Inauguración Año Académico Universidad Católica del Maule: Charla Magistral "Universidad y Democracia"
1. Introducción
Es un honor y una gran alegría participar en la inauguración del Año Académico de la Universidad Católica del Maule. Muchas gracias, Rector Claudio Rojas por la invitación. Especialmente, agradezco la oportunidad de dialogar con su comunidad. Es la primera vez que visito su campus. Estoy segura de que este vínculo que se produce al estar físicamente en el lugar y en una ocasión tan importante como ésta, fortalecerá nuestro espíritu y trabajo colaborativo.
Difícil tarea abordar el tema Universidad y Democracia. Lo hago con humildad y desde la responsabilidad de representar a una universidad pública como la Universidad de Chile, donde esta reflexión es obligatoria y necesariamente permanente.
En el primer párrafo de un capítulo del libro “Democracia” de Agustín Squella[i], titulado “Esperanza sin confianza o el valor del pesimismo con esfuerzo”, escribe: “La democracia vive hoy en condiciones inhóspitas. A decir verdad, nunca en la historia de la humanidad la democracia las ha tenido todas consigo. Los periodos sin ella son muchísimo más extensos que aquellos en que ha prevalecido como forma de gobierno. La democracia siempre ha tenido enemigos muy poderosos, en ocasiones declarados y las más de las veces encubiertos. La pregunta hoy (…) es si tales condiciones inhóspitas son insuperables, fatales, como el crepúsculo del atardecer al que solo puede seguir la inevitable caída de la noche”.
Como educadora -por fuerza de la vida más que por profesión- respondemos que estamos comprometidas en sostener la esperanza y esforzarnos para que esas condiciones inhóspitas no sean insuperables, y para demostrar que en y desde nuestras universidades es posible avanzar hacia una convivencia fundada en valores democráticos, en tanto resguarden la común dignidad.
Como escribió Paulo Freire en la “Pedagogía de la Esperanza”: “la desesperanza nos inmoviliza y nos hace sucumbir al fatalismo en que no es posible reunir las fuerzas indispensables para el embate recreador del mundo. No soy esperanzado por pura terquedad, sino por imperativo existencial e histórico. Mi esperanza es necesaria, pero no es suficiente. Ella sola no gana la lucha, pero sin ella la lucha flaquea y titubea. Necesitamos la esperanza crítica como el pez necesita el agua incontaminada”.
Esta será entonces una presentación esperanzada y -quizás más relevante- comprometida con aquella cruzada a la cual la UNESCO nos ha llamado a concurrir en la forma de un “Nuevo Contrato Social por la Educación”[ii], texto que en su introducción señala que: “la creatividad, la perseverancia y la esperanza abundan en un mundo de creciente incertidumbre, complejidad y precariedad”. Entonces, nosotros estamos aquí para cultivar la esperanza, no acríticamente, pero si esforzada y responsablemente.
2. Universidad y democracia: distintas perspectivas de análisis
El binomio Universidad y Democracia puede abordarse -por cierto- desde distintas perspectivas. Por ejemplo, podemos preguntarnos: ¿Qué ocurre con las universidades en regímenes autoritarios? ¿cómo se vinculan los principios de la universidad con el ejercicio de la democracia? ¿cómo cautelamos la libertad académica y los derechos de participación en nuestras instituciones? ¿cómo honramos el derecho a la educación superior? ¿cómo educamos para la democracia? ¿cómo defendemos esos principios cuando son desafiados? De todas estas interrogantes, expresaremos alguna respuesta con el propósito principal de enfatizar nuestro compromiso con la democracia y, a través de ella, con el desarrollo en y desde la educación superior.
3. Universidad y el quiebre de la democracia en Chile
Sobre qué ocurre con las Universidades en regímenes autoritarios, sabemos de sobra por nuestra propia experiencia en tiempos de dictadura, a partir del 1973. Las ocho universidades existentes al tiempo del golpe de Estado se constituyeron, como los centros de pensamiento autónomo que eran, en una amenaza para el régimen dictatorial, enfrentándose a una nueva realidad que buscó silenciarlas a través de la represión. Solo en la Universidad de Chile, 125 estudiantes fueron víctimas de ejecución o desaparición forzada. Es en su memoria que debemos recordar siempre esos tiempos oscuros.
