Discurso Inauguración Año Académico 2024
Siempre es emocionante inaugurar un Año Académico, siendo este un rito que celebra la renovación de la Universidad y también el momento en que ratificamos el compromiso con nuestras tareas. Como en todos los hitos, las responsabilidades se hacen más presentes.
En el marco de la reflexión que sostuvimos a raíz de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado de 1973, nos comprometimos a abordar el desafío de fortalecer la educación en Derechos Humanos y, especialmente, la educación para los Derechos Humanos, la democracia y la paz. Es decir, nos comprometimos con una educación que prepare a nuestros y nuestras estudiantes para ser agentes de esos derechos. Comprendemos que para ser consistentes, la educación en Derechos Humanos debe darse en un ambiente en el cual estos derechos sean efectivamente respetados y garantizados para y por todos quienes integran la comunidad universitaria.
Es por ello que estamos agradecidos y honrados con la participación del profesor Agustín Squella en esta Inauguración del Año Académico con la conferencia magistral que nos ha brindado sobre los Derechos Humanos. Su autoridad académica como filósofo del Derecho y su ejemplo de vida como intelectual público, maestro, líder universitario y ciudadano generoso y solidario con su país, nos brinda la posibilidad de expresar, a través de su figura emblemática y respetada, nuestro compromiso institucional con una educación fundada en los Derechos Humanos y en la “común dignidad”.
También queremos agradecer especialmente la presencia en esta ceremonia de académicos y académicas que se han incorporado a la Universidad en los dos últimos años. Hemos querido de esta manera destacar su importancia. Si bien cada tiempo tiene sus propios desafíos, ustedes han asumido la responsabilidad de ejercer su trabajo académico en momentos especialmente difíciles para nuestras sociedades, cuando la aplicación ética y justa del conocimiento jugará un rol esencial. Ustedes son quienes -como dijo el ex Rector Juan Gómez Millas refiriéndose a la Universidad hace 70 años- deberán interpretar “las posibilidades más profundas del pueblo” y “dar conciencia a la política”[1]. Estamos ciertos que encontrarán el más importante apoyo en sus facultades e institutos y desarrollarán exitosas carreras en vínculo estrecho con sus pares y estudiantes. Por nuestra parte, estaremos atentos a sus logros y a sus necesidades, desde cada una de nuestras vicerrectorías, así como desde la Dirección de Desarrollo Académico que tiene como misión, específicamente, acompañar sus desafiantes carreras.
Asimismo, una vez más agradecemos a los y las estudiantes que se incorporan a las distintas carreras y programas, y que ya forman parte de la comunidad de la Universidad de Chile. Nos preocuparemos de la plena realización de sus vocaciones. Ustedes han escogido estudiar en una institución que ha dado muestras, a lo largo de su historia, de un compromiso con la excelencia académica y de servicio al país.
Nuestro discurso y, más importantemente, nuestras acciones han buscado en el último tiempo avanzar en equidad e inclusión en nuestro quehacer universitario y no solamente en el aspecto formativo, sino en todas las dimensiones de nuestro trabajo. Entendemos que comprometernos con la equidad y la inclusión, no es solo ampliar el acceso a un estudiantado más diverso, sino también abrirnos a una forma distinta de entender la academia. Esto requiere comprender que más allá del prestigio ganado a lo largo de casi dos siglos, hoy somos interdependientes en la generación, aplicación y difusión del conocimiento. De igual forma, somos interdependientes en la responsabilidad de educar para una convivencia democrática, colocando al centro la dignidad humana. Estas aproximaciones nos exigen reconocernos como iguales: los estamentos, las disciplinas, el adentro y el afuera de la institución.
