La violencia de género es toda acción o conducta basada en el género o sexo de una persona, que causa daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. Es una forma de discriminación que tiene múltiples manifestaciones y que puede afectar a cualquier persona en cualquier espacio, pero afecta principalmente a las mujeres.
El acoso sexual forma parte de la violencia de género, y se define como “cualquier acción de connotación sexual, no consentida por la persona que la recibe”, y se puede manifestar a través de insinuaciones, comentarios, gestos o sonidos de connotación sexual, contacto físico contra la voluntad de la persona, amenazas, chantajes u ofrecimiento de beneficios académicos o laborales para recibir favores sexuales, además de la divulgación de videos o fotografías íntimas sin el consentimiento de la persona afectada.
Existe consenso en señalar que estas conductas emergen de la conjunción entre poder, sexualidad y violencia (Bardales y Ortiz, 2012), limitan gravemente el goce de los derechos de las mujeres y perpetúa una posición de subordinación en las relaciones de género.
Sobre este punto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que “el uso de estereotipos de género se convierte en una de las causas y consecuencias de la violencia contra de la mujer”, es decir, tiene sus bases en la cultura, y por tanto no puede entenderse como una conducta individual, sino como una construcción colectiva originada en un contexto de desigualdades históricas.
Esta definición reconoce y pone de manifiesto que hombres y mujeres aprenden, a través de la socialización, conductas normalizadas que se asientan en las desigualdades históricas, y que están asociadas a “la masculinidad hegemónica en el caso de los hombres, como la autoridad y el ejercicio de la violencia, mientras que la femineidad es sinónimo de subordinación y debilidad” (Acoso en el Campus: el acoso sexual en la Universidad de Chile, Dirección de Igualdad de Género U. de Chile, 2019).
En este orden de género, la violencia contra las mujeres, en todas sus manifestaciones, se perpetúa en todos los espacios: en el hogar, el espacio público, en el ámbito académico y laboral, y en los últimos años ha crecido con fuerza en el mundo digital, donde muchas veces se ampara en el anonimato y la impunidad.
Acoso Sexual en la educación superior
El acoso sexual en las universidades ha existido probablemente desde que las mujeres ingresaron a la educación superior, sin embargo, desde 2018 emergió como un problema de carácter público debido al movimiento estudiantil feminista, que interpeló a las instituciones de educación superior y exigió tomar medidas concretas para enfrentar y erradicar el sexismo en la educación, el acoso sexual y la violencia de género.
Un estudio realizado por la Dirección de Igualdad de Género de la Universidad de Chile (DIGEN) en 2016, evidenció que en la Universidad de Chile 26% de las personas ha conocido situaciones de acoso sexual en la universidad y un 14,7% lo ha sufrido directamente durante su trayectoria universitaria. Las personas afectadas son mayoritariamente mujeres, principalmente estudiantes, y los agresores son principalmente hombres, académicos o estudiantes.
Desde octubre 2022 a enero de 2023, la DIGEN realizó la segunda encuesta sobre acoso sexual en la vida universitaria, la que está próxima a publicarse. Carmen Andrade, Directora de Igualdad de Género de la U. de Chile, destaca que “esta encuesta es muy importante porque indaga en cuántas personas están viviendo o han sido afectadas por acoso sexual en la universidad, independiente que hayan denunciado o no, porque sabemos que las denuncias siguen siendo pocas y que el problema es mucho mayor. Pero también porque queremos saber más sobre cómo y en qué contexto de produce la violencia. Nuestra idea es mirar cómo está la Chile en este tema, pero sobre todo sacar lecciones sobre qué hacer, no es solo para generar conocimiento, sino para que nos de pistas sobre posibles líneas de acción”.
En las universidades este problema es particularmente preocupante, ya que puede tener un impacto negativo en la educación y el bienestar de las personas afectadas, además de generar ambientes hostiles o amenazantes que pueden afectar las condiciones laborales o académicas de quienes lo viven, pues tienden a disminuir su rendimiento académico y laboral, suelen dejar de asistir a clases o al trabajo, bajan sus notas y se excluyen de participar en ciertos espacios o eventos sociales.
Un avance importante fue la promulgación de la Ley 21.369 en septiembre de 2021, que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, y establece una serie de obligaciones para abordar esta problemática en todas las instituciones educativas. Entre ellas, diseñar e implementar una política integral sobre acoso, violencia y discriminación -que fue cumplida por todas las universidades-. También establece que las instituciones que no den cumplimiento a lo establecido -lo que es fiscalizado por la Superintendencia de Educación Superior-, no podrán acceder a la acreditación institucional establecida en la ley de aseguramiento de la calidad.
