Pamela Díaz-Romero ha dedicado al menos 20 años de su vida a la inclusión y a la diversidad en la educación superior. En su función de Directora de Bienestar y Desarrollo Estudiantil, parte de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, integra el comité ejecutivo del proceso de Acreditación Institucional. Desde allí aporta su mirada para que la inclusión, en la amplia definición que le otorga la U, esté presente como un valor transversal.
2024 es un año de celebración para la Universidad de Chile, en particular para la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios, por conmemorarse los diez años del Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a la Educación Superior (PACE) como política estatal. “Este aniversario mezcla el aniversario del PACE, como programa ministerial, con los diez años de la Oficina de Equidad e Inclusión y los más de 14 años de estrategias de inclusión en la universidad. Nuestra intención es mostrar cómo hemos ido cambiando institucionalmente la comprensión de los desafíos que implica la inclusión”.
¿Cómo era el abordaje de este tema hace 13 años?
Cuando partimos, la preocupación era promover el ingreso de estudiantes procedentes de contextos mayormente subrepresentados en las universidades. Y lo que se hacía con las y los estudiantes que ingresaban por vías de admisión de equidad era principalmente cursos remediales. Hoy la pregunta sería ¿teníamos algo que remediar en ellos? Lo que ha evolucionado es reconocer el aporte de esas trayectorias de vida y conocimientos situados a nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, que hemos transformado gracias, justamente, a la participación de esta diversidad que originalmente convocamos por responsabilidad social y por compromiso ético, sin dimensionar -inicialmente- el tremendo aporte que eso iba a significar al desarrollo institucional.
¿En qué pie encuentra a la universidad este aniversario?
Nos encuentra en un lugar de madurez respecto a la comprensión de la inclusión y con desafíos enormes para el futuro. En una sociedad tensionada, cruzada por la desconfianza entre los distintos segmentos sociales, y que está cada vez más segregada, la universidad pública es el espacio privilegiado del encuentro que casi no se produce en el sistema escolar ni en los barrios. Esa posibilidad del encuentro es algo que celebramos, que tenemos que cuidar y es un tremendo aporte a los desafíos que vamos a tener en este siglo XXI.
¿Cuáles son las principales dimensiones que abarca la inclusión?
La preocupación inicial tuvo que ver con el acceso al pregrado de sectores históricamente postergados, empujada por la universalización de la educación secundaria, que amplía la base de potenciales candidatos, y también por políticas públicas como la gratuidad, que promueve el financiamiento del arancel de sectores que antes no contaban con los recursos para poder acceder a la universidad. Una vez ingresados, hay desafíos que tienen que ver con las trayectorias formativas previas y los contextos socioeducativos que obligan a desarrollar estrategias de adecuación y acompañamiento que permitan que la inclusión sea efectiva y se sostenga durante la vida universitaria. Entonces la dimensión que tiene que ver con la adecuación de los procesos formativos, para hacerlos efectivamente inclusivos fue el desafío de segunda generación.
Y hoy, con casi 15 años de historia, los desafíos están puestos en el apoyo al egreso. ¿Qué pasa con los periodos de titulación? ¿Qué sucede con esos estudiantes una vez egresados en materia de inserción y trayectorias laborales? Y cómo esta promesa de inclusión que la universidad suscribe tiene un impacto en lograr sociedades más integradas y más democráticas; porque finalmente la inclusión es un compromiso con la excelencia a nivel de la formación, pero también es un compromiso con la democracia.
¿Puede profundizar en la definición de inclusión de la Universidad de Chile?
Creo que no hay una sola definición de inclusión, es más bien un principio. La política de inclusión es descriptiva, alude a las dimensiones de las que nos hacemos cargo. Pero tanto la inclusión, como las estrategias que la hacen efectiva, son principios orientadores que, una vez alcanzado un determinado nivel, corren la meta un poco más lejos… Te puedo decir, por ejemplo, que la inclusión implica la representación en la matrícula de Pregrado de tercios asociados a los tres tipos de establecimientos escolares del país (públicos, subvencionados y privados), que incluya a los grupos históricamente subrepresentados; o que la participación de las mujeres en las carreras altamente masculinizadas sobrepase el 30%...Pero cada vez que tú fijas un indicador en estas materias y se mueve la institución en esa dirección, surge el desafío siguiente.
Como vimos, el foco de la inclusión estaba originalmente en el acceso, ya considera toda la trayectoria académica y hoy estamos desafiándonos como institución a acompañar el egreso. Al principio tenía que ver -principalmente- con la dimensión socioeconómica, luego se han relevado con fuerza los temas de género y actualmente se trabaja para ampliar la participación y representación de los pueblos indígenas y de las personas en situación de discapacidad funcional. Emergen los temas asociados a los colectivos de migrantes, las neurodivergencias, las diversidades sexo-genéricas. Es un concepto que, como casi todos los principios, va moviendo la vara en la medida que vas alcanzando aquellos objetivos que los operacionalizan.