La convicción de que es importante educar para la democracia, por cierto, no es nueva. Ya en 1951, el senador de la República Eugenio González Rojas, quien posteriormente sería Rector de la Universidad de Chile, expresaba: “Educar para la vida significa, en nuestro medio y en nuestra época, educar para la democracia. Todo sistema de educación se basa en una jerarquía de valores impuestos por las tendencias morales que, en dramática pugna con los hechos prevalecientes en cada situación histórica, tratan de darle a la vida un sentido superior y al hombre una mayor dignidad. Exaltar el respeto a la persona humana como fundamento del orden social y principio normativo de la política del Estado; exaltar el significado ético y creador del trabajo como deber cívico indeclinable; exaltar los sentimientos de libertad, de responsabilidad, de solidaridad, de justicia, como garantías del verdadero progreso, es propio de la educación democrática”[2].
Varias décadas después seguimos buscando con dedicación las mejores formas de hacer realidad esta visión que tiene como horizonte construir una comunidad donde prime el diálogo, la divergencia fraterna, el cuidado recíproco y la valoración de la diversidad en todas sus expresiones. La construcción de vínculos, afectos, confianza y complicidad es necesaria para cumplir con nuestra misión, que es fundamentalmente creativa y donde debe existir libertad para imaginar, descubrir, explorar y también cuestionar valores y creencias.
Celebramos -a raíz de la incidencia que tendrá en nuestra convivencia democrática- la reciente aprobación de la modificación de nuestro Estatuto Universitario que establece la integración de los Consejos de Facultad por parte de “estudiantes y personal de colaboración, elegidos por sus respectivos pares”. La participación más amplia en las decisiones asociadas a la gestión ejecutiva de nuestras unidades académicas, enriquecerá -sin duda- la toma de decisiones, además de contribuir al desarrollo de prácticas deliberativas y de servir como una escuela de liderazgo.
Asimismo, valoramos poder finalmente concretar -gracias a la reforma del Estatuto- la creación de la Defensoría de la Comunidad Universitaria con dos unidades: una unidad de Defensoría propiamente tal y una unidad de Mediación. Esta instancia, muy esperada por la comunidad, servirá como un nuevo espacio para profundizar una convivencia respetuosa de todos y todas. Trabajaremos en conjunto con el Senado Universitario y el Consejo Universitario para diseñar los reglamentos que permitan implementar estas nuevas instancias participativas.
¿Y cómo aseguramos que estamos educando para la vida, educando para la democracia? ¿Es suficiente para ello ofrecer una formación disciplinar y profesional en un área delimitada del conocimiento por buena que ésta sea? Pensamos que no lo es, así como también pensamos que nuestra Universidad tiene amplias capacidades para impartir una docencia mucho más integral, pertinente y flexible de la que hoy ofrecemos. Para ello, solo necesitamos articularnos mejor entre facultades e institutos buscando complementariedad.
Para incentivar y facilitar esos procesos, haremos prontamente un llamado para una nueva línea de proyectos FIDA (Fondo de Inversión para el Desarrollo Académico), que denominaremos “Desarrollo académico para la integración disciplinar en la formación de pregrado”. La idea es que grupos de facultades e institutos (tres o más) puedan asociarse en proyectos colaborativos de integración docente. Algunas de las líneas que se visualizan (no excluyentes) son: incrementar la diversidad disciplinar en el ciclo inicial del pregrado con planes comunes de formación y participación de estudiantes de distintas carreras; integración de ciclos terminales con actividades de titulación asociativas; ampliación de los mecanismos de transferencia interna (basados en el reconocimiento de los aprendizajes del Bachillerato General) y también externa, entre otras acciones. Asimismo, estamos avanzando en una propuesta de certificación de competencias, mediante el otorgamiento de certificaciones intermedias o micro-credenciales. Esto permitirá identificar componentes ya existentes en la estructura del pregrado, que puedan orientarse hacia logros de aprendizajes específicos a lo largo de la trayectoria formativa o que acompañen las titulaciones, como un complemento diversificador.
