Cuenta Anual de la Gestión presentada por el Rector de la Universidad de Chile, Prof. Luis A. Riveros. 2005

VII. RESULTADOS EN MATERIA DE GESTION

VII.1 La situación de los Recursos para los Estudiantes

Como es sabido, la situación de financiamiento estudiantil ha sido un aspecto de crítico desarrollo y difícil gestión en los años recientes. Debido a las fallas de diseño y a problemas de financiamiento del Fondo Solidario de Crédito Universitario, se ha producido una creciente falta de recursos respecto a las necesidades, lo cual, a su vez, ha significado pronunciados conflictos estudiantiles en los meses de abril y mayo de cada año. Lo que prevalece aquí es una debilidad financiera de dicho sistema que se contrapone a los anuncios oficiales en torno a financiamiento para todos los estudiantes con merecimiento por sobre un nivel promedio de la PSU. En la práctica, esta responsabilidad del Estado ha debido debe ser afrontada por las propias universidades. Este año, por ejemplo, el déficit fue enfrentado con $5.000 millones del presupuesto público, y no menos de otros $17.000 millones aportados por las universidades del Consejo de Rectores de sus recursos. La Universidad de Chile, por su parte, ha debido colocar montos crecientes de recursos en el Fondo de Crédito, los cuales se restan de los recursos que deberían dedicarse a las remuneraciones académicas y a la inversión, entre otros ítems. Con un acumulado real de aproximadamente $12.000 millones durante el período 1990-2005, los traspasos que ha efectuado la institución a dicho fondo constituyen un capital no retornable de gran importancia (Tabla 18). Pero además, la Universidad sufre presiones para no elevar los aranceles, aunque por la naturaleza de nuestra institución ello deba tener lugar simplemente por razones de costo y para mantener la calidad de la docencia. Y estas tendencias se acrecentarán en el mediano plazo, en la medida en que el Ministerio de Educación pretenda cubrir con crédito a un mayor número de estudiantes, pidiendo a las universidades un relativamente bajo arancel de referencia que obligaría no sólo a comprimir los costos de la inversión, sino que inhibiría la capacidad para retener al cuerpo académico. La información revela que a partir de 1998, los aranceles promedio de la Universidad de Chile han crecido en alrededor de un 29% real, crecimiento que está incluso por debajo del aumento de costos en la mayoría de las carreras -asociados a insumos importados especialmente- y que coloca a nuestros aranceles aún muy por debajo de los niveles de aranceles del sistema. Hemos pedido a la autoridad ministerial extrema cautela en la instauración de aranceles de referencia y que se establezca categorías de universidades de acuerdo al grado de complejidad.

El problema es serio para los jóvenes talentosos que ingresan a la Universidad de Chile en busca de una formación de excelencia. La misma se pone en riesgo toda vez que se comprime a la Universidad desde el punto de vista financiero, no permitiéndole reflejar en aranceles sus costos efectivos y sin un mejor sistema para el financiamiento estudiantil. Pero el mundo de oportunidades que la sociedad debe brindar a muchos jóvenes capaces no se abre exigiéndole a la Universidad una contribución excesiva en detrimento de su potencial académico; esos son los dilemas que enfrenta hoy la política pública, y que no se solucionan simplemente por una legislación que permita acceso a financiamiento bancario con aval del Estado y de la propia Universidad. Como planteamos oportunamente, y como hemos sostenido repetidamente, la prioridad es cambiar el diseño de la Ley de Fondo de Crédito Solidario para acrecentar su eficiencia y equidad, como asimismo para incrementar la cobertura de los grupos más desmedrados sobre la base un compromiso financiero sostenible por parte del Estado Chileno. En este sentido, nos alegramos por el anuncio ministerial en torno al financiamiento de que se dispondría para los tres primeros deciles sobre un puntaje mínimo PSU. Esperamos que el financiamiento de esta medida radique efectivamente en una política de financiamiento público renovada y efectivamente solidaria. La Universidad de Chile, por su parte, debe decidir la política que adoptará respecto a la cobertura y efectividad de la fórmula de crédito otorgado por la banca, y que requiere un aval institucional para los estudiantes que elijan ese sistema.