Según Carmen Andrade “esta ley recoge bastante bien una de las demandas del movimiento feminista, que era la exigencia para que hubiese una respuesta de las instituciones al problema del acoso y la violencia, pero todavía está pendiente abordar el tema del sexismo, que era la otra demanda importante. Esta es una buena ley, pero refiere a la violencia y al acoso sexual, no necesariamente a las causas de la violencia y del acoso. Entonces, mi preocupación es más de fondo, creo que estos son buenos instrumentos, que nos sirven, pero lo que no podemos perder de vista es que las leyes son un medio; el objetivo es reducir y erradicar la violencia”.
A pesar de las dificultades, existe consenso en señalar que es un gran paso, ya que una de las carencias que tenían las universidades para enfrentar el acoso sexual y la violencia de género era la falta de marcos normativos generales.
Dar y recibir el consentimiento
“No dijo que no”, “habíamos bebido mucho”, “lo estaba pidiendo por la ropa que tenía puesta”, “calentó el agua y no se quería tomar el té”, “si quiso hacerlo la semana pasada, por qué no iba a querer ahora”, “las mujeres dicen que no, cuando en realidad quieren decir sí”. Muchas veces hemos escuchado -o dicho- frases como éstas, que intentar desdibujar los límites del consentimiento sexual, responsabilizar a las víctimas y/o exculpar a los agresores del delito que han cometido.
En diversos instrumentos internacionales de DDHH se señala que la violencia sexual “se configura con acciones de naturaleza sexual que se comenten contra una persona sin su consentimiento, que además de comprender la invasión física del cuerpo humano, pueden incluir actos que no involucren penetración o incluso contacto físico alguno” (OEA, MESECVI, 2014). Un elemento que destaca en esta definición, además de la naturaleza sexual de la conducta (…), es la falta de consentimiento”.
En teoría, está claro que cuando una persona dice “no”, es “no”; sin embargo, esta respuesta muchas veces no es recepcionada o aceptada por quien la recibe. Sobre este punto hay que ser claros: el consentimiento se entrega con seguridad, libremente, de forma informada, y es específico y reversible. Esto quiere decir que para que una persona entregue su consentimiento, no puede haber presiones, manipulaciones ni chantajes, exista o no una relación de pareja. No es suponer que la otra persona quiere hacer algo en una relación íntima solo porque lo hizo anteriormente, porque se quedó en silencio, no dijo no explícitamente o porque dijo que sí en un estado inconsciente por consumo de alcohol o drogas. El consentimiento no tiene límites difusos, es un sí claro.
La importancia de la denuncia
En muchas ocasiones se suele cuestionar la falta de una denuncia por parte de la persona afectada, sin considerar que las víctimas a veces demoran años en reponerse de lo sucedido, y en muchas ocasiones, cuando finalmente se atreven a denunciar, suelen ser revictimizadas, se cuestiona su versión de los hechos, se las acusa de provocar sexualmente a sus acosadores o se ponen en duda las circunstancias en que se produjo la agresión, pero rara vez se cuestiona el hecho de que los hombres se sienten con el derecho de acosar o abusar sexualmente de las mujeres y cuáles son las construcciones sociales y estereotipos de género qué justifican y perpetúan estas prácticas.
Sin embargo, no basta con la atención de las víctimas, la investigación y las medidas punitivas. El mayor reto sigue siendo la prevención.
Para prevenir y erradicar estas conductas, en la Universidad de Chile tenemos una Política de Prevención del Acoso Sexual y un Protocolo de Actuación ante Denuncias. Además, cuenta con un Modelo de Atención conformado por la Oficina de Atención del Acoso Sexual de la Dirección de igualdad de Género, profesionales que realizan la primera acogida en facultades e institutos, atención especializada de la Unidad de Salud Mental del SEMDA y la Unidad de Investigaciones Especializadas de la Dirección Jurídica.
También se desarrollan cursos de formación general sobre género y violencias, planes de capacitación y campañas de difusión. En todo este trabajo, el compromiso y la participación de la comunidad universitaria, y especialmente de las autoridades, organizaciones estudiantiles y de funcionarios/as, ha jugado un rol fundamental.
Para conocer la Política de Prevención del Acoso Sexual y un Protocolo de Actuación ante Denuncias, ingresa a https://direcciondegenero.uchile.cl/acososexual/
Para ver el video sobre prevención del acoso sexual, ingresa a https://youtu.be/FnKMFMfJ7hM?si=MJazM_TA-NWEfM4S
Si vives acoso sexual, acércate a la Oficina de Atención del Acoso Sexual, la Violencia y Discriminación de Género de la Dirección de Igualdad de Género, donde recibirás orientación y podrás entablar una denuncia si lo decides.
Datos de contacto:
oficinaacososexual@uchile.cl
Teléfono: +562 29781171
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