Puesto que este año estaremos enfocados en un nuevo proceso de autoevaluación con fines de acreditación por parte de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), se abre un interesante espacio para observar críticamente nuestro quehacer institucional y comprometer cambios sustantivos. Éste es el cuarto proceso de acreditación institucional en que participamos desde 2004, habiendo obtenido siempre una acreditación de excelencia por siete años en todas las áreas. Entendemos este proceso como expresión de nuestra responsabilidad pública, como la obligación de dar cuenta y de mantener una actitud reflexiva y critica sobre nuestro quehacer.
Cada proceso trae nuevos desafíos y exigencias crecientes, tanto por nuevas metas autoimpuestas como por cambios que se introducen desde la CNA. Este proceso en particular incorpora nuevos criterios y estándares de acreditación, nuevas lógicas y metodologías, las que piden examinar en qué medida disponemos de políticas, mecanismos y procesos que guíen nuestra acción con el fin de cumplir nuestra misión, en qué medida hemos implementado estas políticas y les hemos hecho seguimiento, evaluado y perfeccionado, en un proceso de mejora continua.
Este nuevo proceso de acreditación se da en un contexto que ha experimentado transformaciones significativas; entre otras, la reforma a la educación superior, la experiencia de la pandemia y el surgimiento de nuevas tecnologías de información. Éstas, sin duda, han generado cambios sustanciales en las universidades.
Abordamos esta tarea con la determinación de convertir este nuevo proceso en un estímulo para potenciar nuestras fortalezas, provocar las transformaciones necesarias y establecer nuevas metas estratégicas. Asimismo, buscamos contribuir al trabajo iniciado por la Comisión de Desarrollo Institucional del Senado Universitario en la elaboración de un nuevo Plan de Desarrollo para nuestra Universidad.
Trabajaremos en tres niveles: un nivel estratégico, donde cumplen diversos roles el Consejo Universitario, el Consejo de Evaluación, la Comisión Superior de Autoevaluación Institucional y el Senado Universitario. Un nivel ejecutivo encargado de la marcha del proceso y un nivel analítico, conformado por cinco subcomisiones. Más de 100 personas están hoy trabajando en esta tarea. Agradezco a cada uno de ellos y ellas, pero muy principalmente a la Prorrectora Alejandra Mizala, quien lidera este proceso, al mismo tiempo que continúa llevando adelante las tareas propias de la Prorrectoría. Sabemos el esfuerzo que eso significa.
Es evidente que no podremos cumplir con lo establecido en el primer artículo de la Ley de General de Educación Superior en cuanto a que la educación superior “es un derecho cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, para que puedan desarrollar sus talentos; asimismo, debe servir al interés general de la sociedad”, si no resguardamos tanto la calidad como la equidad, y más aún si no las asumimos como interdependientes.
Pero al mismo tiempo que avanzamos hacia espacios educativos más justos y humanizados, estamos observando cómo se expresan discursos regresivos respecto a estos avances en derechos, tanto a nivel internacional como nacional, ya sea a través de ataques directos a lo que se ha llamado ideología DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión) o debido a la emergencia de un discurso que busca restringir el derecho a la educación superior, bajo el planteamiento que la expansión de la educación superior resulta poco rentable y es detrimental a la calidad de la educación escolar, o bien que el descontento de los jóvenes egresados de la educación superior que no logran realizar sus expectativas de empleo promovería su “izquierdización”. Esta visión también alcanza, por cierto, a las voces que se levantan contra la inclusión y en favor del regreso de la selección en la educación escolar.
Una mención especial a la difícil e incomprensible situación que experimentan las universidades públicas argentinas, cuyo desfinanciamiento no sólo traerá consecuencias negativas para su país, sino para todo nuestro continente.
En el fundamento de estas críticas a la educación superior estaría la visión de ella como privilegio o como inversión de la cual esperar un retorno económico equivalente al tiempo y dinero gastado. Sería, simplemente, un medio para el tránsito hacia el mercado laboral en una relación costo-beneficio.
