollar y cumplir con el mayor rigor y excelencia el convenio de desempeño adjudicado a la Universidad de Chile, además de otras tres universidades estatales, y que está enfocado al mejoramiento de la gestión institucional y al aseguramiento de la calidad académica. Entendemos que estas señales apuntan en el camino correcto, generando no sólo un dinamismo saludable al interior de las instituciones de educación superior del Estado, sino sentando también las bases para el establecimiento de estrategias y redes cooperativas entre ellas. Asumimos que nuestro rol en este contexto es, sin duda, de liderazgo -un liderazgo que no puede quedarse en las afirmaciones retóricas y los gestos de arrogancia-, pero también de aprendizaje.

Son señales, digo, que van por la senda correcta, pero que requieren ser complementadas por otras más, y precisamente por otras que no sometan permanentemente al condicionamiento competitivo la obtención de recursos que muchas veces son imprescindibles, no diré para el desarrollo y el crecimiento de nuestras instituciones, disciplinas y actividades, sino para no perder lo mucho que se ha avanzado.

Pero debe quedar claro que tampoco estamos reclamando una afluencia de recursos y un establecimiento de disposiciones favorables sólo para mantener nuestros estándares, que sabemos requieren mejoramientos profundos en muchas áreas y muchos aspectos. Lo que buscamos es generar un modelo de universidad pública, que aporte decisivamente al aseguramiento de la calidad de nuestro sistema universitario y a las necesidades del país con el más alto nivel de rendimiento cultural, científico y tecnológico.

Reafirmamos nuestro carácter de Universidad pública

La Universidad de Chile declara hoy, con plena fidelidad a su tradición y vocación, su carácter público, y el compromiso con su resguardo. Éste es también el sentido que tiene el nuevo trato con el Estado que ella demanda, en el convencimiento de que la educación es un bien público y que lo es en el grado más eminente. Nos parece, asimismo, fundamental enunciar este convencimiento en el momento en que se inician los trabajos del Consejo Asesor Presidencial para la Educación Superior.

Le asignamos a la educación una índole irrenunciable de patrimonio y de capital de identidad, en la medida en que debe suministrar los elementos constitutivos de ciudadanía y expandir las bases de la democracia en nuestro país. Atrevámonos a hacer algo dramáticamente distinto y, aunque resulte paradojal, reencontremos como país nuestras raíces republicanas y brindemos a todos nuestros jóvenes, sobre todo a los más pobres, la oportunidad de acceder a una educación pública de calidad. Sólo así tendremos un país más equitativo y sin las discriminaciones y desigualdades que se expresan en los malestares sociales que estamos observando.

Muchas gracias.