Cuando hablamos de inclusión ¿se refiere solo a estudiantes o también al cuerpo académico y a funcionarios?
Las primeras políticas apuntaron al cuerpo estudiantil, porque se entendía que en el personal de colaboración y en los académicos la participación era más diversa desde el punto de vista socioeconómico. Sin embargo, a medida que la vara ha ido moviéndose respecto a qué vamos a entender por institución inclusiva, los grupos con los cuales estamos trabajando empiezan a interpelar las condiciones de los otros estamentos. Efectivamente, el personal de colaboración queda sujeto también a la legislación nacional que fija cuotas de participación, por ejemplo, para personas en situación de discapacidad. Por lo tanto, formaliza las condiciones en que debe desempeñarse y las medidas de adecuación razonables de las que son susceptibles en relación a la diversidad que acredita.
En el caso del cuerpo académico, una dimensión importante toca los temas de género, porque tenemos una diferencia en la participación de académicas según áreas disciplinares y también en función de la jerarquía académica en la que están ubicadas las mujeres. Ahí las estrategias han apuntado a reforzar las medidas de corresponsabilidad social en el cuidado suscritas por la institución y también en acompañar las trayectorias de las académicas para avanzar en su promoción, en términos de jerarquización, y con eso aumentar su representación en la toma de decisiones institucionales. Hay un decreto y han habido campañas para la contratación de académicas en aquellas áreas donde antes la proporción era muy baja, como en las carreras STEM de facultades como la de ingeniería. Y también hemos tenido carreras como Trabajo Social, con estrategias de inclusión, que tienen que ver con el género subrepresentado, que en ese caso es el masculino.
¿Cuál es el enfoque del modelo PACE Uchile?
El programa que en 2024 cumple diez años, es posterior a las estrategias de inclusión que la universidad instaló en materia de admisión, como es el caso del Sistema de Ingreso Prioritario de Equidad Educativa (SIPEE). El programa complementa lo que ya se hacía en materia de cupos, desde el punto de vista de fijar condiciones de ingreso diferenciadas para los grupos más vulnerables, con acompañamiento académico que mejora las condiciones de inmersión en la vida universitaria. Este tiene dos dimensiones: la articulación con el sistema escolar (PACE Educación Media), que es donde la universidad trabaja con establecimientos asignados por el Ministerio de Educación apoyando a esas comunidades en Tercero y Cuarto Medio, sobre todo en aquellas disciplinas o habilidades que pueden ser condiciones de ingreso a la educación superior. Y hay una segunda dimensión, que es el PACE Educación Superior, que se ancla en el departamento de Pregrado y apunta a acompañar las trayectorias de los estudiantes que ingresaron vía PACE o por vía regular de establecimientos PACE media, ofreciendo un sistema integrado de soportes los primeros dos años de su inmersión en la vida universitaria. Y digo los primeros dos años, porque en eso consiste el programa tal como está diseñado desde MINEDUC; aún cuando para la universidad ese acompañamiento no se puede limitar al periodo asociado al ingreso o a los dos años posteriores, sino que tiene que dar cuenta de toda la trayectoria.
¿Dónde estuvo la primera semilla de inclusión en la Universidad de Chile?
En la carrera de Psicología, muy tempranamente en el 2010, tuvieron los primeros cupos de equidad, que luego dieron origen al SIPEE y que se recogieron y formalizaron con una política, pero que tiene un modelo operacional anterior y que se valida en una comunidad que tiene una vocación muy fuerte por la excelencia, porque la inclusión no merma la calidad; por el contrario, aumentar la diversidad tributa a ella.
¿De qué manera la diversidad contribuye a la excelencia?
El conocimiento tiene que contribuir al desarrollo científico y también social. Hacer esto implica ofrecer soluciones a los problemas complejos que la sociedad enfrenta, como el cambio climático, la sustentabilidad, las pandemias, también el debilitamiento de la cohesión social y de la democracia, entre otros. La solución a esos problemas requiere una visión amplia e integrada de las perspectivas que componen esa sociedad, que quienes insuman esa discusión tengan conciencia y conocimiento de esa diversidad y creo que en eso no es reemplazable el conocimiento directo.
Cuénteme algunas de las estrategias que tiene la universidad para que los estudiantes que han ingresado con criterios de inclusión aseguren su permanencia.