La consagración del derecho a la educación como un derecho humano se asocia con garantizar el pleno desarrollo de las personas en igualdad de oportunidades para habilitar la vida en común. Ese pleno desarrollo implica que los sujetos puedan potenciar sus capacidades, adquirir conocimientos y buscar -en libertad e igualdad- su realización personal y colectiva. El derecho humano a la educación no se extingue al completar la formación escolar.
De hecho, la Unesco indica que “la educación superior es parte integral del derecho a la educación a lo largo de toda la vida”. Y señala como algunos obstáculos para su materialización a “la discriminación social, las restricciones financieras, la limitada flexibilidad de la oferta de enseñanza o la desigual calidad de los proveedores”, entre otros factores. Por consiguiente, para salvaguardar el derecho a la educación superior se deben evitar las discriminaciones asociadas al origen socioeconómico, al género o la etnia, y la oferta académica debe ser dinámica, pertinente y ejecutada con calidad.
Las visiones que hoy promueven revertir las políticas de equidad y llaman a recuperar el carácter de exclusividad de las universidades, encierran la noción de que “la universidad no es para tantos”. Pero, entonces, la pregunta es: ¿y si no es para tantos, para quiénes es? Es indudable que los primeros en salir del sistema serían los grupos sociales tradicionalmente sub-representados. Esta visión elitista de la educación superior desconoce las importantes consecuencias sociales de una mayor inclusión y su efecto positivo en la cohesión social. En tiempos en que aumentan los niveles de polarización en la sociedad y la aceptación de la divergencia en el debate público se hace cada vez más improbable, se requiere de mayor integración y no de una re-marginación.
Sabemos que la movilidad social ascendente en Chile es limitada y que la estructura social es rígida, pero la educación superior ha permitido a muchos y muchas jóvenes y sus familias torcer ese destino predeterminado, asociado a su origen social. Hoy, esas historias de jóvenes que son primera generación de sus familias en la Universidad, de mujeres en carreras STEM o de estudiantes de pueblos indígenas implican revertir años de invisibilización en distintos campos del saber y de la sociedad.
Es complejo educar entre distintos, ciertamente, pero la evidencia muestra que en espacios diversos se desarrollan mejores habilidades para el siglo XXI, como aquellas relacionadas con la empatía, la convivencia y el trabajo colaborativo. Cognitiva y socialmente se producen crecimientos significativos en la formación de los y las estudiantes en lugares de interacción permanente con otras historias de vida. Es una experiencia transformadora, que permite a su vez contribuir al fortalecimiento de las comunidades y de la democracia, porque se propician actitudes y comportamientos cívicos.
Debido a la persistencia de los discursos excluyentes, que vuelven a reaparecer una y otra vez y que en la actualidad están cobrando nueva fuerza, no solo es preciso defender nuestros enfoques inclusivos, sino que debemos educar para sostener esa defensa, especialmente en los tiempos difíciles que se avecinan, en los cuales la solidaridad y los principios de igualdad serán más que nunca necesarios.
En la línea de la construcción de esa sociedad más justa también se inscribe la necesidad de avanzar hacia una educación no-sexista, que nos permita desarrollar los valores y actitudes para una convivencia libre de toda forma de discriminación y violencia de género. Por ello, celebramos el fallo del Tribunal Constitucional que rechazó la impugnación realizada al articulado en la materia contenido en la Ley Integral de Violencia contra las Mujeres.
Entendemos la educación no-sexista como aquella que permite el desarrollo de habilidades socio-afectivas para una convivencia respetuosa de las diferencias, la valoración de las diversidades y la participación en igualdad de condiciones de todos los miembros de las comunidades educativas. Se trata con ella de ampliar derechos y, de ningún modo vulnerar, el derecho de los padres y madres a educar a sus hijos e hijas.
