Todas las encuestas de opinión le otorgan una mayor probabilidad al escenario de que el proyecto constitucional se rechace el 17 de diciembre. Si bien es posible que a medida que se aproxime la fecha del plebiscito la opción “A Favor” se vuelva más competitiva, es necesario preguntarse por el destino que tendrán los cambios al sistema electoral en caso de ganar el “En Contra”. La lógica que subyace a este planteamiento es simple: el Consejo y la Comisión Experta acotaron correctamente el diagnóstico sobre los problemas del sistema político en torno a la excesiva fragmentación del sistema de partidos, y a la dificultad para fomentar la cooperación. Con ello a la vista, en el texto definitivo se redujo la magnitud distrital a un máximo de 6 escaños. También, se estableció un umbral de 5% para que los partidos puedan tener representación en la asamblea. Los especialistas, en general, concuerdan en que se trata de correctivos adecuados. Sin embargo, de ocurrir lo que anticipan los sondeos, nos encontraremos en un escenario donde, existiendo ese consenso transversal sobre la disfuncionalidad de nuestro sistema electoral, no se lograrán implementar los cambios necesarios. Aquí surge la interrogante sobre qué harán los políticos incumbentes respecto del sistema electoral en caso de un nuevo fracaso constitucional. ¿Omitirán simplemente la necesidad de introducir reformas que favorezcan la cooperación y terminen con la balcanización del sistema de partidos?
En teoría, es poco realista esperar que los parlamentarios en ejercicio alteren reglas que afecten directamente sus intereses. Ahora bien, si se reflexiona detenidamente en el problema, es posible identificar algunos incentivos que podrían motivar a los legisladores para avanzar en el sentido indicado por el proyecto constitucional en lo que atañe al sistema electoral.
Veamos cuáles serían esos incentivos. Primero, los incumbentes saben que hoy, con el exceso de partidos con representación parlamentaria, es casi imposible que el país se beneficie de gobiernos capaces de cumplir sus promesas de campaña y realizar reformas profundas. Si de verdad quieren mostrarse interesados en resolver las demandas de los chilenos, y formar gobiernos que cumplan, reducir la atomización de la asamblea es una condición necesaria. Distritos más pequeños son una de las vías más directas para ello. Segundo, la evidencia empírica muestra que los distritos que distribuyen más escaños fomentan la polarización. Como ha argumentado el politólogo Gary Cox (1990), magnitudes distritales más bajas inducen incentivos centrípetos en la competencia, de lo que se siguen niveles más bajos de polarización (se compite por el votante mediano). Si los políticos incumbentes anhelan realmente dejar de lado los conflictos y llegar a acuerdos en beneficio de sus constituencies, deberían favorecer una reducción de la magnitud distrital que les facilite alcanzar compromisos. Tercero, entre las diversas propuestas del texto que hoy se somete a ratificación ciudadana, una de las más populares es precisamente reducir el tamaño de la Cámara de Diputados. Ese debiese ser un incentivo importante para los políticos.
Si las razones anteriores aún no son suficientes, podemos añadir una cuarta motivación: una reforma electoral omnicomprensiva también debería incluir la eliminación de los límites a la reelección. Esto, no es para darle en el gusto a los políticos. La razón es otra: la experiencia comparada muestra que los legisladores que están limitados en sus opciones de reelegirse se radicalizan más. También, propenden a servir los intereses de grupos de presión poderosos o las directivas partidarias por sobre las demandas de sus votantes (Carey 1998). De igual forma, sabemos que los vínculos que construyen en el tiempo los políticos importan para llegar a acuerdos en beneficio de los ciudadanos.
En suma, si lo que se busca es promover incentivos a la colaboración y tener gobiernos eficaces, reducir la cantidad de escaños por distrito parece el camino adecuado. A ello se puede agregar el fin de los topes a la reelección. El país ha dado bandazos constitucionales por cuatro años. Con todo, si se fracasa de nuevo, probablemente de manera menos rotunda que la Convención 2021-2022, ahora al menos tendremos el problema mejor identificado y acotado. En el caso de que las encuestas actuales acierten, los incumbentes tendrán la última palabra.