Un duro golpe a la institucionalidad universitaria ocurrió luego de la promulgación de la Constitución de 1980, a través de sucesivos decretos con fuerza de Ley, que llevaron entre otras acciones al desmembramiento de las dos universidades públicas: la Universidad de Chile y la Universidad Técnica del Estado. Como se lee en una Declaración del ministerio del Interior de la época, de fecha 6 de enero de 1981, la reconfiguración del sistema universitario habría estada orientada a corregir “el crecimiento inorgánico y desproporcionado de algunas universidades, hasta niveles de un gigantismo que [habría] hecho virtualmente imposible su efectivo y buen gobierno y la transformación de las universidades en apetitosos centros de poder político”. Para luego agregar que “sería erróneo no advertir que la raíz del mal reside en la médula misma de lo que es el sistema universitario que [la] reforma consolidó y legó. Solo la corrección profunda y creadora de dichas raíces puede ofrecer la perspectiva de una vida universitaria fecunda y estable hacia el futuro”.
Así se enuncia y explica el propósito que llevó a diseñar un sistema universitario sostenido en la competencia (de la cual tanto nos ha costado desprendernos), terminando, al mismo tiempo, con la gratuidad de la educación pública bajo el argumento -como la misma declaración señala- que esta sería “un simple disfraz demagógico para ocultar el hecho de que su costo se traslada a toda la comunidad, recayendo la carga en sectores de menores ingresos que los beneficiados”.
No es necesario profundizar para mostrar que la dictadura temía a la universidad y a su autonomía, y que las universidades y sus comunidades sufrieron por ello. Y así como no olvidamos a las víctimas, no olvidamos a las personas y a las organizaciones que desde las universidades lucharon por la recuperación de la democracia en las instituciones universitarias y en el país. Tampoco olvidamos el compromiso que en ese tiempo adquirimos con la resistencia y la convicción de que las universidades junto con sus funciones fundamentales deben, en respeto a sus principios y valores, ser también lugares de resistencia cuando la dignidad humana y el ejercicio libre del pensamiento se ven amenazados.
Las Universidades son -por cierto- contrarias al oscurantismo y, en cambio, espacios donde se construye, ejerce y defiende la democracia.
4. Los valores universitarios y la democracia
Es ya casi un lugar común enunciar que nos encontramos en un momento desafiante como humanidad, con incertidumbres y fracturas que tensionan y afectan nuestra convivencia pacífica, y que cuando más necesitamos la democracia para enfrentar esas dificultades solidariamente, ésta se fragiliza.
Como se señala en el informe de UNESCO que antes mencionábamos, “cada vez más personas participan en la vida pública, pero el tejido de la sociedad civil y la democracia se está debilitando en muchos lugares del mundo. Los rápidos cambios tecnológicos están transformando muchos aspectos de nuestras vidas. Sin embargo, estas innovaciones no se orientan adecuadamente hacia la equidad, la inclusión y la participación democrática”.
En varios lugares, se ha comenzado a colocar calificativos a la democracia desvalorizando su significado. Se habla de “democracias autoritarias” o de “democracias de partido único”, como si fuera posible concebir un régimen democrático sin la posibilidad de competir libremente en elecciones o de disentir del poder sin temor a represalias, entre otras condiciones básicas de la democracia.
Esta desvalorización tiene su mayor expresión, y esto es particularmente relevante para las universidades, en las generaciones más jóvenes. De hecho, una encuesta global desarrollada en 2023 por la Open Society Foundation muestra que la democracia sigue siendo el sistema de gobierno preferido por las personas, pero en el grupo etario entre 18 a 35 años es donde menos se manifiesta ese respaldo, con sólo un 57% frente al 71% de adhesión a la democracia que tienen los mayores de 56 años. Según ese mismo reporte, los jóvenes estarían, incluso, más dispuestos que sus mayores a apoyar un régimen autoritario bajo determinadas circunstancias.
