VELO DE AUSENCIA Y SECRETISMO EN ACTUACIÓN DE MINISTRA SCHMIDT

Al parecer hay un velo de ausencia y secretismo en la actuación de la ministra de Educación, Carolina Schmidt.

Ausencia y secretismo porque la ministra Schmidt no ha iniciado una investigación seria y formal sobre la compra-venta de la marca y los estudiantes de la U. Andrés Bello y sobre los millonarios traspasos de esa universidad y de la U. de las Américas a su matriz Laureate, acciones que podrían implicar violación de la ley chilena y mal uso de recursos estatales y que hemos conocido por el Consejo Nacional de Educación, la Fiscalía del Ministerio Público, la PDI y revelaciones de prensa sobre el contrato que está en la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

Según la información entregada recién ahora por el Ministerio de Educación, se abrió una investigación menor porque a la Comisión Nacional de Acreditación le merecieron dudas algunos contratos de la U. Andrés Bello y de la U. de las Américas con su matriz Laureate. Una vez más, aparece el Ministerio de Educación como un mero buzón que recibe y traspasa papeles tardíamente, sin asumir su rol fiscalizador y desoyendo los planteamientos y resoluciones de distintas instituciones, como el Honorable Senado o la Honorable Cámara de Diputados.
Es decir, la investigación tardía, parcial y en total secretismo que ha informado recientemente la ministra Schmidt no aborda la forma en que Laureate habría ingresado y operaría en Chile, pese a que habría evidencia que obligaría al Ministerio de Educación a actuar de oficio ampliando el ámbito de la investigación a todos los antecedentes disponibles, de modo de cumplir y hacer cumplir la Ley, exigencia que la Universidad de Chile viene planteando desde hace años.

La ministra Schmidt aún no responde tres preguntas muy sencillas que se hacen los estudiantes, sus familias y el país: ¿Está investigando el contrato de compra-venta de la marca y los estudiantes de la U. Andrés Bello, ya que hasta la prensa ha planteado que pudiera haber indicios de violación a la Ley en ellos? ¿Está investigando todos los traspasos millonarios de la U. Andrés Bello y de la U. de las Américas a Laureate? ¿Estamos en presencia de algo que le impida o inhiba a la ministra Schmidt ordenar de una vez una investigación formal y amplia del Ministerio en esta materia?

Agravando la situación, la ministra ha pretendido justificar su inexcusable actuación con argumentos que se contradicen y desconocen la Ley vigente y cuestionarían las instrucciones claras y precisas que ha dado la Contraloría General de la República.

Para claridad de todo el país, en la sesión Nº11 de la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior de la Cámara de Diputados del 14 de diciembre de 2011, el Contralor General de la República dijo que: "La fiscalización que puede hacer una División de Educación Superior, en el contexto de las sanas y potentes normas que tiene, necesariamente le alcanzan de acuerdo con la determinación normativa y regulatoria que tiene". Agregó que "efectivamente hay una musculatura fiscalizadora, reguladora del sector que no se ha aplicado". Asimismo y preguntado sobre la creación de una Superintendencia de Educación Superior que goce de autonomía y tenga potestad para fiscalizar señaló cuestionando su necesidad: "¿Autonomía respecto a qué, para qué?". "Las potestades fiscalizadoras, normativas y reguladoras del sector las tiene Educación. Ahí hay un velo de ausencia". Las afirmaciones efectuadas por el Señor Contralor se encuentran respaldadas en sus distintas presentaciones ante el Congreso Nacional y dictámenes de su organismo, un resumen de los cuales se puede encontrar en el Dictamen 019509 de 2013. Aún más, la tramitación de un proyecto de ley sobre Superintendencia de Educación Superior no es excusa para no fiscalizar por parte del Ministerio, situación que señaló expresamente el Señor Contralor en el Dictamen 61562 de 2012.

Es decir, el Ministerio de Educación sí tiene la obligación de cumplir y hacer cumplir la Ley que establece que en Chile las universidades son corporaciones sin fines de lucro. Y sí tiene facultades para hacerlo, más aún en caso que haya indicios de que se ha hecho una aplicación falsa de la Ley. Es un insulto a la inteligencia de la ciudadanía enterarse por los medios de comunicación que grupos inversionistas nacionales y extranjeros compran y venden universidades en cifras millonarias en dólares, ante la vista y paciencia de las autoridades, en un país en que las universidades no pueden tener fines de lucro. Esa es la discusión de fondo del tema y no otra. ¿Qué discusión podemos tener sobre la educación superior cuando no logramos ponernos de acuerdo en lo mínimo: que se cumpla la Ley vigente, pese al lobby de algunos poderosos? ¿Cómo se entiende que el Ministerio de Educación renuncie a su obligatoria musculatura fiscalizadora y pretenda traspasar la responsabilidad a otras instituciones del Estado?

Es lamentable y afecta gravemente la fe pública y la necesaria credibilidad que la ministra Schmidt actúe con secretismo, realizando investigaciones, de manera tardía, limitadas solo a aquellos aspectos que le remite el Consejo Nacional de Educación o la Comisión Nacional de Educación, y en que le solicita investigar y que por tanto se encuentra obligada a hacerlo. Ello implica, por parte del Ministerio, desestimar u omitir los demás antecedentes que conoce sobre la materia, ya sea a través de documentos a los que ha tenido acceso, o por medio de las denuncias y reportajes que se formulan por los distintos medios de comunicación. Hasta la fecha dichas investigaciones no arrojan ningún resultado y podrían ser vistas como avalando en los hechos la aparente impunidad con que estarían actuando diversas empresas educacionales que violarían la ley. Lo anterior, con la agravante que dichos actos podrían conllevar un mal uso de dineros públicos, máxime si consideramos que las universidades privadas recibirán este año más de US$ 1.000 millones de dólares del presupuesto nacional, dinero de todos los chilenos que se usará y manejará sin fiscalización de la Contraloría General de la República y sin encontrarse sujeto a la Ley de Transparencia ni al Portal Mercado Público, y que se resta del presupuesto que requiere la educación pública estatal que reciben los niños y jóvenes más pobres de todo Chile.

Insisto en que ya es hora que la ministra Schmidt deje de mirar para el lado y aborde este tema con la seriedad que lo merece, tal como se lo exige la Ley y los estudiantes de esas universidades, sus familias y la ciudadanía.

Chile es un estado de derecho y todos estamos obligados a respetar la ley, esa es la discusión de fondo en este tema. No se entiende que haya tantas dificultades para que el Ministerio de Educación cumpla con su obligación de hacer cumplir la Ley.

Pretender tapar con un velo de ausencia y secretismo la investigación acerca de la forma en que Laureate, la mayor empresa de educación superior privada del país, habría ingresado y operaría en Chile es inaceptable y afecta gravemente la confianza y la fe pública, condiciones imprescindibles para abordar con seriedad el diálogo sobre la educación superior de nuestro país.Y la investigación simbólica que abrió ahora el Ministerio de Educación, al igual que otras recientes que han concluido sin ningún resultado, son una burla para el imperio de la Ley y para el futuro de la educación superior pública, y hace prever que nada cambiará si la sociedad no fiscaliza y exige que efectivamente se lleven a cabo las investigaciones como corresponde, utilizando las facultades fiscalizadoras en su plenitud y no alegando la falta de las mismas.

Profesor Víctor Pérez Vera
Rector de la Universidad de Chile
Santiago, 4 de marzo de 2014.