En el marco de la transición energética del país y frente al compromiso de cierre y reconversión de las centrales termoeléctricas a carbón del país para el año 2040, es que surgen una serie de dudas y desafíos respecto a los procedimientos de cierre de las distintas centrales y los pasivos ambientales que estas dejarían atrás.
Ante tales dudas es que surge el Informe "Regulación ambiental y sectorial aplicable al cierre y reconversión de centrales termoeléctricas a carbón en Chile", elaborado por el Centro de Derecho Ambiental para la fundación Chile Sustentable, bajo la coordinación de la profesora Ximena Insunza Corvalán, que fuera presentado el pasado martes 21 de abril, el cual tiene por objetivo examinar el marco regulatorio vigente para el cierre y reconversión de las centrales a carbón.
Entre los expositores se contó con la participación de dos de los autores del estudio, la Dra. Pilar Moraga Sariego (directora del Centro de Derecho Ambiental) y Abel Piñones Cerda (profesor Instructor del Departamento de Derecho Económico). Junto a ellos, también estuvieron presentes Sara Larraín Ruiz-Tagle (directora de Chile Sustentable), Ricardo Irarrázabal Sánchez (profesor de la Pontificia Universidad Católica y ex Subsecretario de Medio Ambiente, de Energía y de Minería), y Ezio Costa Cordella (subdirector del Centro de Derecho Ambiental).
La actividad comenzó con una introducción de Sara Larraín, quien abordó la transición energética y la descarbonización de la matriz eléctrica del país como un compromiso necesario para cumplir tanto con el Acuerdo de París como con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Señaló que el estudio busca contribuir a que esta transición se desarrolle en conformidad con la ley, bajo principios de justicia social y ambiental, garantizando el acceso equitativo a los derechos y evitando una distribución desigual de las externalidades derivadas de este proceso. Asimismo, destacó esta transformación como una oportunidad para potenciar otros recursos naturales y energéticos del país, como las fuentes hidroeléctricas, solares y eólicas.
Agregó que, para el año 2025, 14 de las 28 centrales termoeléctricas del país habrían cerrado o sido reconvertidas. Sin embargo, advirtió que uno de los principales desafíos derivados de estos cierres son los efectos asociados al término de faenas industriales y las obligaciones que deben cumplirse durante dichos procesos. De las 14 centrales cerradas, se identificaron dos grupos: aquellas que operaban sin Resolución de Calificación Ambiental (RCA) y aquellas que sí contaban con RCA, con siete casos en cada categoría. Según explicó, la tendencia común en estos cierres ha sido una situación generalizada de incumplimiento, tanto de las obligaciones establecidas en las RCA como de la normativa sectorial aplicable, junto con una insuficiente fiscalización por parte de las autoridades competentes.
Posteriormente, la Dra. Pilar Moraga y el profesor Abel Piñones expusieron sobre la metodología y contenido del estudio, señalando que se identificaron problemáticas respecto al cierre de las centrales termoeléctricas, entre ellas, los efectos en la salud de las personas, los pasivos ambientales remanentes, el aporte a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y la falta de regulación sobre la etapa de cierre. En este contexto, el objetivo de la investigación fue identificar la normativa aplicable a las 28 termoeléctricas.
La metodología utilizada para recabar la información necesaria consideró la revisión de información pública disponible, tales como Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), consultas de pertinencia y registros de centrales conectadas al Sistema Eléctrico Nacional. Asimismo, se realizaron solicitudes de información vía Ley de Transparencia a organismos sectoriales, entrevistas a distintos actores claves tanto del sector público como privado, y un análisis normativo de las distintas regulaciones sectoriales, especialmente en casos de centrales sin RCA, cuyas autorizaciones respondían a marcos regulatorios distintos a los actuales.
Entre las dificultades metodológicas se destacó la dificultad del acceso a la información sobre el estado real de las plantas, debido a que no existe información centralizada al respecto. A ello se suma una importante brecha de información, ya que gran parte de la información obtenida no es de fácil acceso para la ciudadanía. También se registraron demoras significativas en las respuestas a las solicitudes de información, que en algunos casos tardaron hasta tres meses, e incluso situaciones en que los organismos señalaron no contar con los documentos requeridos.
Entre los resultados más relevantes, se observó que, en el caso de las centrales sin RCA que habrían cesado sus operaciones, la ausencia de normas sectoriales que regulen la etapa de cierre y la inexistencia de planes formales permiten, en la práctica, que las instalaciones permanezcan abandonadas. Junto con ello, se identificó el uso de consultas de pertinencia dirigidas al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) para consultar sobre eventuales procesos de reconversión, así como casos en que, aun sin obligaciones formales, algunas empresas se encontraban ejecutando ciertas acciones de cierre, como ocurrió con Bocamina I.
Respecto de las centrales con RCA, se identificaron distintos niveles de detalle en las obligaciones asociadas al cierre, así como diferencias en la exigencia de contar o no con planes de cierre formales. No obstante, algunas centrales con planes de cierre u obligaciones habrían presentado consultas de pertinencia vinculadas a procesos de reconversión.
Entre las principales conclusiones del estudio, se reconoció un vacío regulatorio, sumado a las solicitudes de consultas de pertinencia por parte de los titulares, junto con compromisos incumplidos respecto a las fechas y formas en que se efectuaría el cierre. A ello se añade una fiscalización insuficiente por parte de los distintos órganos competentes.
Finalmente, Ricardo Irarrazabal comentó el estudio, centrándose en temas como el rol del Ministerio de Energía en estas materias y los acuerdos logrados por este, la metodología de análisis caso a caso aplicada a cada central, que permitió identificar la disparidad que existe en el tratamiento de los proyectos; los instrumentos adicionales al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) que podrían emplearse para abordar estas problemáticas; y los incentivos que podrían generarse para facilitar procesos de cierre adecuados.
Por su parte, Ezio Costa destacó que la existencia de proyectos previos a la regulación actual genera incertidumbre respecto de las obligaciones aplicables, especialmente en casos donde no existe RCA. A ello se suma que las autorizaciones sectoriales tampoco son de acceso público, complicando la fiscalización. Asimismo, señaló que también es parte del problema el poco énfasis en el cierre de faenas en el SEIA, lo que lleva a tener que crear soluciones distintas para cada caso. En ese sentido, valoró que el estudio permitiera visibilizar importantes zonas grises tanto del SEIA como del sistema de fiscalización sectorial.
Para concluir la presentación, se abrió un espacio para que los miembros del público pudieran formular preguntas y comentarios a los expositores.