Por eso, la reflexión sobre Universidad y Democracia es tan relevante y necesaria, sobre todo en un contexto donde, como dice el sociólogo alemán Helmut Wilke[iii], “la democracia ha sido relevada de su posición sagrada como modelo de orientación de las sociedades y es expuesta a un frío examen relativo a su capacidad de establecer lineamientos de orientación socialmente vinculantes”. Esto quiere decir que las decisiones que adoptan las instituciones que promueven y garantizan la democracia deben desplegarse en el resto de la sociedad que -a su vez- debe considerarlas legítimas. Esa legitimidad se construye a partir de la confianza que las propias instituciones son capaces de generar en los ciudadanos y ciudadanas. Y vemos hoy que existe una crisis de confianza generalizada en la sociedad a nivel institucional e interpersonal, que pone justamente en riesgo a la democracia.
Sin embargo, en nuestro país, las personas aún siguen confiando en las universidades como aquellos espacios para encauzar los debates públicos por caminos de racionalidad y proponer soluciones a los problemas complejos que enfrentamos. Tenemos entonces una oportunidad, pero sobre todo una responsabilidad con el país y debemos honrar esa confianza.
En ese espíritu, el año pasado asumimos el desafío de coordinar la participación ciudadana para el segundo Proceso Constitucional, donde todas las universidades del sistema participamos en diversas instancias de diálogo y escucha activa. Se trataba de un mandato constitucional, pero sobre todo era una obligación ética: ser facilitadores del encuentro de los distintos anhelos, puntos de vista y proyectos de país que conviven a lo largo de todo nuestro territorio.
La democracia en el ámbito universitario exige garantizar la libertad académica, que implica el ejercicio de las libertades de expresión y pensamiento, pues ambas son necesarias para ejercer las funciones universitarias. Los límites de la generación de conocimiento sólo deben ser las consideraciones éticas propias de la investigación científica. El ejercicio de la academia requiere de una comunicación respetuosa y de confianza entre todos los participantes, en diálogo con la sociedad, bajo el convencimiento que todas las voces importan. La clausura de la libertad académica empequeñece a las universidades y las despoja de su valor esencial.
Eso nos lleva a otra dimensión crucial de la democracia: el pluralismo. Represento aquí a una universidad, donde su primer Rector, Andrés Bello, la definió en su discurso de instalación en 1843 como el lugar “donde todas las verdades se tocan”. Esa frase contiene una importante carga valórica y nos desafía cotidianamente. Uno de los valores ahí contenidos es, justamente, el pluralismo, entendido como la posibilidad de expresión de las múltiples voces presentes en la sociedad.
Pluralismo y diversidad dialogan recíprocamente, pues solo ambientes genuinamente diversos permiten el ejercicio del pluralismo. De hecho, la diversidad favorece la democracia, y tal como se dice en la Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural de las Naciones Unidas, “la participación de todos los ciudadanos garantiza la cohesión social, la vitalidad de la sociedad civil y la paz”. La valoración del pluralismo y su ejercicio en espacios diversos es el mejor camino para la resolución de los conflictos de manera armónica.
Pero, además, pluralismo y la libertad académica son fundamentales para posibilitar la manifestación de las dos características que de acuerdo a Simon Marginson[iv] son socialmente distintivas de una universidad: la capacidad de auto-reproducción y la capacidad de generación de conocimiento. Estos atributos requieren para su expresión de meta-prácticas institucionales pertenecientes a dos dominios: el dominio de la asociación comunicativa (que incluye el derecho a la libre expresión; el diálogo basado en la honestidad y el respeto mutuo; las relaciones intra-institucionales e inter-institucionales basadas en la justicia, la solidaridad y la empatía, entre otras) y el dominio de las prácticas seculares (el apoyo y la libertad para el ejercicio de la actividad intelectual productiva, incluida la curiosidad, la indagación, la observación, el razonamiento, la explicación, la crítica y la imaginación).
