Día de la minería:

Especialistas UCH abordan los desafíos en minería en el marco de la propuesta constitucional

En el marco del Día Nacional de la Minería, especialistas de la Universidad de Chile reflexionaron sobre los actuales desafíos que enfrenta el rubro en el país y entorno a los principales puntos que propone el borrador de la Nueva Constitución en esta materia, destacando el enfoque de protección medioambiental que busca resguardar.

El calentamiento global ha significado una coyuntura transversal para Chile y el mundo, lo cual también se aprecia en el sector minero debido al involucramiento que han tenido los materiales mineros y sus procesos.

La transición energética a fuentes más limpias requiere de una gran cantidad de recursos minerales, donde Chile cuenta con un rol importante como productor de litio, hierro, cobre, entre otros.  A su vez, los impactos medioambientales que genera la actividad minera afecta, no solo en los ecosistemas, sino que también en las comunidades aledañas a los yacimientos.

Por su parte, existe un continuo debate entre las instituciones y actores involucrados sobre la contribución tributaria que debiese aportar el área minera al desarrollo del país. Esto, considerando el constante crecimiento que ha tenido el sector, abarcando productos más allá de las áreas de construcción, servicios generales, desarrollo de software y tecnologías de información, consultoría en ingeniería, medioambientales y sociales. Lo que también se busca ampliar a procesos de industrialización de bienes basados en la minería, tales como creación de baterías y cables.

En este escenario, el proceso constituyente ha buscado abrir el debate entre diversos sectores políticos, sociales y sectoriales, siendo reflejado en la propuesta de una Nueva Constitución para el país. El texto propuesto aborda el tema de la minería bajo un enfoque centrado en la protección al medioambiente y a las comunidades relacionadas, así como también, a un desarrollo sustentable.

El Académico del Departamento Ingeniería de Minas UCH e Investigador asociado del Advanced Mining Technology Center (AMTC) y del Chilean Solar Energy Research Center (SERC), Luis Felipe Orellana, destacó la dicotomía presente en el proceso por el cual atraviesa el país, pues “existe una valorización relativa del aporte del sector. Son evidentes las discrepancias sobre las contribuciones, y si ellas son suficientes para compensar o tolerar las externalidades negativas que genera en los territorios que la rodean”.

A su vez, el profesor sumó otros antecedentes a la tensión existente en el desarrollo minero nacional, indicando que “tanto el proceso de transición energética, una mayor recaudación tributaria y un mayor encadenamiento productivo, requieren más desarrollo minero, más proyectos, más inversión, más participación y una mejor institucionalidad. Hoy no tenemos esa discusión abierta, y en este sentido, se generan contradicciones en el ejercicio de la política pública. Por ejemplo, el proyecto de royalty minero tiene objetivos distintos a una mayor recaudación, apuntando a un congelamiento y a generar incentivos para disminuir la actividad minera”, sostuvo Orellana.

Por su parte, la también Académica del Departamento Ingeniería de Minas y especialista en geometalurgia, Pía Lois, destacó que “Chile juega un rol muy importante en el contexto mundial de minería. En esta línea, tenemos muchos desafíos técnicos en torno a los tipos de yacimientos, los cuales son de baja ley y alto tonelaje, lo que significa que tenemos que extraer mucho material de la tierra, para poder levantar el producto. El desafío es hacerlo más eficiente, ya que, debido a la disminución en la calidad del mineral, cada vez vamos a tener que invertir más en la extracción, por lo que es un desafío relevante en materia tecnológica”.

Desde otra perspectiva, la investigadora del Center for Climate and Resilience Research (CR2) de la Universidad de Chile y especialista en gobernanza, Roxana Bórquez, reconoció el avance que ha tenido la actividad minera en el cumplimiento de los estándares ambientales, no obstante, “existe poca posibilidad de fiscalización, por lo tanto, es imposible conocer a cabalidad del cumplimiento. Nos enteramos del daño cuando ya ha sido causado, cuando los contaminantes ya han sido vertidos, cuando los ecosistemas ya han sido dañados, como lo fue en el área de Quintero-Puchuncavi o Pascua Lama. La minería ha estado al debe en su responsabilidad por los impactos que genera, dado la cantidad de utilidades y recursos obtenidos por décadas”, explicó.

