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Nelson Camilo Sánchez lidera desde 2018 la Clínica Internacional de Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Virginia (UVA), institución donde previamente se desempeñó como profesor visitante. Desde esta prestigiosa unidad en Estados Unidos, el académico coordina litigios estratégicos de alcance global y encabeza investigaciones de vanguardia, posicionando a la clínica como un espacio clave para la formación de las próximas generaciones de juristas en el ámbito internacional y colaborando como consultor experto para diversos organismos intergubernamentales.
Formado en la Universidad Nacional de Colombia, donde ejerció como profesor asociado de Derecho, Sánchez consolidó su trayectoria continental como director de investigación de Dejusticia y a través de sus roles técnicos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Colombiana de Juristas. Su labor docente e investigadora, lo ha llevado a ser profesor invitado en la Universidad de Essex (Reino Unido), la Universidad de Los Andes y la Javeriana de Cali, además de ser un activo columnista internacional cuyos textos han sido traducidos a múltiples idiomas, incluyendo el francés, alemán, turco y árabe.
En el ámbito académico y editorial, sus áreas de investigación abarcan la justicia transicional, la responsabilidad corporativa en conflictos y el sistema interamericano de derechos humanos. Este trabajo se ha plasmado en ocho libros de su autoría y en columnas de opinión regulares para el periódico El Espectador y plataformas como Open Democracy y Americas Quarterly.
En esta entrevista para la sección Visitantes, concedida durante su paso por la U. de Chile, Sánchez reflexiona sobre los desafíos actuales de las garantías fundamentales. Para el académico, la protección de estos derechos es una labor colectiva y cotidiana, sosteniendo que “el respeto a los derechos humanos es el piso mínimo de igualdad y dignidad”.
—Usted reside en Estados Unidos pero mantiene un estrecho vínculo con la realidad continental. Desde esa doble perspectiva, ¿cómo evalúa el escenario actual de los derechos humanos en ambas regiones?
Actualmente, los derechos humanos son un referente político, ético y cultural fundamental. En los últimos 80 años se han ganado un lugar en la discusión pública; antes de la Segunda Guerra Mundial, no se entendía que existieran estas garantías internacionales. Hemos logrado posicionar temas que hace unas décadas eran impensables, visibilizando que el poder público no se puede usar de cualquier manera y llevando la protección incluso al ámbito privado, como el combate a la violencia intrafamiliar o la consulta previa a comunidades indígenas.
Sin embargo, son momentos difíciles para lo público. Vemos contextos donde se busca usar la fuerza en lugar del derecho y aparecen movimientos "antiderechos" que usan la estructura de protección, sus mecanismos y estrategias, no para proteger, sino para evitar la expansión de las garantías. En Estados Unidos, por ejemplo, vemos amenazas a derechos básicos como el voto, donde la Corte Suprema permitió la modificación de distritos electorales bajo consideraciones racistas que buscan excluir a las minorías. Hay una tensión evidente: a pesar de los logros, enfrentamos fuerzas muy poderosas que se oponen al proyecto de los derechos humanos a nivel global.
— ¿Cómo puede un fallo judicial competir contra esos discursos?
Los fallos judiciales pueden ser muy poderosos porque registran una situación, confirman y legalizan una verdad frente a la negación institucional. Además, son creadores de momentos políticos que marcan un antes y un después, empoderando a la ciudadanía para organizarse y movilizarse desde esa nueva base legal. A veces, todo el camino recorrido para llegar a la sentencia es lo que realmente transforma la narrativa, logrando ganarse las mentes y los corazones de la sociedad e instalando que el respeto a los derechos humanos es el piso mínimo de igualdad y dignidad.
—Aterrizando en el caso chileno, ¿qué implicancias tiene la sentencia del fallo “Vega González y otros” para la jurisprudencia nacional y el avance de la justicia transicional en el país?
Este fallo definitivamente marca un hito porque cuestiona algo que en el pasado no se había abordado así en Chile: la idea de que las violaciones graves a los derechos humanos tienen que ser sancionadas proporcionalmente. Si no las sancionamos, no respetamos a las víctimas ni hacemos lo suficiente para evitar que se repitan.
Este caso aporta algo nuevo porque aquí sí se investigó y se procesó, pero la gran discusión radica en el tipo de sanción. La Corte Interamericana fue clara con el Estado chileno: si la sanción es un chiste, es como si no se hubiera hecho nada por las víctimas. Este fallo busca detener el aparato y la cultura de impunidad, no solo por los casos de la dictadura, sino por hechos recientes como los abusos del estallido social de 2019.
—¿Qué significado tuvo para usted participar en una discusión de este tipo en una institución pública como lo es la Universidad de Chile?
Siempre le he tenido mucho cariño y orgullo a la Universidad de Chile; desde mi época de estudiante en la Universidad Nacional de Colombia vi su excelencia. El seminario fue muy valioso porque reunió a todas las partes que formaron parte de esta construcción de años. Fue emocionante ver la conclusión de un litigio que, lamentablemente, tomó casi 20 años de espera para las víctimas.
—¿Cómo logran estos espacios académicos mantener la vigencia de los derechos humanos frente a la sociedad contemporánea?
Estos espacios son vitales en un momento de tanta tergiversación pública, donde un video de 30 segundos se viraliza en redes sociales sin explicar la complejidad de casos donde las víctimas llevan décadas esperando justicia. Frente a esa inmediatez que simplifica el debate, la academia ofrece el tiempo y el rigor necesarios para discutir ampliamente con los expertos. La gran conclusión de este encuentro es que las cortes pueden colaborar activamente para resolver los problemas reales de las personas.
—¿Cómo se puede asegurar que la defensa de los derechos humanos sea una tarea de toda la sociedad y no quede restringida solo a un grupo de expertos o abogados?
Es fundamental crear instrumentos para masificar la cultura de derechos, para que las personas se den cuenta de su importancia en la cotidianidad. A veces ocurre un cortocircuito entre los expertos legales y la gente porque no somos capaces de expresar cómo gran parte del día a día —caminar por un espacio seguro, respirar aire puro, ir a trabajar— se basa en un marco de derechos que no nos han regalado, sino que hemos conquistado. Necesitamos explorar narrativas basadas en la solidaridad y la dignidad para evitar que el odio y el miedo sigan avanzando.
—Finalmente, en un contexto con nuevas amenazas en la materia, ¿cuál cree que será la lucha por la dignidad que definirá a las próximas generaciones?
Definitivamente la crisis climática y el rápido desarrollo tecnológico. Siempre le digo a mis estudiantes que la forma en que yo ejercía mis derechos hace 30 años era radicalmente distinta: hoy salimos a la calle con un teléfono en el bolsillo que realiza un seguimiento constante de nuestros movimientos y bajo el ojo de cámaras con reconocimiento facial.
La “protesta 2.0” ha reconfigurado por completo el espacio público y nuestra cotidianidad. Al final, tanto la crisis ambiental - que avanza rápidamente y ante la cual hacemos esfuerzos mínimos- como el control tecnológico desregulado, constituyen amenazas severas a nuestra capacidad de ejercer derechos fundamentales. Ambas fuerzas amenazan nuestra capacidad de habitar y pensar el espacio público, lo privado y lo comunitario, condicionando nuestra cotidianidad actual y la de las próximas generaciones.