El encuentro regional "Avanzando hacia un Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia" se realizó en el Salón de Honor de la Universidad de Chile con las palabras de bienvenida del ministro de Justicia y Derechos Humanos de nuestro país, Jaime Gajardo; del Decano de nuestra Facultad, Pablo Ruiz-Tagle, quien intervino en representación de la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y la delegada residente del PNUD, Georgiana Braga-Orillard.
Asimismo, estuvieron presentes el subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz; y el coordinador general de la Conferencia de ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB), Marco Fandiño Castro, entre otros.
Entre los días 2 y 4 de diciembre, la actividad convocó a representantes de los ministerios de Justicia, líderes regionales y expertos internacionales en acceso a la justicia, junto a figuras de la sociedad civil, organismos internacionales y el mundo académico.
Su objetivo fue compartir experiencias y mejores prácticas internacionales, para explorar los avances que ha tenido El Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia y discutir los desafíos comunes de la región, de manera de avanzar en la creación de un sistema inclusivo en esta materia.
Durante el evento, se abordaron temas fundamentales con énfasis en las brechas que pretende abordar el Convenio Iberoamericano de Acceso a la Justicia.
El ministro, Jaime Gajardo, destacó la importancia de este encuentro, relevando que "el objetivo de mejorar el acceso a la justicia en nuestra América es una contribución relevante para la resolución pacífica de las controversias en nuestros territorios y para que las personas puedan recibir los mejores servicios de parte del Estado".
"El acceso a la justicia se conceptúa como el derecho de los derechos, ya que la formulación de derechos y garantías para los ciudadanos en el papel no basta, para asegurar su ejercicio, sino que debe haber una actividad desplegada en diversos ámbitos, para que ellos se hagan realidad, lo que solo puede obtenerse con las herramientas del acceso”, puntualizó.
Por su parte, el Decano, Pablo Ruiz-Tagle, destacó el trabajo que se ha desarrollado en torno al convenio Iberoamericano, sobre todo, en tiempos donde, dijo, "una parte importante de la población percibe que hay diferencias, que hay personas que, frente a la justicia, tienen más privilegios que otros. Entonces, que se esté trabajando en dar mayor protección a las víctimas, por ejemplo, es una buena noticia".
"El acceso a la justicia igualitario y el garantizar que las personas, independiente de su estatus económico y social, tengan una protección de sus derechos ha sido una promesa que se ha levantado, muchas veces, pero pocas veces se ha hecho realidad", advirtió la autoridad universitaria, quien señaló que algunos países han avanzado más que otros en esta materia.
En esa línea, añadió que "es bueno conocer las experiencias exitosas, compartirlas y saber dónde hay mayores dificultades, porque el derecho legal requiere no solo de una doctrina jurídica, sino de recursos, de personal e instituciones. Y en todo esto hay mucho que aprender", concluyó.
Posteriormente, Georgiana Braga-Orillard, representante residente del PNUD en Chile, destacó la importancia de los esfuerzos conjuntos en la región: “Este espacio es un ejemplo de que es posible enfrentar puntos algo bloqueados en el desarrollo, a través de alianzas entre los países de la región. Y, a la vez, es un llamado para redoblar nuestros esfuerzos para que el acceso a la justicia deje de ser una promesa y se convierta en una realidad para las personas. Alcanzar un convenio iberoamericano de acceso a la justicia marcará un antes y un después, y será un paso decisivo hacia una reunión más interna”.
Entre los principales temas que se abordaron en el encuentro, destacaron la integración de las Reglas de Brasilia, consistente en un conjunto de normas aprobadas en 2008, que tenía como finalidad garantizar el acceso efectivo a la justicia de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad, el análisis de las barreras existentes para garantizar la justicia en los países de la región y la creación de un marco común para mejorar el acceso a los servicios judiciales. Asimismo, la cooperación regional y el fortalecimiento de políticas públicas inclusivas fueron puntos clave durante los paneles y conversaciones entre los actores presentes.