Así como las universidades marcamos un hito a través de la coordinación de la participación ciudadana del Proceso Constitucional que ha sido reconocido internacionalmente, tenemos un compromiso al interior de nuestras propias comunidades, no solo en cuanto a abrir espacios de escucha y diálogo para una mejor gestión de las instituciones, sino para educar y educarnos en esas prácticas deliberativas y asociativas que son esenciales para la convivencia armónica, porque hoy somos interdependientes en la generación, aplicación y difusión del conocimiento.
La democracia conlleva una idea de igualdad humana irrenunciable. Cada uno y una de nosotras debe tener la misma oportunidad de expresar sus ideas y de participar activamente en los espacios donde nos desarrollamos sin trabas asociadas a discriminaciones arbitrarias, como las de género, etnia u origen socioeconómico. Ciertamente, las instituciones se dotan de normas para regular esta participación de acuerdo con su naturaleza, misión, valores y principios orientadores, pero ninguna institución que aspire a practicar la democracia o a educar para su realización puede obviar esta condición esencial de considerar a cada uno y una de sus miembros como merecedores de ser escuchados y escuchadas. Además, es el respeto a las personas, a la libertad para enunciar y construir las ideas, lo que en definitiva define la legitima autoridad en una universidad. No es fácil hoy en día ejercer el rol de autoridad en los distintos espacios universitarios, tampoco lo es representar a las instituciones, a sus valores y su historia, respetando al mismo tiempo, las distintas voces que en ella se expresan y deben expresarse, pero ese es nuestro trabajo y nuestra obligación.
De igual forma, somos interdependientes en la responsabilidad de educar para una convivencia democrática, colocando al centro la dignidad humana, ya que nadie puede lograr nada importante por sí solo o sola. Estas aproximaciones nos exigen reconocernos como iguales: los estamentos, las disciplinas, el adentro y el afuera de la institución.
5. El derecho a la educación y la educación para la democracia
Desde que iniciamos nuestro trabajo sistemático de profundizar la equidad y la inclusión en la Universidad de Chile, hace algo más de una década, ampliando el acceso a jóvenes de grupos sub-representados y relevando la importancia de la diversidad, la educación superior en Chile ha avanzado en comprensión de su rol y esta visión se ha extendido a muchas otras instituciones, tomando distintas formas de acuerdo a cada contexto. De hecho, la Ley General de Educación Superior (21.091) ha establecido en su primer artículo que la educación superior “es un derecho cuya provisión debe estar al alcance de todas las personas, de acuerdo a sus capacidades y méritos, sin discriminaciones arbitrarias, para que puedan desarrollar sus talentos; asimismo, debe servir al interés general de la sociedad”. Ese artículo -por si solo- es un mandato, exigente y claro para todo el sistema, y todas las instituciones nos esforzamos por cumplirlo.
El derecho a la educación está estrechamente vinculado a la democracia, porque aspira a entregar a todos “igualdad de voz” y porque solo se ejercerá con legitimidad si ofrece iguales oportunidades de desarrollo y la preparación suficiente para poder hacer una contribución al bien común. Pero el derecho a la educación trae consigo también un deber, éste es el deber de contribuir a que otros y otras puedan también acceder a ese derecho. Esta visión dista profundamente de aquella expuesta antes que llevó a eliminar la gratuidad de la educación superior pública en dictadura, porque se consideraba que la educación superior gratuita era un beneficio que se recibía a expensas del sacrificio de otros sectores sociales, bajo una concepción individualista de la educación y la sociedad.
Sin embargo, esa forma de devolver y de aportar a la democracia a partir de las propias capacidades debe educarse y sabemos -como nos enseñó John Dewey- que la forma más eficiente de aprender es “aprender haciendo”. Entonces, para desarrollar actitudes democráticas es necesario practicarlas. Y, para genuinamente educar para la democracia, debemos asegurar que lo hacemos en un ambiente y una comunidad donde prima el diálogo, la divergencia fraterna, el cuidado recíproco y la valoración de la diversidad en todas sus expresiones, donde la construcción de vínculos se vuelve esencial para cumplir con nuestra misión educativa.
Esto exige abrir nuestras instituciones a los grupos históricamente sub-representados, tanto por un imperativo de justicia social como porque es solo en el marco de un diálogo fecundo entre personas con distintas historias de vida y distintos anhelos que podremos formar para el ejercicio de la democracia y la complejidad.
