DECLARACIÓN PÚBLICA RECTORÍA DE LA UNIVERSIDAD DE CHILE
Es lamentable que los estudiantes de la U. Andrés Bello y de la U. de las Américas, ambas del grupo Laureate, se enteren ahora y por el diario, de que las universidades a las que recién ingresaron, están siendo investigadas por el Ministerio de Educación y nadie sabe bien por qué temas. Se trata aparentemente de una investigación tardía y parcial, porque hay antecedentes públicos desde hace tiempo que revelarían que habría habido una compra-venta de la marca y los estudiantes de la U. Andrés Bello, lo que podría evidenciar operaciones que violarían la ley. Esa información está en la web de la SEC de Estados Unidos... ¿La ministra está investigando ese tema? También hay información sobre los traspasos millonarios desde las universidades e institutos a la matriz de Laureate. ¿Está investigando todos los traspasos? ¿Hay dineros públicos involucrados? Todavía los estudiantes, sus familias y el país estamos esperando las respuestas de la ministra, quien debe dejar de tratar estos temas con secretismo y entender que hay un asunto de fe pública.
La ministra sabe que en Chile todos estamos obligados a cumplir la ley y que cada uno debe cumplir su rol institucional. Es inaceptable que no se investiguen con rigor y a tiempo, todos los antecedentes que hay sobre la forma en que Laureate ingresó y opera en Chile. Eso es muy grave y debilita la confianza en el cumplimiento de las obligaciones que tiene el Ministerio de Educación. Y la ministra no se ha hecho cargo de eso.
La evidencia de los hechos es que hay antecedentes públicos en Chile y el extranjero desde hace meses, sobre la forma en que Laureate ingresó y opera en Chile, y que la ministra de Educación no ha iniciado una investigación formal y profunda sobre ellos. A esto se suma que la ministra Schmidt se opuso a que los más de US$ 1.000 millones de dólares de dinero público que recibirán el 2014 las universidades privadas, sean fiscalizados por la Contraloría General de la República. Ese monto equivale al 60% del presupuesto nacional para universidades, es decir, las estatales solo recibimos el 40% y tenemos todos los controles. Los dineros públicos son de todos los chilenos y es indignante que mientras en el ámbito público hay miles de estudiantes y maestros trabajando en condiciones de enorme pobreza en todas las ciudades y pueblos de Chile, haya traspasos millonarios de dineros públicos a retails privados que no son fiscalizados, como sí sucede con las universidades estatales. Y además debemos sufrir un trato vejatorio de nuestras autoridades, que parecería que pretenden esconder el poderoso tráfico de lobby que vendría de algunas instituciones privadas, las que parecen no estar conformes con el 60% del presupuesto estatal que reciben sin control real y completo.
En el tema de la transparencia, las universidades estatales estamos cumpliendo con la ley y si la ministra tiene antecedentes que alguna no lo está haciendo, debe investigarlo. Todos los actos de la Universidad de Chile son revisados y fiscalizados por la Contraloría General de la República. Creo que la ministra se equivoca al tratar de cambiar el tema.
Además, no deja de llamar la atención que la ministra esté tan preocupada de que sean publicados los sueldos mensuales de los profesores de las universidades estatales -que lo están desde hace tiempo- y que se mantengan en reserva los de las universidades privadas que reciben dineros públicos. Que las estatales debamos comprar por Mercado Público y no las privadas que reciben dineros públicos. Llega al extremo de decir que las universidades privadas que reciben dinero público y no tienen ningún tipo de fiscalización publica también son públicas. Definitivamente, las declaraciones de la ministra Schmidt confirman que al parecer no entiende ni lo que es la educación pública ni la exigencia que viene haciendo todo Chile desde hace años: educación pública de calidad y equitativa. Y en ambas cosas, la Universidad de Chile es líder indiscutida, lo que parece que a algunos molesta...
Es obvio para todos que es la excusa de la ministra para desviar la atención y para tratar de justificar su tardía y parcial actuación respecto de Laureate, donde ya está el Consejo Nacional de Educación, la Fiscalía del Ministerio Público y la PDI. ¿Dónde está el liderazgo del Ministerio de Educación para hacer cumplir la ley? ¿Es solo un buzón que recibe y traspasa papeles? ¿Es solo el facilitador de la privatización de la educación pública en el país? ¿Por qué siempre va detrás de los temas y sus investigaciones son marginales y no terminan en nada?
Como la ministra sabe bien, el sistema de ingreso a las universidades fue creado décadas atrás por la Universidad de Chile para el ingreso de los estudiantes a la U, suya fue la idea, sistema que generosa y rápidamente compartió sin costos con las demás universidades estatales y privadas tradicionales. Todos los ingresos y egresos de la Universidad de Chile, incluidos los aranceles de la PSU que pagan los estudiantes directamente o vía becas que ellos reciben del Estado y que como todos nuestros aranceles ingresan al fondo general de la U, son fiscalizados por la Contraloría General de la República. La ministra Schmidt parece olvidar que cada vez que la Universidad de Chile o un colegio estatal construyen un laboratorio o una sala de clases, es una obra estatal que queda para beneficio público. Es decir, son dineros públicos que quedan en el sector público y aumentan su patrimonio. No se van a una matriz fuera de Chile... No puede seguir mirando para el lado en este tema y ahora pretender denostar a la principal universidad estatal del país con frases al aire que no se sustentan en la realidad. Lamentablemente, la ministra parece desconocer por completo la realidad de la educación pública de nuestro país.
La ministra Schmidt tiene que entender que aquí hay un problema institucional. Es inaceptable que no investigue a fondo la forma en que Laureate ingresó y opera en Chile, porque podría haber violación de la ley y mal uso de dineros públicos. Ese es el tema que ella debe responder al país y que claramente no está haciendo, con un grave daño a la fe pública de nuestro país.
Santiago, 20 de febrero de 2014