Reducción del riesgo de desastres y nueva Constitución: hacia una perspectiva pública y transdisciplinar

Reseña

El proceso constituyente abrió perspectivas para la incorporación de principios relativos a la reducción del riesgo de desastres (RRD) en una nueva Constitución Política de la República de Chile, que será redactada durante los años 2021 y 2022.

La importancia de avanzar en reducción del riesgo de desastres y aumento de la resiliencia ante ellos, ha quedado de manifiesto en instancias internacionales como el Marco de Acción de Hyogo (2005-2015), y más recientemente el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030), ambos suscritos por nuestro país. El citado Marco de Sendai, en particular, reconoce que es en el Estado en donde recae “la función principal de reducir el riesgo de desastres”, pero también, que “ésta es una responsabilidad que debe compartirse con otros actores, tales como los gobiernos locales, el sector privado y otros grupos interesados”.

La necesidad de avanzar en esta materia se reconoce además en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas, también suscritos por nuestro país en 2015 a través de la adhesión a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. En particular, en el ODS11-Ciudades y Comunidades Sostenibles, la meta 11.5 señala: “De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad”.

En nuestro país, la recientemente promulgada Política Nacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y su Plan Estratégico Nacional para la RRD 2020-2030 (ONEMI, 2021), reconoce que “siendo la protección de la vida el principal deber del Estado”, de acuerdo a la actual Constitución Política, la reducción del Riesgo de Desastres (RRD) “debe ser una prioridad para las autoridades nacionales y locales”. Esta política se sustenta en ocho principios rectores: Seguridad, Solidaridad, Complementariedad, Responsabilidad, Equidad, Descentralización, Sustentabilidad y Coordinación.

Aún cuando la actual Constitución Política reconoce el principio de la protección de la vida, en su historia reciente nuestro país ha sufrido desastres socionaturales con un impacto significativo en la sociedad, incluyendo tanto la pérdida de vidas humanas, como en infraestructura y económicas. Ejemplo de estos desastres son la erupción del volcán Chaitén en 2008, el terremoto y tsunami en 2010, los aluviones de Atacama en 2015, el terremoto de Illapel en 2015 o los recurrentes incendios forestales registrados en los últimos años. Más aún, la alta vulnerabilidad de nuestro país a los efectos del Cambio Climático abre un escenario de incertidumbre que puede implicar una mayor frecuencia de eventos como el aluvión que afectó a la villa Santa Lucía en 2017, o megasequías prolongadas y recurrentes como la iniciada el año 2010 y que aún sigue en curso.

En este contexto, y ante la oportunidad de aportar a la discusión histórica que representa la perspectiva del nuevo proceso constituyente, CITRID organizó dos cabildos, uno interno, realizado el 2 de octubre de 2020, y un segundo cabildo abierto a la comunidad y la ciudadanía ejecutado el 10 de noviembre de 2020; este último con la participación de 56 personas del ámbito académico, profesional y ciudadano. Las preguntas conductoras en ambos casos fueron: ¿Cuáles conceptos y valores relativos a la RRD quisiéramos potenciar para ser incluidos en la nueva Constitución? ¿Cómo deberíamos incluir estos conceptos y valores? ¿Con qué especificidad?

El proceso de discusión se enmarcó en la misión de CITRID, de promover la formación integral de personas, la investigación y la divulgación de conocimientos, saberes y prácticas para la reducción de riesgos y desastres socionaturales, desde una perspectiva académica, pública y transdisciplinar.

El presente documento constituye un primer aporte, en el cual se sintetizan los principios y propuestas, en línea con el rol público de la Universidad de Chile, cual es responder “a los requerimientos de la Nación constituyéndose como reserva intelectual caracterizada por una conciencia social, crítica y éticamente responsable y reconociendo como parte de su misión la atención de los problemas y necesidades del país” (Art. 3 del Estatuto de la Universidad de Chile).

Reducción del riesgo de desastres y nueva Constitución