Nuestra institución ha puesto gran empeño para acrecentar la ayuda directa a los estudiantes en mayor riesgo social. Es así que los fondos disponibles para becas de asistencia económica han crecido en más de 100% entre 1998 y 2005, con una cobertura que se ha expandido de 4000 estudiantes a más de 7700 entre ambos años (Gráficos 8-A y 8B). Hago notar que el monto que anualmente se coloca en becas durante este año 2005, $1551 millones, equivale a más del presupuesto anual de varias Facultades de nuestra Universidad. Nuestra Universidad, por otra parte, invierte más de $1.600 millones anualmente (de acuerdo a cifras del año 2004) en ayudas internas como la beca Universidad de Chile, la de excelencia académica, becas deportivas, para hijos de funcionarios, etc., con lo cual la ayuda total estudiantil anual alcanza a cerca de $3.200 millones, una cantidad sustantiva respecto de nuestro presupuesto operacional (Tabla19) a lo cual se suma el aporte de alrededor de $2.000 millones al Fondo de Crédito Solidario. A esto se debe agregar el significativo trabajo de la Dirección de Bienestar Estudiantil, de la Dirección de Deportes, especialmente en programas de asistencia médica y de aquellos de prevención del uso de alcohol y drogas, que han tenido exitosos resultados, y los premios Azul a la creatividad. Nos enorgullece el apoyo que brindamos a los estudiantes de menores recursos, puesto que es la señal correcta de parte de una institución que valora la diversidad y debe estar dispuesta a apoyar la equidad. Pero nos preocupa el sustituyendo una responsabilidad del Estado chileno a costa de la calidad del hacer académico.

El problema de financiamiento estudiantil es serio, tensiona al sistema y a nuestra Universidad. Sin embargo, no considero por ello pertinente la forma de protestar frente a esta situación por parte de grupos de estudiantes que dañan nuestras instalaciones y nos provocan serios problemas de imagen ante la opinión pública contraviniendo la voluntad de la absoluta mayoría de nuestros propios estudiantes, como asimismo de la comunidad universitaria. Las últimas protestas de los pasados meses de mayo y junio se concentraron sobre la política pública de financiamiento, pero igualmente significó una serie de operaciones de toma, incluyendo nuestra Casa Central, y paros de hasta cuatro semanas en algunas Facultades. Hemos sostenido a dicho respecto una política, no exenta de críticos, consistente en respetar el derecho de nuestros estudiantes a pronunciarse y protestar, evitando recurrir a la fuerza pública frente a actos de toma y pese a la enorme desproporción que estas acciones envuelven. Pero todo tiene un límite. Ya no es aceptable que sin agenda, propuesta y ni siquiera discusión con las autoridades universitarias, nuestra Casa Central permanezca en "toma" por más de tres semanas. Ya no es admisible que algunas Facultades se hayan mantenido sin clases por un mes, y que los profesores se vean después obligados a realizar sus clases dentro de las vacaciones programadas. Esos actos han sido verdaderas provocaciones contra la Universidad, bajo el subterfugio de estar protestando contra los defectos de la política pública. Aquí nunca hemos cerrado las puertas a la participación estudiantil y al diálogo; pero es una burla que el Consejo Universitario manifieste públicamente y por escrito su apoyo a los estudiantes en su protesta contra una política pública, y que al día siguiente los mismos estudiantes emprendan acciones de fuerza contra la Universidad. Llamo a la responsabilidad de los dirigentes estudiantiles para que no se vuelva a exponer de este modo el prestigio ganado con esfuerzo por parte de la institución, y llamo a los académicos a poner toda su actividad docente en la red, para que esas acciones no sean de perjuicio a la totalidad de los estudiantes, especialmente a quienes quieren cumplir adecuada y oportunamente con el currículo comprometido.