La muerte de 81 internos en la cárcel de San Miguel, no es sino uno de los eventos trágicos que el sistema penitenciario nos provee cada cierto tiempo. La secuencia comienza hace mucho como en Iquique, por eso es que ninguna explicación con carácter coyuntural puede dar cuenta de este fenómeno. Esta trama estructural que afecta al sistema penitenciario se ha venido desarrollando desde finales de los años ochenta, momento de inflexión donde Chile infla sus cifras de prisionización, siendo hoy en el Cono Sur uno de los países con más presos cada 100 mil habitantes.
Este incremento va a acompañado de sobrepoblación y hacinamiento, pero esta situación de muerte, agresión y vulnerabilidad de las personas que el aparato de control social del Estado retira de la vida civil es un problema diario. Así, la respuesta lógica de estos años ha seguido una línea donde esto es un problema infraestructural "hacer más cárceles" lo que se traspasa posteriormente a un problema económico "cómo se financia". Este es el camino de las políticas de Estado desde el comienzo de la transición y parece no haber mayores cambios para el futuro.
Esta senda de acción estatal está condenada a fracasar si de lo que se trata es cumplir con la misión muy moderna, a veces excesivamente entusiasta en sus posibilidades, de "resocializar" a los penados. Ahora, si de lo que se trata es de encerrar será un éxito hasta la próxima tragedia - y en nuestro país- se trata de esto: encerrar personas.
En Chile se dieron una serie de condiciones estructurales que fueron generando situaciones, las cuales presionaron al sistema penitenciario hasta hacerlo entrar en problemas graves de manejo de población, ya que al final de lo que se trata la cárcel es de esto: de manejo de contingentes de población dentro de instalaciones con reglas temporales y espaciales llevadas a cabo bajo coerción de la institución. Y la crisis del sistema es precisamente el punto en que ya no puede manejar a la población: multiplicándose espacios de control por parte de los internos, ingreso de drogas y teléfonos celulares, luchas internas por espacio, agrupaciones informales y por supuesto muertes por riñas.
Las condiciones estructurales que resultaron complementarias en este proceso, a nivel mundial fueron: el aumento de la criminalidad como resultado de la crisis del desmonte de la sociedad de bienestar; la reacción cultural punitiva entre los incluidos y excluidos de las fuentes de afiliación social; y las relaciones oportunistas que mantiene el sistema político con esta cultura punitiva.
Estos tres elementos cuando se toman linealmente dan forma a argumentación que toma diversos matices, por ejemplo plantear el problema desde la relación entre discursos político punitivo, formación de una hegemonía cultural con apoyo de los medios y resultados en la criminalización de las conductas, resulta una secuencia constante desde los sectores críticos.
Una segunda forma de verlo es el aumento espontáneo de la criminalidad, una reacción subjetiva racional punitiva y la posterior generación de penas por parte de los legisladores. En el primer caso hay una visión manipuladora y obscura; y en la segunda una visión espontánea y transparente. Pero hay caminos intermedios que no logran caer en el montaje o en la naturalidad del fenómeno. Observar desde el nivel sistémico con algo de aliento histórico, nos permite salir de los extremos y mostrar un punto de vista que alienta otros tipo de medidas prácticas para contener la crisis.
El desmonte del modelo de sociedad de bienestar de carácter mayormente solidario y público a la formas competitiva y privada de la actual, implicó dejar a las personas con los recursos propios para llevar a cabo sus vidas. El deterioro de las expectativas y posibilidades de promoción social, fueron provocando respuestas en las personas en situaciones altamente inestables que terminaron en aumento de la criminalidad a nivel mundial, situación a la que nuestro país no escapa: la mayoría de los internos en Chile están condenados por delitos contra la propiedad, son varones jóvenes bajo los 30 años, con escolaridades muy bajas, con fuertes quiebres familiares además de cometer los primeros delitos a tempranas edades.
Esto ha provocado la reacción subjetiva obvia de quien ha sido violentado en sus derechos como víctima de la criminalidad, instalando una demanda de mayor mano dura. La reacción oportunista de los actores políticos fue la punición por medio de la cárcel, donde la legitimidad lograda por algunos partidos giraba en torno a la seguridad de los ciudadanos inspirando programas de gobierno completos. De esta forma, se extendió el catálogo de penas de cárcel a delitos que no lo contenían y aumentaron el tiempo de cárcel para los que sí; esperando que esto implicara la abstención de las conductas criminales y aumentando la seguridad entre los ciudadanos.
Entonces, la población penal siguió aumentando, ingresó más gente y se quedó por más tiempo. Más que una "puerta giratoria" es una "puerta tapiada" que aumenta los grados de la exclusión, para quienes estuvieron en el lugar más obscuro del Estado y que acarrean este estigma. Lo que provoca al final que a la población recién ingresada, se sumará la que vuelve en ciclos penales que se extienden a sus propias familias, haciéndolas aun más vulnerables.
Hoy enfrentar el problema del control social implica necesariamentevolver al tiempo 1, a situarse en un plano más general que la respuesta punitiva, con políticas que intenten cambiar condiciones estructurales de los sectores más vulnerables, sino se seguirá reaccionando coyunturalmente, como más penas, más hacinamiento y más cárceles. Entonces, si se vuelve constantemente sobre esta situación estructural con la misma receta, este trágico evento u otros volverán a ocurrir.