Hay distintas estrategias que se complementan, tanto desde el Departamento de Pregrado y las unidades académicas, como desde la Dirección de Bienestar y Desarrollo Estudiantil. Compartimos los objetivos fijados por las políticas institucionales y hay varias dimensiones que se articulan. Desde la DIRBDE, lo primero es asegurar condiciones socioeconómicas al interior de la universidad que no obliguen a los estudiantes a abandonar producto de no poder cubrir los costos directos asociados a la educación superior, más allá de los beneficios de arancel. El Programa de Apoyo Económico cuenta con $4.000 millones anuales, incluyendo becas de mantención interna, de residencia cuando se trata de estudiantes de regiones, de alimentación complementarias a lo que hace el Estado. Y, por supuesto, aquellas medidas de apoyo al desarrollo de hábitos de aprendizaje que no necesariamente vienen consolidados desde la trayectoria escolar. La instalación de los centros de aprendizaje en los distintos campus, las adecuaciones curriculares comparten el principio de inclusión incorporado en el modelo educativo, permitiendo que estudiantes con trayectorias diversas y con formas de aprendizaje distintas alcancen los aprendizajes requeridos para avanzar en sus trayectorias.
Junto con el apoyo al aprendizaje y de carácter socioeconómico, hay una dimensión socio educativa que integra ambos y que implica la mirada de los estudiantes en 360 grados. Se trata de entender que venir de un colegio técnico profesional sin formación en ciencias básicas, perder el ingreso principal por desempleo, asumir el fallecimiento de un familiar o enfrentar una catástrofe…afecta a ese estudiante integralmente. Por lo tanto, el abordaje tiene que ser coordinado desde la institución, porque requiere una mirada integradora que permita tener una intervención articulada y que no genere sobrecarga. La articulación entre la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y la Vicerrectoría de Asuntos Académicos ya está formalizada y debe consolidarse en las unidades académicas, asegurando que un estudiante de la Facultad de Filosofía tenga estándares de acompañamiento similares a los que pueda recibir un estudiante de la Facultad de Derecho, por poner un ejemplo.
¿De qué manera está inserta la inclusión en el sello de la U?
La Universidad de Chile se ha enorgullecido de ser representativa de la sociedad en la que está inmersa. Mantiene la preocupación por tener en su interior estos tres tercios, o sea, estudiantes del sistema público, del sistema subvencionado y del sistema privado, con el fin de generar un espacio de encuentro y diálogo entre esos grupos y lo que representan. Las estrategias de inclusión buscan canalizar, y asegurar la mejor expresión de la diversidad de trayectorias, género, pertenencia étnica, identidad, etc. Hoy la dimensión de inclusión busca que cada una, cada uno pueda preservar esas diferencias sin que se transformen en desigualdad, accediendo efectivamente a las mismas oportunidades de formación integral. Y que, desde esas diferencias, aporten a ese conocimiento más complejo y comprehensivo, que contribuya al encuentro legítimo entre pares. La idea es que efectivamente este sello permita que esa diversidad se encuentre, se reconozca y tribute a la calidad con la que estamos comprometidos.
En estos últimos años que se consideran en el periodo de acreditación que nos corresponde, intentamos acompañar esas trayectorias para asegurar que sean exitosas y que cada estudiante pueda formarse integralmente de acuerdo a sus condiciones, de la mejor forma posible y ser una contribución efectiva a la excelencia que nos caracteriza.
Como parte del comité ejecutivo de nuestra acreditación institucional, ¿por qué cree que la inclusión es parte de los ejes transversales del actual proceso?
Me imagino que esta decisión de la Comisión Nacional de Acreditación, de incluir en el criterio siete los temas de género, convivencia e inclusión, recoge las mismas preocupaciones institucionales que en la Universidad de Chile tienen una larga data. Las políticas, reglamentos y orientaciones en estas materias abordan todas las dimensiones del quehacer institucional, siendo compromiso y responsabilidad transversal de los organismos centrales y las unidades académicas, permeando progresivamente las actividades de docencia, investigación, creación y vinculación con el medio, impactando la gestión universitaria y por cierto resignificando el sentido de comunidad con el que trabajamos, poniendo a las personas, -sean estudiantes, académicas y académicos, funcionarias y funcionarios- su bienestar y la calidad de las interacciones que generan en el contexto universitario en el centro de la preocupaciones institucionales. Porque la universidad no es solo un concepto abstracto, somos todos y todas quienes la integramos, por lo que mejorar la experiencia universitaria de cada una, de cada uno es también mejorar la calidad institucional. Y en eso la inclusión es un principio fundamental, como lo es la igualdad de género, ambos claves en una buena convivencia institucional y nacional.