Un profundo cambio universitario. Una nueva Universidad de Chile en el marco de las nuevas políticas públicas y en cuanto a la nueva legalidad que la define y obliga.
Un panorama alentador predominará en la educación superior en los próximos años. Nuevas regulaciones y políticas de financiamiento dibujan un nuevo entorno de política pública que instituciones como la Universidad de Chile aprovecharán para consolidar su desarrollo. Las nuevas políticas impulsadas en los últimos dos años con el respaldo mayoritario de las instituciones académicas abordan seis áreas principales. Primero, adopción de un sistema formal y obligatorio de acreditación institucional y de carreras, que impone una mayor transparencia de la información y genera obligaciones para instituciones y unidades académicas en orden a reordenar la hasta ahora anárquica expansión del sistema. Segundo, creación del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, organismo que establecerá una estrategia y prioridades del Fondo para la Innovación que consulta sustanciales recursos para programas de investigación aplicada ejecutados por los principales centros de investigación en función de sus programas y a través de alianzas innovativas. Tercero, instauración del programa MECESUP2, que enfatiza programas de reforma en pre y posgrado y propicia convenios de desempeño institucional que han de modificar el Aporte Fiscal Directo provisto a las instituciones estatales; por vez primera, se establecerá un mecanismo para rendir cuenta de las acciones resultantes con los recursos que emplean como aporte las distintas entidades. Cuarto, introducción de un nuevo sistema de financiamiento estudiantil basado en un arancel de referencia, cubriendo al 60% más pobre de las familias chilenas pero generando nuevos problemas en torno al monto no financiado y a la situación de los deciles superiores. Quinto, modificación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) para incluir las notas de enseñanza media, y no solamente el puntaje PSU, como criterio definitorio de la excelencia académica, lo cual ha de modificar las pautas para las políticas de ingreso en un futuro cercano. Sexto, autorización a las universidades estatales para pagar bonos compensatorios al personal que se acoja a jubilación, permitiendo mayor dinamismo en la renovación del cuerpo académico. El conjunto de estos cambios introducen un potencial significativo giro en la educación superior chilena, implicando fuertes cambios al interior de las instituciones mayores del sistema.
La Universidad de Chile, además y conjuntamente con todos esos cambios, deberá poner en funcionamiento su nuevo Estatuto. Este cuerpo legal consulta la constitución tanto del Senado Universitario con representantes funcionarios y estudiantiles, como de un Consejo de Evaluación, organismo de extraordinaria importancia para evaluar y fijar criterios de calidad. El Senado está destinado a cumplir una tarea de importancia en la revisión de la normativa universitaria en todos sus aspectos, como también en cuanto a las definiciones estratégicas correspondientes al desarrollo de la Universidad, y al pronunciamiento sobre aspectos presupuestarios, organizacionales y en cuanto a programas académicos. La instauración del nuevo Estatuto será un proceso delicado, que requerirá construir una adecuada interrelación de los nuevos órganos con los tradicionales del gobierno universitario, demandando una conducción cuidadosa imbuida en el criterio de consenso que inspira al nuevo cuerpo legal. El cambio que así adopta la Universidad de Chile representa un ejemplo fundamental para el resto del sistema universitario, considerando además que ella es la primera en reformar el ordenamiento legal dejado por la intervención militar.
Los cambios en políticas públicas conllevan sustanciales consecuencias para la organización y funcionamiento de las universidades, lo cual es aún mayor para la Universidad de Chile a raíz de su nuevo Estatuto recientemente promulgado. Así, el proceso de transición que la primera Casa de Estudios del país debe experimentar en los próximos años con respecto a estos cambios fundamentales constituye un desafío consistente, ni más ni menos, en la consolidación de una nueva Universidad a las puertas del bicentenario nacional. Una nueva Universidad de Chile en el marco de las nuevas políticas públicas y en cuanto a la nueva legalidad que la define y obliga. Enfrentar este transición histórica en forma acorde con la consecuencia que brinda la tradición y la excelencia constituye el paso decisivo que la comunidad nacional espera de su primera Universidad.