La educación para la democracia puede ejercerse de variadas formas y existen hoy diferentes aproximaciones que se están desarrollando en distintas partes del mundo, las que podemos considerar de acuerdo a nuestras propias realidades.
El compromiso de promover una vida universitaria pluralista con enfoque inclusivo y de Derechos Humanos, que prepare para vivir plenamente la democracia, nos entrega a cada uno de los profesores y las profesoras responsabilidad en la formación integral de las y los estudiantes. Por ello, buscamos avanzar hacia una pedagogía inclusiva fundada en el cuidado, que evite toda forma de exclusión.
Como señalan Davids y Waghid[v] (2021), para que las universidades cumplan con su mandato de ser espacios democráticos, deben reconocer que los estudiantes no son meros receptores de conocimientos o habilidades, sino agentes autónomos que traen sus propias perspectivas y percepciones del mundo al espacio universitario.
En su libro titulado “Hacia una Filosofía del Cuidado en Educación Superior”[vi], Yusef Waghid, el eminente filósofo educacional sudafricano, plantea que no se puede esperar que las personas cuiden si no se les educa para hacerlo. Señala que las relaciones de cuidado en la educación universitaria deben poseer tres características principales. En primer lugar, debe darse una actitud compasiva, donde las personas escuchen las experiencias vividas por los demás, se pongan en el lugar de sus dificultades y actúen para aliviar la exclusión interna. En segundo lugar, se requiere responsabilidad para crear las condiciones que permitan a las personas ejercer su igualdad de voz. Y, en tercer lugar, señala que para sostener una relación afectuosa, se requieren capacidades de razonamiento que permitan a las personas ser asertivas y anunciar su presencia como ciudadanos iguales.
Esta visión supone que existe un estudiantado diverso, donde hay personas que viven y piensan distinto y que, en vez de ignorarse, pueden escoger escucharse y relacionarse a través de prácticas deliberativas. Los académicos y académicas tenemos un rol principal en ofrecer espacios de encuentro e intercambio, y de fortalecer conocimiento y habilidades que permitan participar con incidencia en esa deliberación. En un contexto social con dificultades para aceptar las diferencias, la amistad cívica surge como un requerimiento indispensable, pues a través de ella es posible encauzar los conflictos, ejercitando el diálogo y el debate informado. Con ello, se fortalece también la democracia.
A raíz de las tensiones sobre el ejercicio de la libertad de expresión y el diálogo informado en instituciones de educación superior en distintas partes del mundo, muy especialmente en los Estados Unidos, existe una creciente preocupación por el tema y está surgiendo nueva literatura. En el libro titulado “Creating Space for Democracy. A Primer on Dialogue and Deliberation in Higher Education” de Nicholas Longo y Timothy J. Shaffer[vii], publicado en 2019, se ofrecen orientaciones para crear oportunidades en los campus universitarios enfocadas a aprender a escuchar, pensar y actuar con otros para resolver problemas públicos.
Los autores abogan por lo que llaman “pedagogía deliberativa en la comunidad”, siendo este un enfoque colaborativo que combina el diálogo deliberativo, la participación comunitaria y la educación democrática. Así como el diálogo, dicen Longo y co-autores, se entiende como el proceso para involucrarse con otros y co-crear significado, en la deliberación un grupo de personas distintas buscan alcanzar una decisión colectiva. Esto puede lograrse, por ejemplo, a través de una pedagogía situada como aquella que se da en prácticas de emprendimiento social, en las cuales junto con aprender, se crea valor[viii].
Bajo esa ética estamos buscando, con dedicación, las mejores formas de hacer realidad esta visión, a través de innovaciones curriculares, programas de apoyo a la vida de campus, programas interdisciplinarios y manteniendo relaciones de cooperación lo más amplias posibles.
