Carta del Prof. Luis A. Riveros a la Comunidad Universitaria
Estimados colegas académicos, estudiantes y funcionarios
La Universidad de Chile se encuentra conmovida por los procesos judiciales que involucran a organismos y personal de la institución. Han existido denuncias por parte de la Contraloría General de la República acerca de procedimientos administrativos que habrían envuelto transgresiones a normas legales. Además, como es de público conocimiento, los tribunales se encuentran investigando una serie de contratos suscritos entre organismos universitarios y el Ministerio de Obras Públicas entre los años 1997 y 2002, los cuales podrían también envolver en su ejecución faltas de índole penal. La Universidad de Chile, a través de su Rector y con relación a estas denuncias y procesos, se ha dispuesto a colaborar en la forma más amplia y efectiva con los organismos judiciales, ya que su esencia radica en la defensa de los valores republicanos y el propósito de hacer prevalecer la verdad, la justicia y el respeto a la institucionalidad.
La Corporación lamenta que sus necesidades de financiamiento y su permanente disposición para trabajar con organismos públicos y privados, se encuentren en el origen de estas denuncias.. Como es de dominio de la comunidad universitaria, la Universidad de Chile recibe un aporte directo del Estado no mayor a un 23% de su presupuesto global. Durante el año 2002, por ejemplo, la institución debió generar por venta de servicios una cantidad superior a $60.000 millones, incluyendo estudios, consultoría y educación continua en asociación con instituciones públicas y privadas. En esta tarea ha sido relevante la gestión profesional de muchos académicos de la Universidad quienes así ejercen una labor adicional a las de docencia, investigación y extensión dejando, además, recursos para el desarrollo institucional. El carácter estatal de la institución se encuentra en permanente tensión con esta forma de financiamiento mayoritariamente de tipo privado, ya que el mismo introduce incertidumbre, desviación de su sentido misional y una notable contradicción entre financiamiento por métodos privados y regulaciones públicas. En forma permanente hemos hecho presente a la autoridad correspondiente la necesidad de un financiamiento acorde con el carácter estatal de la institución, para así afianzar el adecuado cumplimiento de su rol nacional y público.
En el contexto financiero descrito, la institución debe firmar contratos y convenios a través de sus distintas Facultades e Institutos, los cuales regularmente se someten a inspección y controles internos. Las entidades contratantes ejercen, muchas veces, la facultad de sugerir procedimientos, colaboradores y condiciones para los estudios que solicitan, cuestiones que se hacen explícitas en los contratos o se mantienen como condiciones implícitas en el desarrollo de los mismos. En el caso de los contratos bajo investigación ello parece haber ocurrido en la fase de ejecución, siendo aceptado por los ejecutores ante la ineludible necesidad de contar con un flujo permanente de proyectos por parte de los correspondientes organismos universitarios. Sin embargo, y al mismo tiempo, las premuras y volúmenes de los contratos parecen no haberse correspondido con el debido control interno por parte de los mismos organismos, especialmente en la mencionada fase de ejecución. Estoy convencido, en cualquier caso, que no ha existido en la institución el intento premeditado de burlar las regulaciones existentes en busca de beneficios personales o institucionales. Ciertamente, puede haber existido falta de adecuada información por parte de personas cuyo quehacer fundamental se concentra en el trabajo académico y no en la gerencia de actividades que deben emprenderse por las necesidades de financiamiento de los distintos organismos universitarios; personas de destacada trayectoria académica que han asumido la responsabilidad propia de sus cargos, y en otros casos se han desempeñado en su válido ejercicio profesional. Los procesos e investigaciones en curso han de determinar irrebatiblemente la verdadera dimensión de las responsabilidades sobre las cuales se habrá de cumplir con la normativa legal vigente.
La institución y sus autoridades colaborarán al máximo en el esfuerzo por dilucidar las responsabilidades en el desarrollo de contratos y actividades que pueden haber envuelto ilícitos en su ejecución. Al mismo tiempo, la Universidad de Chile reforzará proactivamente todos sus mecanismos de control sobre los contratos y convenios que desarrollen los distintos organismos, prestando mayor asesoría legal y administrativa. En ese mismo espíritu la Universidad seguirá colaborando activamente con la Contraloría General de la República para dilucidar los temas pendientes y mejorar los procedimientos existentes, especialmente en el contexto de un programa que permita activar un sistema de control e información permanente que ayude a prevenir efectivamente la existencia de errores procedimentales. La Universidad de Chile, sin embargo, ha sido perjudicada por la disposición de información relevante sobre estos casos por parte de algunos medios de comunicación antes que por la propia institución, habiendo además dicha información sido utilizada en forma tendenciosa y en un ánimo burdamente hostil.
La Corporación se encuentra recopilando todos los antecedentes que le permitan aportar activamente al esclarecimiento de los hechos investigados. Se trata de un tema en extremo delicado, ya que esta colaboración no puede excederse a sí misma convirtiéndose en un obstáculo a la administración de justicia. En ese ánimo, el día 31 de Enero se inició un sumario interno destinado a esclarecer los hechos relativos a las denuncias efectuadas por la Contraloría General de la República. Sin embargo fue este Organismo quien determinó inhibirlo a la espera de los procedimientos que éste directamente lleva a cabo. En cualquier caso, se emprenderán todas las iniciativas que signifiquen avanzar rápidamente en los casos investigados, colaborando al máximo con los complejos procesos judiciales en marcha, y sosteniendo como norte el ánimo de mostrar la política de transparencia con que opera la Universidad. Asimismo, y en el más profundo sentido de la autonomía universitaria, esperamos que la Universidad pueda desarrollar libremente el ejercicio de su tarea educativa, de investigación y extensión en beneficio del país.
La Universidad de Chile reclama enfáticamente del Gobierno de la República una solución definitiva a la situación de las universidades estatales, cuya esencia pública requiere un financiamiento distinto al esquema privado que hoy prevalece. El país debe abordar este problema de financiamiento universitario de un modo integral, involucrando una discusión que la Universidad de Chile ha venido reclamando por años.
Llamo a la comunidad universitaria a permanecer alerta sobre estos hechos y a mantener prudencia frente a informaciones intencionadas de medios que han hecho aparecer a académicos de la Universidad como culpables antes de ser debidamente procesados. En este predicamento no ha de caer la Universidad de Chile. Los llamo también a manifestarse públicamente en torno a las necesidades de financiamiento que han marcado los problemas de desarrollo institucional en los últimos años y que amerita políticas distintas que debemos exigir con firmeza. Finalmente, deseo asegurar que la institución está llevando a cabo todas las acciones necesarias y posibles para dilucidar las responsabilidades pertinentes en los complejos hechos sometidos a procedimientos judiciales que afectan a destacados académicos y funcionarios de la institución. El Rector de la Universidad de Chile está preocupado por todos y cada uno de los académicos, estudiantes y funcionarios de la institución y en ese sentido, llamo a denunciar a quienes en forma oportunista quieren aprovechar esta situación para propósitos subalternos, incluso pasando por encima del respeto a sus propios colegas académicos.