Durante dos intensas jornadas, el Campus Rancagua de la Universidad de O'Higgins fue la sede del Primer Encuentro de la Red de Fiscalías Universitarias, organizado por el Consorcio de Universidades del Estado de Chile (CUECH). La cita reunió a fiscales, asesores jurídicos y equipos técnicos de diversas casas de estudio públicas desde Arica hasta Punta Arenas, con el objetivo de intercambiar experiencias y avanzar hacia una gestión disciplinaria más eficiente, colaborativa y centrada en los derechos de las comunidades universitarias.
El encargado de abrir el evento fue Orlando Aravena, fiscal general de la Universidad de Talca, quien destacó la necesidad estratégica de contar con fiscalías robustas y preparadas ante los nuevos desafíos normativos y sociales que atraviesan las instituciones de educación superior. La Mesa coordinadora de la red, además contó con la participación de Nicole Pastene de la Universidad de Valparaíso y José Luis Pérez de la Universidad de la Frontera.
“Se trata de una actividad de gran relevancia por diversas razones”, señaló Gustavo Fuentes, abogado y jefe de gabinete de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC) de la U. de Chile, quien participó de esta actividad. “En primer lugar, constituye una instancia que convoca a la totalidad de las universidades del Estado. Solo en 2025, el ingreso de estudiantes de pregrado en estas instituciones alcanzó cerca de 44.000 personas. Si a ello sumamos a las cohortes anteriores, tanto de pregrado como de postgrado, además del cuerpo académico y el personal de colaboración, estamos hablando de comunidades universitarias de alcance nacional y de gran magnitud”, afirmó.
Fuentes agregó que “debatir y proyectar la modernización de los sistemas de seguimiento, la digitalización de los procesos y el cumplimiento normativo resulta esencial tratándose de una temática tan importante como lo es la convivencia universitaria que marca la vida de estudiantes, académicos/as y personal de colaboración durante toda su trayectoria formativa y laboral”.
Además, afirmó que “contar con una red que articule a los equipos jurídicos, profesionales, técnicos y administrativos de todas las universidades constituye un paso fundamental para fortalecer el principio de coordinación que el Estado espera de sus instituciones de educación superior.”
Para Macarena Bravo, jefa de la Unidad de Investigaciones Especializadas en Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria de la Dirección Jurídica (DIRJU) de la U. de Chile, “esta Red es de capital importancia para abordar temas y desafíos comunes, generar soluciones jurídicas compartidas y nutrirnos de las buenas prácticas de cada integrante, ya que nos encontramos ante materias y procedimientos nuevos desde la perspectiva de la investigación con fines sancionatorios disciplinarios en materia de atentados a la dignidad -como el acoso sexual, acoso laboral, o la discriminación arbitraria”, señaló.
Bravo agregó que este tipo de actividades permiten “sinergias respecto de la aplicación de los más altos estándares -por ejemplo, en materia probatoria o en la actuación del principio de proporcionalidad en la aplicación de sanciones disciplinarias -, en la difusión y análisis de criterios jurisprudenciales, dictaminadores y doctrinales, o en la aplicación de estrategias y herramientas para la incorporación de la perspectiva de género”.
Dentro de los diversos temas abordados, uno de los temas más debatidos fue la urgencia de establecer criterios comunes sobre la proporcionalidad de las sanciones disciplinarias. Además, se compartió la experiencia en la implementación de plataformas digitales para la gestión de casos disciplinarios, destacando los aprendizajes y ventajas que ha traído esta modernización en la tramitación de los procedimientos.
Modelo UCHILE
A nivel interno, la Universidad de Chile ha desarrollado un sistema institucional que involucra a diversas facultades y entidades universitarias en la aplicación de medidas disciplinarias para estudiantes y funcionarios. “Estos procedimientos pueden ser iniciados tanto por una denuncia, como de oficio por la propia institución”, explicó Camila Pilquinao, abogada de la Unidad Área de Asesoría Jurídica de la VAEC, quien también asistió al encuentro.
Desde 2019, la Universidad tiene un modelo para la aplicación del Nuevo Reglamento de Jurisdicción Disciplinaria de los Estudiantes, en el que la Dirección Jurídica (DIRJU) determina la admisibilidad de la denuncia y luego, en caso de ser procedente la instrucción de un procedimiento, se designa como fiscal a una abogada o abogado de la Unidad de Investigaciones Especializadas en Acoso Sexual, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria de la misma DIRJU, que realiza la investigación y tramita los casos, para luego elaborar una propuesta a la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios (VAEC).
Tras esto, la VAEC conoce y resuelve los procedimientos que se instruyen bajo este marco. Convoca a las audiencias en las que se presentan la propuesta de la fiscalía, la defensa de la persona denunciada y las observaciones de la parte denunciante. Posteriormente, resuelve el procedimiento mediante absolución, sobreseimiento o la aplicación de una sanción, considerando siempre las circunstancias atenuantes y agravantes. De esta manera, el proceso en su conjunto garantiza que todas las partes involucradas sean oídas, presenten pruebas y hagan valer sus argumentos.
En el caso del estamento funcionario y académico, los fiscales de la DIRJU tramitan los procedimientos de conformidad con las diversas normas que nos rigen (Estatuto Administrativo, Ley N° 21.369, Ley Karin, Ley N°21.094 sobre universidades estatales,) y proponen a la VAEC el sobreseimiento, absolución o sanción; siendo también la VAEC la autoridad competente para resolver en estos casos.
“Son temas súper complejos, súper sensibles, donde colisionan muchos derechos. Entonces es importante analizar directrices respecto a esta materia, revisar jurisprudencia, revisar algunas sentencias que pueden guiar nuestro actuar frente a futuras ocasiones”, señaló Rodrigo Currihual, asesor del Área de Asesoría Jurídica de la VAEC, que también participó en la actividad.
Respecto a la articulación de esta nueva red, Currihual agregó que “lo más interesante y útil, es que en ese encuentro todos éramos profesionales dedicados a procedimientos disciplinarios. Entonces es enriquecedor compartir experiencias, compartir criterios, compartir estándares”.
“Nos permitió intercambiar experiencias con otros colegas e identificar nudos críticos comunes en todas las instituciones de educación superior. Lo anterior es fundamental a la hora de buscar criterios comunes que fortalezcan la respuesta de las universidades frente a estas problemáticas”, concluyó Camila Pilquinao.