Nuestra Universidad ha adherido a ese propósito de justicia y respeto desde antes de la existencia de esa Ley, porque no pueden existir barreras ni sesgos de género que impidan el completo desarrollo de los talentos de nuestros y nuestras estudiantes. Seguimos trabajando para que las normas y políticas de las cuales nos hemos dotado tengan una manifestación cotidiana en las prácticas docentes y en la forma de relacionarnos al interior de nuestra organización.
Una universidad pública como la Universidad de Chile está llamada a responder a esta obligación del Estado de ofrecer educación en Derechos Humanos no sólo en tanto obligación contraída en sede del derecho internacional, sino como mandato de responsabilidad democrática. En el rol que le cabe también de articuladora de intereses e intérprete de sentidos de la convivencia nacional, la disponibilidad de educación en Derechos Humanos representa la construcción de un vehículo de diálogo, una lengua franca de entendimiento y, en consecuencia, una fuente de paz y armonía cívica. Por ello, uno de los roles que la Universidad debe jugar en el debate público es el de mediadora y pacificadora.
Sabemos que ello se logra gracias a quienes contribuyen diariamente con compromiso, dedicación y profesionalismo a esta obra grande. Por ejemplo, a quienes con tanto esfuerzo hacen que el gran proyecto VM20 siga avanzando y se levante para la historia como ejemplo del compromiso de esta Universidad con la cultura de su país. También a quienes trabajan para que el Hospital Clínico sume nuevas responsabilidades a través de los convenios específicos que estamos subscribiendo con el Ministerio de Salud en el marco de la nueva Ley que lo reconoce como Hospital Universitario Público, en una demostración de que todavía es posible desarrollar el modelo docente-asistencial de excelencia, que ha sido sustento de la calidad de la medicina chilena. También a quienes sostienen nuestros museos y elencos estables, aquel patrimonio que cuidamos para todos y todas. Y, por cierto, agradecemos especialmente a las comunidades de cada una de las facultades e institutos que dan vida a la institución a través del trabajo académico.
Finalizo estas palabras trayendo a ustedes la voz de nuestro querido maestro Humberto Giannini, y quizás más que su voz, su espíritu a 10 años del aniversario de su muerte este noviembre de 2024, porque le necesitamos como uno de los guardianes de esta casa de Chile. Éstas son sus palabras sobre la educación en una ponencia sobre la Ética de la Proximidad realizada el año 2001:
“Uno de los modos más fuertes y determinantes de la convergencia social es la escuela, y todos los espacios de re-flexión generacional (el liceo, la universidad). La escuela es la gran institución re-flexiva por la que la sociedad se vuelve a sí misma, para reconocerse e ir, en el tiempo descubriendo, formulando y confirmando sus propios valores.
Así, la gran tarea de preservación cultural en este siglo consistirá en ofrecer en la escuela y en la educación, en general, un bagaje de contenidos y actividades que permitan al estudiante reconocer, respetar y cultivar un mundo comunitario; sus modos tradicionales de sintonizar con la naturaleza y de pactar con ella, de invocar a sus dioses; que le permitan asimilar espiritualmente (comprender) las experiencias pasadas y tejer, a partir de sus propias posibilidades, sus proyectos y esperanzas”[3].
Muchas gracias.
Rosa Devés Alessandri
Rectora de la Universidad de Chile
[1] Gómez Millas, J. (1954). Discurso del Rector de la Universidad de Chile, don Juan Gómez Millas. Anales de la Universidad de Chile, Núm. 95-96, año 112, serie 4.
[2] González, E. (2011) El problema educacional de Chile, legislatura ordinaria, julio de 1951, en Eugenio González. Pensamiento Vigente: Disjecta Membra (pág. 174), Hernán Contreras Molina, Pequeño Dios Editores.
[3] Giannini, H. (2001). Análisis de prospectivas de la educación en la región de América Latina y el Caribe. OREALC, UNESCO. Publicado por la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe UNESCO-SANTIAGO.