Asignación de los campos clínicos
El Ministerio de Salud evalúa una nueva política para la asignación de los campos clínicos universitarios que funcionan en los distintos hospitales de los SNSS. Dichos campos son instrumentos formativos de importancia al acercar la formación académica a la situación real que presentan los servicios de salud, y al aportar también por la vía de la investigación al desarrollo de mejores servicios a los pacientes. Se trata de una relación de beneficio mutuo: los hospitales aportan la infraestructura, las universidades con la provisión de servicios a los pacientes y desarrollo de nuevo conocimiento. En forma tradicional los campos clínicos se asignaron a las universidades para que desarrollaran allí departamentos donde desempeñar la docencia y la investigación, estableciendo una relación activa que es ya de larga data y ha puesto de relieve la vocación de servicio público en la colaboración de los servicios de salud y las escuelas formadoras en ciencias de la salud. La Universidad de Chile ha desarrollado a lo largo de su historia un número de campos clínicos que han formado parte de su ya larga tradición académica en medicina y restantes carreras de la salud. Otras universidades han podido también consolidar y progresar en su desempeño académico gracias a la vinculación con el servicio hospitalario, que ha fortalecido la vocación de servicio público que se entrega en su formación a los futuros profesionales.
La nueva política que estudia el Ministerio de Salud se basa en tres ejes centrales. Primero, la asignación de cada campo clínico respondería a una licitación en que el factor primordial estaría constituido por ofertas económicas de parte de las distintas instituciones universitarias que desean acceder a esas instalaciones. Segundo, el Director del Centro de Salud pasaría a tener un rol fundamental en las tareas académicas en su calidad de institución albergante, mezclando su labor de administración con la docente. Y, tercero, podrían existir dos o más universidades con campo clínico en una sola institución hospitalaria, así complejizando en forma preocupante el propio desempeño asistencial y perjudicando el bienestar de los pacientes.
El problema de asignación de campos clínicos es de índole nacional, ya que el uso de los hospitales públicos corresponde a un tema de política pública y que se conecta con el delicado tema de cuán adecuados son los servicios hospitalarios que se prestan a los pacientes. Hasta ahora el diagnóstico por parte del Ministerio de Salud acerca del funcionamiento de los campos clínicos a lo largo del país ha sido muy positivo, y la experiencia es siempre citada como un ejemplo de colaboración. Obviamente, una revisión de la política a aplicarse necesita de un diagnóstico que establezca con claridad el problema y las soluciones. La discusión sobre esta materia debiera considerar al menos los siguientes cuatro aspectos. Uno, contar con tal diagnóstico que identifique el problema que se quiere abordar, estableciendo con claridad si se trata de un problema de financiamiento de los hospitales y su inversión, o de una cierta inconformidad con la forma en que se han desempeñado los campos clínicos a la fecha. Dos, considerar este problema de tipo nacional como uno que no puede resolverse solamente en instancias administrativas, involucrando decisiones de gobierno a nivel superior y quizás también en instancias parlamentarias. La discusión debe abrirse a todos los ámbitos relevantes para una mejor decisión, toda vez que compromete un aspecto crucial de la política pública. Tres, los criterios de asignación de hospitales para campo clínico deben considerar los aspectos académicos como un tema altamente prioritario, particularmente en cuanto a los antecedentes de las instituciones y su efectiva vocación de servicio público antes que su compromiso con la generación de excedentes financieros. Cuatro, cualquier arreglo que se adopte no debe dejar de lado el compromiso de Estado que debe vincularse al uso de los hospitales públicos, el cual no debiera ser objeto de asignación por "ofertas económicas" sino que debe favorecer prioritariamente el servicio a los pacientes, cosa que garantizan las instituciones estatales y de carácter público que han permanecido en los campos clínicos tradicionalmente.
Todos esperamos que el sistema universitario compita en forma efectiva, pero sobre la base de los méritos académicos reflejados en instancias como la acreditación de las carreras. El criterio economicista no debiera por ello ser la base de competencia por un recurso público que debe asignarse sobre la mayor capacidad posible de atención a los pacientes. La competencia basada en antecedentes académicos es el único criterio relevante para decidir sobre algo tan delicado como asignar hospitales, y por tanto pacientes, para el proceso formativo de profesionales de la salud. Es indudable que éste es un tema que va mucho más allá de una mera resolución administrativa, y que requiere el establecimiento de una política de Estado que se base firmemente en una visión amplia sobre salud y educación públicas.