Desde la perspectiva de energética, la investigadora de la Red de Pobreza Energética (RedPE) Uchile y especialista en incidencia en la agenda pública, Paz Araya, sostuvo que uno de los principales desafíos de la minería está asociado a la necesidad de descarbonización en el contexto de crisis ecológica. “Es importante recalcar que la industria y minería consumen un 40% de la energía secundaria del país. Hoy en día, la minería no solo debe transitar hacia un sistema descarbonizado, basado en energías limpias para sus suministros y mejoras de la eficiencia energética en sus procesos productivos; sino también hacia una relación más equitativa y justa con los territorios donde se emplazan los proyectos mineros”, mantuvo Araya.

La minería en el debate constituyente

Dentro del capítulo III sobre Naturaleza y Medioambiente de la propuesta constitucional, existe el estatuto de los minerales, el cual contiene tres artículos que se dirigen específicamente a esta área. Mientras que en el actual texto, si bien aborda de forma más amplia el ámbito minero, se limita a temas relacionados a propiedad y usos.

Lo novedoso del texto presentado por la Convención Constitucional tiene que ver con un abordaje integral en materia medioambiental y de respeto a las comunidades que se relacionan con los yacimientos, lo cual en la actualidad es un foco de conflicto debido a los problemas en salud y abastecimiento que han generado los residuos mineros.

Ante esto, la profesora Lois valora la iniciativa constituyente al establecer un marco constitucional que obligue a la industria minera a abordar desafíos medioambientales a través de nuevas tecnologías y una coordinación intersectorial. “¿Queremos hacer realmente una minería sustentable? Para esto debemos trabajar junto a la academia, la industria minera, los proveedores, porque cada uno por sí solo no puede. Tenemos que buscar la forma de levantar colaboración a mayor escala, como ya está pasando en Canadá o Australia, donde la minería ya está asociada a productos de tecnología”, afirmó Lois.

Por su parte, la investigadora del CR2, visualiza con buenos ojos la propuesta constitucional al reconocer los pasivos ambientales generados por la minería y haciéndose cargo de su gestión. “Indica que la regulación debe considerar su interés público intergeneracional, de carácter finito, no renovable y la necesidad de protección ambiental (art. 145). Al mismo tiempo, se explicita que glaciares, áreas protegidas y zonas de protección hidrográficas quedan excluidas de la minería (art. 146). Esto es clave porque ya se ha impactado fuertemente áreas que son muy frágiles y que son fundamentales para sustentar la vida de las cuencas más pobladas del país”, afirmó Bórquez.

Esto cobra mayor relevancia ante el contexto nacional de los últimos años, donde diversos problemas sectoriales han puesto en la balanza la prioridad de un crecimiento económico versus el bienestar comunitario. Ejemplo de esto es lo acontecido en la Región de Atacama, ante el proyecto Barrick Gold, conocido como Pascua Lama, el cual implementó la explotación de oro, cobre y otros minerales en la provincia de Huasco, pero que a su vez provocó la contaminación de las aguas y glaciares de la zona. Finalmente, la justicia determinó el cierre de la minera a raíz de estas problemáticas.

Debido a esto, para la investigadora RedPE, la propuesta constitucional es correcta al abordar la complejidad de problemas territoriales. “Existen artículos que permitirían hacer frente a las interrelaciones conflictivas entre la minería y sus territorios, como lo son por ejemplo los artículos que establecen los estatutos de las aguas (140 al 144) y los artículos referidos a los bienes comunes naturales (134 al 139). En ese sentido, se propone una mirada sistémica que no se reduce a los recursos mineros y su cadena de exploración, explotación y aprovechamiento, sino a los aspectos que permiten hacerse cargo de desigualdades e injusticias presentes en la actualidad”, mantuvo Araya.

Finalmente, apuntando a las condiciones de certeza que requiere el rubro minero, el profesor Orellana valoró los avances en derechos en los ámbitos político, social, cultural y medioambiental que entrega la propuesta constitucional, pero a la vez reconoce una baja cantidad de artículos asociados específicamente a minería. Entre ellos destaca el “reconocimiento a la pequeña minería, obligando al Estado a adoptar medidas de fomento. Lo obliga también a establecer una política para la actividad minera en conjunto y su encadenamiento productivo”.

De igual forma, el docente llama a la calma en el trabajo jurídico que vendrá luego del plebiscito del próximo 4 de septiembre, donde se dé apertura al abordaje práctico de los temas constitucionales. “Hay elementos de la legislación actual que no continúan y que requerirían de nueva jurisprudencia, y otros que requerirían de una pronta redacción o aclaración en leyes de menor rango jurídico. Uno de ellos se refiere a la regulación sobre la exploración, explotación y aprovechamiento, o al reemplazo de las concesiones mineras, que generan derecho de propiedad, por eventuales autorizaciones administrativas temporales”, concluyó Orellana. 

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