Waghid y Davids[ix] (2022) plantean que uno de los problemas más serios de la educación superior en la actualidad es la desconexión entre profesores/profesoras y estudiantes, y que en ese sentido la acción deliberativa ofrece a los profesores y profesoras la posibilidad de comenzar a comprender sus propios desafíos y dificultades a través de la escucha para hacerse una idea del mundo de los estudiantes y de esta manera comenzar a darle sentido a sus experiencias. Sin embargo, aclaran que la acción deliberativa sólo puede desarrollarse si las aulas se convierten en espacios donde los estudiantes no tengan temor de revelar sus identidades y puedan reconocer a sus docentes como persona, no solo competentes sino también receptivas. En ese sentido, sostienen que se pueden concebir los encuentros pedagógicos, basados en la acción deliberativa, como actos de justicia, pero para ello es necesario que los y las docentes proporcionen espacios para el compromiso humano.
Tenemos muchos desafíos por delante en este esfuerzo de humanizar la educación superior.
6. La defensa de la justicia social en la educación superior
Sin embargo, al mismo tiempo que avanzamos hacia espacios educativos más justos y humanizados, estamos observando cómo se expresan discursos regresivos respecto a estos avances en derechos, tanto a nivel internacional como nacional. Un aspecto muy preocupante es el ataque a las políticas de diversidad, equidad e inclusión, especialmente en los Estados Unidos a través de lo que se ha llamado peyorativamente, “ideología D.E.I.” (Diversidad, Equidad e Inclusión), así como también se atacan las políticas de igualdad de género a través del concepto “ideología de género”. De acuerdo a The Chronicle of Higher Education, al 12 de abril 2024 se habían presentado al menos 82 proyectos de ley oponiéndose a D.E.I. en educación superior en más de 20 estados desde el año anterior. De éstos, 12 se han transformado en ley, incluyendo a los estados de Idaho, Indiana, Florida y Texas. Por ejemplo, el 1 de enero de 2024 se prohibió por ley la existencia de Oficinas de Diversidad, Equidad e Inclusión en las universidades públicas del Estado de Texas.
Las acciones que hoy buscan revertir las políticas de equidad y llaman a recuperar el carácter de exclusividad de las universidades, encierran la noción de que “la universidad no es para tantos” y que sería mejor educar entre iguales.
Debido a la persistencia de estos discursos excluyentes, que en la actualidad están cobrando nueva fuerza, no solo es preciso defender nuestros enfoques inclusivos, sino que debemos educar para sostener esa defensa, especialmente en los tiempos difíciles que se avecinan, en los cuales la solidaridad y los principios de igualdad serán más que nunca necesarios.
Para finalizar solo resta decir que continuaremos trabajando con fuerza por el derecho a la educación y que no olvidaremos que hicimos una promesa de sostener la esperanza.
Muchas gracias.
Rosa Devés Alessandri
Rectora de la Universidad de Chile
[i] Squella, A. 2023. Democracia ¿Crisis, decadencia o colapso? . Colección Pensamiento. Editorial UV Universidad de Valparaíso.
[ii] UNESCO. 2022. Reimaginar Juntos Nuestros Futuros. Un nuevo contrato social por la educación. Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OREALC/UNESCO Santiago,
[iii] Wilke, H. 2006. La transformación de la democracia como modelo de orientación de las sociedades complejas. Estudios Públicos, (102) p. 180. Recuperado de https://www.estudiospublicos.cl/index.php/cep/article/view/568
[iv] Marginson,S. 2007. Globalisation, the “Idea of a University” and its Ethical Regimes. Higher Education Management and Policy, Volume 19, Nº 1, OECD.
[v] Davids, N. & Waghid, Y. 2021. Academic Activism in Higher Education: A Living Philosophy for Social Justice.
[vi] Waghid,Y .2019. Towards a Philosophy of Caring in Higher Education, Palgrave, Macmillan.
[vii] Shaffer, Timothy J. & Longo, Nicholas V. (eds.). 2019. Creating Space for Democracy. A Primer on Dialogue and Deliberation in Higher Education. Routledge.
[viii] Lackéus, M.2015. Entrepeneurship in Education. OECD.
[ix] Waghid, Y. & Davids, N. 2022.Is democracy still relevant in South African Higher Education? S. Afr. J. Higher Education, Volume 36, Nº 2.