Ética en profesiones jurídicas: reflexionan sobre confidencialidad y filtraciones de las investigaciones

Concluye ciclo sobre la ética en profesiones jurídicas

Bajo el título “Ética y profesiones jurídicas ¿En qué estamos?”, se desarrolló, el pasado 16 de diciembre, la tercera sesión del ciclo de seminarios, organizado por el Departamento de Ciencias del Derecho y el Observatorio Ética y Profesiones Jurídicas. El objetivo: generar un espacio de conversación entre panelistas y asistentes sobre las filtraciones de investigaciones judiciales. Para esto, el abogado y académico del Departamento de Derecho Procesal, Julián López, con el abogado y director de la Unidad de Crimen Organizado del Ministerio Público, Ignacio Castillo y la periodista y profesora en Comunicaciones Políticas de la U. de Chile, Ximena Jara, respondieron diversas preguntas sobre la materia. 

La primera que se trató de despejar fue la que se hizo la académica encargada de la actividad, María Soledad Krause, citando el artículo 182 del Código Procesal Penal de Chile que dice: “las actuaciones de investigación realizadas por el Ministerio Público y por la policía serán secretas para los terceros ajenos al procedimiento”. Sobre la base de esta premisa, se consultó a los panelistas: ¿Existe un deber de confidencialidad en relación con las carpetas de investigación? ¿Quiénes son los obligados por ese deber? ¿Qué sanciones corresponde poner a quienes vulneran esto?

Para  mejorar la calidad de los procedimientos jurídicos, se deben poner los esfuerzos en la mejora de la normativa y los fundamentos originales del proceso penal, revisando cuál es el rol que se le asigna a cada uno de los intervinientes, poniendo hincapié en el que debe cumplir el juez de garantía. Hacer esto, aparte de lo que ya se está mejorando en cuanto a la administración de los procesos penales del Ministerio Público”, señaló Ignacio Castillo.

El representante del Ministerio Público añadió que "hay que ver cuál es el contorno normativo que hace a las filtraciones algo relevante. Las reglas del Código Procesal Penal chileno, observando también el derecho comparado, se aproxima a la entrega de información de una manera que no es razonable si es que uno quiere prevenir las filtraciones”. 

En contraste a esta visión, Ximena Jara aseguró que “se debe trabajar en el cómo se comunican las informaciones de las distintas causas, pero teniendo en cuenta que la fé pública está muy dañada y que, la confianza hacia el sistema de justicia, está rota”. 

Al respecto de lo anterior, el profesor Julián López dijo que hay dos ámbitos de preocupación. “Uno, es la correcta administración de la justicia, la imparcialidad de los procesos y, segundo, están los derecho de las personas, la dignidad personal, la privacidad, aquellos valores que el sistema de justicia debería proteger mientras administra justicia”, detalló. 

Casos justificados y otros que no

Un punto que se puso sobre la mesa en esta conversación, fueron los juicios mediáticos que han surgido en consecuencia de filtraciones y cómo esto marca el rumbo de las indagaciones. El problema que observaron los panelistas sobre esto, es la complejidad de dar con la persona responsable que filtró una carpeta investigativa, lo que no permite solucionar el problema.

A la hora de analizar el problema de las divulgaciones de las carpetas de investigación, los expositores atendieron la disyuntiva sobre qué es lo más grave, si la filtración en si misma o el contenido de esta misma. La profesora Jara puso a la fé pública como un ámbito que se debe recuperar, logrando recobrar la confianza en el sistema judicial. 

En función de este punto, el consenso de los panelistas fue que hay casos no justificados y otros que sí. "Lo más importante de este encuentro es que llegamos al acuerdo de que, en ciertas circunstancias, ese deber de confidencialidad puede ser transgredido porque hay un bien superior”, enfatizó la periodista. 

“Las profesiones jurídicas tienen que desarrollar una normativa que defina cuál es el rol de cada uno en el sistema, de manera que, todos los que ejerzan la misma profesión, tengan claridad y exijan el cumplimiento de éste. Lo que supone la creación de normas que todos conozcamos, en las que estemos o no de acuerdo”, concluyó el profesor López.